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Editorial & Opinion

Reformas protectoras

Jaime Ulises Marinero / Periodista

martes 25, julio 2017 - 12:00 am

Los delitos de corrupción no deberían de prescribir nunca. Los bienes mal logrados por los corruptos deben recuperarse y regresar siempre al Estado. La ley debe perseguir al corrupto sea quien sea. Un corrupto jamás debe ejercer un cargo de elección popular o ser elegido para ser funcionario. La corrupción es un mal que no tiene ni color político ni ideología. Corrupto es el mal ciudadano independientemente de su convicción ideológica o partidaria. No hay diferencia entre un corrupto y un criminal. Nadie, absolutamente nadie, debe estar sobre la ley. La corrupción es un cáncer enquistado en la sociedad que frena el desarrollo.

Las anteriores solo son algunas frases que escuché el viernes pasado, entre los asistentes, durante el foro-debate “Mitos y Realidades de la Ley de Extinción de Dominio” organizada por el Foro de Jueces Democráticos e Independiente de El Salvador y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

El Foro, al que asistieron cerca de 400 personas, entre jueces, magistrados, fiscales, procuradores, abogados, estudiantes de derecho, periodistas y representantes de diversas instituciones, sentó una posición con la cual particularmente estoy de acuerdo: La Ley de Extinción del Dominio es una  herramienta necesaria, autónoma y eficiente para combatir la corrupción.

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Sin embargo no todos piensan así, especialmente la clase política, que finalmente es la que ejerce el poder formal. El martes de la semana pasada los diputados aprobaron una serie de reformas que le quitan “dientes” a la Ley de Extinción del Dominio lo que para muchos representa un grave retroceso en el combate a la corrupción  y la impunidad.

Una de las reformas, a mi juicio la más triste por sus consecuencias, es que el periodo de extinción del dominio de bienes mal habidos u obtenidos de manera fraudulenta prescribe a los diez años cuando se trata de corruptos, pero cuando se trata de narcos, crimen organizado, pandillas y otros, entonces prescribe a los 30 años. Es decir que si un funcionario roba millones de dólares y es procesado, con abogados conocedores de todos los recovecos o subterfugios de la ley, puede dilatar los procesos, de tal manera que pasan diez años y al final se queda con todo lo logrado por vías corruptivas.


Las reformas también contemplan que para iniciar un proceso de extinción de dominio hay que esperar que haya una condena penal o civil definitiva. Es decir, que si alguien logra sortear positivamente un juicio penal o civil y es declarado inocente o no responsable, ya nadie puede perseguir los bienes e inmuebles adquiridos, aunque éstos hayan sido obtenidos de manera ilegal. El Estado perdería valioso tiempo en tratar de recuperar bienes e inmuebles en posesión de los corruptos y ese mismo tiempo desperdiciado serviría a los corruptos para esconder o desviar evidencias.

Desde luego la Ley de Extinción del Dominio no es absoluta ni inquisidora. Con dicha ley no se deben cometer abusos. Todos tenemos derecho a ser considerados inocentes hasta que no se nos venza en juicio, por eso es que dicha ley contempla por mandato universal y constitucional el derecho a la defensa. Todo señalado por actos de corrupción tiene derecho a demostrar lo contrario, incluso a demandar al Estado mismo por los daños ocasionados en su honor. Sin embargo, con todo y eso, las reformas son garantistas y protectores del presunto corrupto.

Ya la embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Jean Manes ha dicho que las reformas son un retroceso en la lucha contra la corrupción y la impunidad. También, el fiscal general de la república, Douglas Meléndez, señaló que si antes hubo una tregua con las pandillas, con las reformas ahora se está impulsando una tregua con los corruptos.

Lástimosamente el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, ya sancionó las reformas, sin escuchar a todos los sectores y sin tomarse el tiempo necesario para analizar a profundidad el contenido y sus consecuencias, las que estimulan la impunidad de los malos funcionarios. A los salvadoreños no nos queda más que esperar un recurso de inconstitucionalidad de unas reformas que parecen incorrectas.




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