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Editorial & Opinion

Reforma del pueblo para los diputados

Jaime Ramírez Ortega / Consultor legal y de negocios

Sábado 11, Marzo 2017 - 12:00 am

Desde hace unos años, gran parte del pueblo español está promoviendo por WhatsApp y las redes sociales, una Reforma de Ley del Congreso y del Senado (enmienda a la Constitución), como una iniciativa legislativa popular, a fin de recortar la gran cantidad de beneficios que reciben en la actualidad los diputados, quienes llevan una vida opulenta y alejados de la realidad y del pueblo al que se deben. No obstante, no se ha tenido éxito en su aprobación, como tampoco ha sido impulsada por ningún partido político español.

En El Salvador se vive una realidad legislativa similar a la de España, con la diferencia que la madre patria posee una vasta extensión de tierra y una estratégica posición geográfica, haciéndola producir en tres grandes sectores: El primario que comprende agricultura, ganadería y pesca; el secundario, con minería, fuentes de energía e industria; y el terciario, conformado por el comercio, el transporte y el turismo; es decir, que en cada uno de éstos España es altamente competitiva como nación.

De esta manera, se puede dar el lujo que los diputados tengan una vida opulenta, aunque no es lo correcto, sobre todo porque va en detrimento de las clases sociales menos favorecidas. Pero, a decir verdad, El Salvador, no es competitivo en la agricultura, ya que dejó de ser mono-culturista al no producir el alimento de sus habitantes. En la minería estamos rezagados, tanto así que el jerarca católico está promoviendo marchas en contra de ella. Y el comercio y la industria, están sobreviviendo, todo ello por la falta de incentivos y la poca generación de confianza del Gobierno.

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En consecuencia, El Salvador carece de recursos suficientes como para estar pagando altos salarios a funcionarios públicos, ya que algunos de ellos no tienen credenciales académicas ni son competitivos, dado que no rinden cuentas por medio de una bitácora de trabajo, indicadores o un plan operativo anual que permita auditar el crecimiento de la unidad, la innovación y la mejora continua, como un mecanismo de beneficio que  pueda ser trasladado a la ciudadanía que solicita servicios del Estado.

En ese sentido, propongo utópicamente la siguiente reforma para la Asamblea Legislativa:

  1. Que el número de diputados se reduzca a 50, tal como lo ha propuesto Democracia Limpia, con base a la cantidad de 115,000 habitantes por cada legislador.
  2. Para ser diputado, se deba tener formación académica universitaria sólida, que le permita dar aportes concretos a la patria.
  3. Que no tenga antecedentes penales y no haya sido condenado por delitos sexuales o administración fraudulenta.
  4. Que no posea ninguna denuncia en las instituciones que administran justicia en El Salvador.
  5. El diputado dejará de votar por su propio aumento de salario.
  6. El diputado no tendrá seguro médico hospitalario y participará del mismo sistema de salud que los demás salvadoreños.
  7. El diputado no tendrá inmunidad, por lo que deberá cumplir las mismas leyes que el resto de salvadoreños.
  8. Ser diputado será un trabajo arduo, como el de la mayoría de salvadoreños, no una carrera; por lo que no se permitirán más de dos periodos, y luego deberá reincorporarse a la vida laboral conforme a sus capacidades.
  9. Se eliminarán los viáticos y emolumentos adicionales al salario que perciben los diputados y que no son declarados al fisco.
  10. El diputado no tendrá camioneta oficial, ni gasolina. Si quiere una camioneta que la compre con su salario, si le alcanza; tampoco tendrá más de dos asistentes y no 35 como ahora tienen algunos de ellos.

Si nos unimos como ciudadanía y dejamos atrás la polarización que han transmitido de generación en generación los partidos políticos, que por cierto han nublado el buen juicio de muchos salvadoreños, creo que podremos –como bloque ciudadano– exigir una mayor transparencia y una rendición de cuentas genuina, dado que cada funcionario público es empleado del pueblo y, por lo tanto, se debe al pueblo de forma absoluta.  Y no son absolutos en sus decisiones como se han venido manejando.




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