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Editorial & Opinion

Reformas a la Corte de Cuentas

Armando Rivera Bolaños / Abogado y Notario

sábado 23, junio 2018 - 12:00 am

El título de la presente columna formó parte de una campaña  impulsada hace muchos años, con el objetivo de modificar y modernizar el funcionamiento de la Corte de Cuentas de la República (CCR), cuyas atribuciones datan desde hace bastante tiempo y que constan textualmente en el Art. 195 de la Constitución de la República, pese a las transformaciones en las técnicas de auditoría, sistemas de contabilidad y el uso de mecanismos cibernéticos que en nada se parecen a los métodos utilizados cuando se aprobaron esas facultades.

Incluso, se comenta que titulares y jefes de la CCR con frecuencia viajan a otros países para “atender capacitaciones técnicas”, mismas que nunca se han visto implementadas en el accionar funcional de la mencionada institución que ahora, más que nunca, debe ser objeto de atención e interés del órgano legislativo y del ministerio público, dado el inoperante rol que  la misma parece ha tenido con respecto a muchos y escandalosos casos de corrupción, en los cuales han sido imputados varios exfuncionarios que, durante su gestión administrativa, lograron sustraer ilícitamente importantes y cuantiosas cantidades de dinero, todas pertenecientes a la hacienda pública de nuestro país.

En efecto, está demostrado que la CCR en los casos de corrupción de los expresidentes Elías Antonio Saca y Carlos Mauricio Funes, para mencionar solo dos juicios, no cumplió a cabalidad lo ordenado en las atribuciones primera y segunda de sus funciones constitucionales, como son la de “vigilar la recaudación, la custodia, el compromiso y la erogación de los fondos públicos” que tiene relación con la de “aprobar toda salida de fondos del Tesoro Público, de acuerdo con el Presupuesto”.

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Esta omisión o negligencia no es ninguna nueva en la historia de la CCR y por eso, nuestro llamado de atención que hoy renovamos, con la misma fuerza y convicción, como lo hicimos ayer. Tener una CCR inoperante, negligente o inepta, es similar a que alguien contrate vigilantes privados para ubicarlos en la entrada de su hogar para cuidarlo, pero que al nomás el dueño cierra las puertas, ellos se duermen tranquilamente, sin cuidar obligatoriamente de los bienes encomendados… ¡los cuales son después saqueados impunemente por ágiles ladrones nocturnos! La Corte de Cuentas de la República, señala nuestra Carta Magna, es el ente autónomo del Estado encargado “de la fiscalización de la Hacienda Pública en general y de la ejecución del Presupuesto en particular”, así en forma escueta le indica una responsabilidad, tanto de gran magnitud e importancia legal, como de interés público.

Precisamente, para evitar que un mandatario, o un ministro del gabinete, u otro funcionario, pueda ordenar transferencias de dineros estatales sin la debida fiscalización, o efectuarlas fuera del ordenamiento administrativo, la Constitución expresa tajantemente que la CCR “es un organismo independiente del Órgano Ejecutivo”. O sea, que a pesar de ciertas deficiencias técnicas u otras formas que retrasen el cumplimiento exacto y oportuno de sus funciones, la CCR debe mantener como emblema supremo de su quehacer institucional el no doblegarse u obedecer a cualesquier órdenes superiores del Ejecutivo, cuando contravengan la institucionalidad, por ser ella la garante única y principal del tesoro público de la Nación.


Por esta misma razón, los fallos en los conocidos “juicios de cuentas”, tienen la misma categoría legal e idéntica fuerza jurídica para darles estricto cumplimiento, como los pronunciados en los fallos de otros tribunales de la República. Para evitar, al máximo, que la CCR pudiera ser “permeabilizada” por gobernantes corruptos, como los dos mencionados en líneas anteriores, desde antes habíamos solicitado a la Asamblea Legislativa que reformara la Constitución en todo lo referente a la CCR que no se adecuara a los tiempos modernos; segundo, que en lugar de una Corte de Cuentas, se modificara su denominación y funcionamiento institucional como Contraloría General de la Nación que podría facilitar auditorías externas para mejorar su funcionamiento o descubrir fallas, y tercero, que a los candidatos a ser Contralores, se les exigieran mayores requisitos a los que actualmente se consignan en el Art. 198 de la Constitución. La ola de corruptela hoy develada nos motiva, de nuevo, a plantear este aspecto vital para la fiscalización y manejo de la Hacienda Pública.




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