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La Asamblea Legislativa aprobó el día 23 de abril de 2015, el denominado “Acuerdo de Reforma Constitucional No. 3”, con relación a los artículos 124 y 202 Cn., para  ampliar los períodos de gestión de los diputados  a la Asamblea y de los Consejos Municipales, actualmente de tres años. Decretó que “Los diputados y las diputadas (SIC) durarán en sus funciones cinco años”, respecto al primer artículo; y en cuanto al segundo, que los miembros de los Concejos Municipales “ocuparán el cargo por el período de cinco años…”, y agregó, “que el período de los diputados, diputadas (SIC) y miembros de Concejos Municipales electos para tomar posesión de sus cargos el día 1 de mayo del año 2018, concluirá el día 30 de abril del año 2022”.

Observamos que la Asamblea incumplió su deber de transparencia; y asimismo el innecesario e incorrecto uso de la palabra “diputadas”, incongruente en el  contexto de la Carta Magna.

Se ha iniciado sin debate formal el procedimiento de reforma constitucional, establecido en el Art. 248 Cn., que podrá proseguir la legislatura que tomará posesión el 1 de mayo próximo, que tendría que ratificar dicho decreto para su entrada en vigor, si no se declara inconstitucional esta primera fase.

La ampliación del  período de esos cargos está siendo criticada por motivos de forma y fondo.  Respecto a la forma, se alega el secretismo y la falta de debate en el seno de la Asamblea Legislativa y además  la omisión de consultas públicas, y también se aduce que no fue propuesta como proyecto político en las campañas electorales recién transcurridas. Hemos sido informados de la presentación de una demanda de inconstitucionalidad por el colega Enrique Anaya Barraza, quien se  enfoca en la violación de requisitos de procedimiento.

Para justificar el cambio de fondo, la Asamblea estima: a) que el período de tres años es insuficiente para realizar los planes y programas de los diputados; b) que la norma de tres años produce que el país se mantenga en elecciones de manera constante; y c)  que  ello incrementa los gastos del Estado.

En el cuarto considerando se expresa que es impostergable ampliar el período de los diputados y diputadas (SIC) y de los Concejos Municipales  que iniciará el 1 de mayo de 2018, con lo que  se logrará una reducción en los gastos que el Estado destina al rubro de organización de elecciones y pago de deuda política.

Respecto a  los errores de fondo, organizaciones de la sociedad civil han expuesto, principalmente, las críticas siguientes: 1) Se afecta negativamente el sistema de elecciones libres y periódicas propio de la  democracia representativa, al postergar el mecanismo por excelencia de la democracia; 2) Se afecta negativamente el  principal medio de control de la ciudadanía, el voto, que el pueblo utiliza para  repudiar actuaciones arbitrarias y casos de corrupción; 3) Se afecta negativamente la legitimidad democrática de la representación por medio de diputados, cuando se fija la membresía en la Asamblea Legislativa a un término mayor y se  crea un precedente peligroso; 4) Se afecta negativamente el sentido de los Acuerdos de Paz, que dio sustento al sistema de periodicidad actual, proceso que la Constitución articula de manera sistemática y cronológica, en especial respecto a los funcionarios nombrados por la Asamblea en elecciones de segundo grado, como es el caso de los magistrados de la CSJ. La Sala de lo Constitucional ha rechazado que una misma legislatura nombre en dos  ocasiones a tales funcionarios, que sería necesariamente el caso, lo que pone en riesgo la idoneidad, la independencia judicial y la legalidad;  5) El argumento de  reducir el gasto se vuelve endeble al observar los derroches presupuestarios de la Asamblea y la carrera frenética de endeudamiento del país, y por el contrario es patente que los procesos electorales  activan la economía y son fuente de trabajo; 6) El argumento de la campaña permanente se desdibuja cuando se recuerda que la Constitución fija plazos cortos para la propaganda, los que no se acatan ni cumplen, ni se sanciona las campañas anticipadas; ocurre que no funciona bien el organismo encargado de aplicar la justicia electoral en tanto Tribunal y que es limitada su capacidad  de control para administrar el evento en cuanto a las restricciones y prohibiciones, dualidad de atribuciones que deberían separarse institucionalmente, lo que se ha planteado reiteradamente así como los problemas derivados del esquema  de la conformación por partidos del TSE.

En conclusión, una decisión de reforma constitucional de tanta relevancia, además de cuidar la sintaxis y evitar  incorrecciones en el texto, debería partir de una cuidadosa  definición de sus  objetivos y de una consulta  a la sociedad civil, que con razón palpable,  expresa serias  dudas sobre la bondad del decreto de ampliación, actualmente en jaque por su aprobación festinada.

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