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Editorial & Opinion

Regulaciones con transparencia

Jaime Mauricio Campos Pérez / Director ejecutivo del OMR. Twitter: @jaimecamppos

Miércoles 28, Junio 2017 - 12:00 am

El programa de Fomilenio II, financiado con la cooperación del gobierno de Estados Unidos de América, a través de la Corporación del Reto del Milenio y del gobierno de El Salvador, tiene como objetivo mejorar el clima de inversiones para lograr el crecimiento económico y reducir la pobreza en el país.

En el marco del proyecto de “clima de inversiones”, mediante decreto ejecutivo N° 90, en noviembre de 2015, se creó el Organismo de Mejora Regulatoria (OMR) como la entidad encargada de diseñar y desarrollar un sistema de mejora regulatoria, y ejecutar una estrategia de trabajo, en coordinación con las instituciones gubernamentales involucradas.

Esta política pública de mejora regulatoria es parte del plan de modernización del estado, que promueve la eficacia y eficiencia de la administración pública, junto con otras reformas de contenido transversal.

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Un estado verdaderamente moderno es aquel que coloca en el centro de su actividad al ser humano, al ciudadano –en el sentido más amplio de la palabra–; es decir, aquel cuya visión “ciudadano-céntrica” inserte un cambio cultural en la administración pública puesta al servicio de la población.

En ese contexto, la mejora regulatoria está orientada a propiciar el óptimo funcionamiento de las actividades económicas y de la sociedad en su conjunto, mediante la formulación de normas claras, de trámites y servicios simplificados, así como de instituciones eficaces encargadas de su creación y aplicación, que permita a los usuarios obtener el mayor beneficio de los recursos disponibles al menor costo posible.


El OMR tiene entre sus objetivos específicos revisar las regulaciones que existen en el país; es decir, las leyes, reglamentos y disposiciones gubernamentales en general, así como formular propuestas de reformas a las mismas o la creación de nuevas normativas, que permitan mejorar el clima de inversión, estimular la competitividad y brindar facilidades para hacer negocios (doing business); lo mismo que generar recomendaciones para el mejor cumplimiento de tales regulaciones, a través de trámites y procedimientos sencillos y eficientes que minimicen los costos.

Preguntémonos, ¿cuántas visitas a instituciones públicas y dinero implica cada vez que necesitamos hacer algún trámite o solicitar un permiso hasta que finalmente lo obtenemos? La mejora regulatoria pretende, precisamente, a través de la aplicación de ciertas herramientas, ser un tamiz purificador o especie de filtro mediante el cual se evalúen las regulaciones y se reconozcan aquellas que cumplan con los requisitos de legalidad, necesidad y simplicidad.

Desde luego, esta actividad no puede hacerse sin la consulta y participación ciudadana, de la academia, de los “tanques de pensamiento”, del sector empresarial y de la sociedad civil en general; de ahí que otro de los objetivos del sistema de mejora regulatoria es proponer mecanismos de diálogo público-privado, que permitan recabar insumos por parte de los usuarios respecto del impacto de las regulaciones en sus actividades económicas.

En definitiva, no hay mejora regulatoria sin transparencia; la formulación de normas claras y abiertas al escrutinio público es esencial para generar confianza ciudadana y seguridad jurídica, y una excelente oportunidad para mejorar el clima de inversión que, como lo señaló recientemente la embajadora de Estados Unidos, junto con la lucha contra la corrupción, son los dos puntos en los que debe mejorar el país.




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