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Editorial & Opinion

Reforma del pueblo para los diputados

Jaime Ramírez Ortega / Consultor legal y de negocios

sábado 29, julio 2017 - 12:00 am

Tal como lo planteábamos la semana recién pasada, nuestro país ha caído en descreído internacional producto de los innumerables intercambios de intereses que hacen los partidos políticos en el seno de la Asamblea Legislativa y por el flujo de decisiones que se toman en el Órgano Ejecutivo que buscan la gobernabilidad a través de trueques y compras de voluntades por medio de sobresueldos que lo sustraen de la partida secreta, y que proviene de los bolsillos de los contribuyentes.

Una vez más deseo aclarar que las negociaciones que se puedan dar en el marco de la ley y que favorezcan a todo el pueblo, es bueno y correcto hacerlo, pero el asunto de los trueques e intercambios de voluntades entre fuerzas políticas van más allá de lo legal y se introducen a un campo que en política se conoce como  “acuerdos bajo la mesa”, de ahí surgen los pactos oscuros de reparto de puestos públicos, aprobación de préstamos, gestión de leyes que favorezcan a un determinado sector económico.

Así mismo, crean leyes confeccionadas a sus intereses partidarios, es decir, que buscan la manera legal de blindar el creciente patrimonial que tienen algunos políticos y que no pueden justificar por la vía legal, porque evidentemente ese patrimonio no tiene origen licito, y esto es así porque algunos de los políticos que hoy nos gobiernan se han enriquecido, pero el salario que reciben no es suficiente para demostrar los lujos y la clase de vida que han forjado, cuando todos saben que la gran mayoría de estos políticos no provienen de una clase empresarial ni de emprendedores para decir que su patrimonio es producto de una herencia.

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Pero sí se sabe que algunos diputados y funcionarios, no tenían ni casa propia cuando llegaron al poder, pero paradójicamente después de un par de periodos, no solo se cambiaron de lugar de residencia que era en Mejicanos o Soyapango, sino que ahora viven en lugares exclusivos, rodeados de vehículos de lujos, joyería, arte, indumentaria y zapatería propia de la realeza, lo cual no es malo si el dinero se ha ganado de forma legítimamente sin pasarle a nadie encima, ni producto de pagos oscuros para votar por un determinado decreto.

En consecuencia, el salario que percibe un diputado o un funcionario, no es suficiente para adquirir un Rolex de $30,000. Muchos menos comprar una vivienda de medio millón de dólares. Aunque he de aclarar que hay algunos diputados que, sí pueden darse ese estilo de vida, porque antes de llegar al poder, tenían un patrimonio ya sea por herencia o porque siempre han sido profesionales exitosos.


Ante este escenario, se puede palpar la urgencia que tenían todas las fuerzas políticas, incluyendo al partido ARENA, que se ausentó, pero no votó en contra de la reforma de la Ley de Extinción de Dominio, ya que los cambios propuestos suponen mayor impunidad al enriquecimiento ilícito, porque deja en libertad los bienes del inculpado y que por el transcurso del tiempo prescriba tal acción, que en este caso de 10 años,  por lo tanto la  brecha de corrupción ahora será aún mayor, como en los tiempos de ARENA.

Ante ello, se esperaba que el presidente de El Salvador vetara las reformas, como una muestra que está del lado del combate a la corrupción y no a favor de los que las promueven; ahora bien, si la ley de Extinción de Dominio, así como estaba redactada, poseía o posee algún tinte de inconstitucionalidad, lo ideal era que la Asamblea Legislativa, previo a la reforma, mandara a oír a la Sala de lo Constitucional, para que en el marco legal diera su opinión, con el fin de reformar únicamente aquellos apartados de la ley que señalaran los magistrados.

Pero como era de esperar, todo responde a “una negociación bajo la mesa”, donde uno le dice al otro, me das estos votos para tomar el dinero de los pensionados y te doy los votos para que reelijas a tus magistrados de la Corte de Cuentas y de paso nos blindamos para que no nos extingan nuestros bienes. Ya que 37 de los diputados que votaron por la reforma están siendo investigados por enriquecimiento ilícito y uno de ellos tiene que explicar cómo llegaron a sus bolsillos tres millones de dólares.




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