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OPINIONEn realidad son tantas las reformas efectuadas y por efectuar, no sólo en el campo de la  administración de justicia sino en todos los órdenes que incluso comienzan a oírse con insistencia voces que recomiendan la promulgación de una nueva Constitución, con el objeto de evitar posibles contradicciones y obtener una ley  fundamental máxima, armónica y moderna, hábil para enmarcar apropiadamente las actividades del nuevo siglo.

En la presentación de su obra Constituciones de El Salvador, la UTE afirma:

“Nuestro pueblo, como ha dicho un autor en relación con la generalidad de los latinoamericanos, nunca tuvo en  el pasado el tiempo suficiente para consolidar la Constitución que le proponían las normas. En 172 años de vida independiente (nota: ahora  195) hemos contado con tres Constituciones federales, una como Estado miembro de la primera Federación, 12 como Estado unitario, al menos tres con reformas sustanciales, y varias Constituciones frustradas.”

“La duración media de las Constituciones nacionales ha sido de aproximadamente once años; sólo la llamada Constitución venerable de 1886 rigió por más de 50 años. Empero si los datos se manejan con mayor rigor, se comprobará que los lapsos de vigencia fueron menores, dado que en la generalidad de casos hubo sucesos que constituyeron verdaderas rupturas de la continuidad constitucional. Así ocurrió, por ejemplo, con reformas a la Ley Suprema de 1841 por el Órgano Legislativo ordinario, sin apego al procedimiento constitucionalmente establecido,  en 1843, 1846, 1847, 1849, 1852, 1853 y 1859. Otra forma de eludir el procedimiento de reforma fue el plebiscito,  mediante el sistema de convocatorias por medio de Actas a cabildos abiertos, que siempre se pronunciaban en el sentido de que era urgente convocar a una Asamblea Constituyente con el fin de reformar la Constitución vigente o de dictar una nueva, como sucedió por ejemplo en 1863 para decretar la Carta Magna de 1864, y en 1871. Usualmente el motivo era prolongar el período presidencial, o permitir que detentadores de facto del poder no se viesen afectados por la prohibición del continuismo y de la reelección, o por motivaciones ilegítimas semejantes.”

Todo esto  nos hace recordar, ineludiblemente, la ilustrativa  clasificación “ontológica” que Karl Lowenstein nos ofrece después de confrontar la doctrina política con la realidad sociopolítica. Según ese criterio, las Constituciones pueden ser diferenciadas según su carácter: normativo, nominal o semántico. En las normativas los hechos son efectivamente regulados por las normas. En las nominales, el proceso social no se adapta enteramente a los preceptos constitucionales en virtud de la “metamorfosis imperceptible que sufre toda norma establecida por efecto del ambiente político y de las costumbres”. Finalmente las semánticas no son sino la “formalización de la existente situación del poder político en beneficio exclusivo de los  detentadores del poder fáctico que disponen del aparato coactivo del Estado”.

A sabiendas que toda clasificación es arbitraria, bien podemos, por nuestra parte, hacer algunas agrupaciones referidas al devenir constitucional de El Salvador, de modo que bien pudiéramos hablar de legítimas y arbitrarias; soberanas y personales; autocráticas y populares; importantes  e irrelevantes. Considerando los  aspectos técnicos-constitucionales, podríamos hablar de Constituciones más o menos solventes. Si reparamos en la ideología podríamos  hablar de Constituciones conservadoras, liberales y social demócratas. Y desde un punto de vista filosófico hablar de Constituciones  jusnaturalistas y positivistas.

Al margen de las clasificaciones, cabe  destacar como las Constituciones más importantes, por razones históricas las de los años 1824, 1841, 1886, 1950 y 1983; y como prototipos de solvencia técnica, contenido ideológico y respaldo social, las de 1886 y 1950, que se sitúan como los dos ejes del derecho constitucional salvadoreño.

En los inicios del siglo XXI es de esperar que el avance de las ideas democráticas, la cristalización de largos años de experiencia y la voluntad concertada de gobernantes y gobernados, produzcan un tipo ejemplar de Constitución, al mismo tiempo legítima, normativa, popular y técnicamente solvente, que responda claramente, aun en un mundo globalizado, a las exigencias del porvenir.

RECORDATORIO: Asamblea-desayuno sábado 9 de julio, CDI, de 8:00 a 11:30 a.m. Conferencia “Recuperación territorial para el Desarrollo Sostenible” y panel “Desafíos de la Sala de lo Constitucional”.

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