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Luego de la goma moral producida por los llamados “Panama Papers”, y transcurrido el tiempo suficiente para que los aludidos (hay que reconocer que  España sí inició una investigación judicial sobre las personas y compañías hispanas allí nombradas) originarios de diferentes países de nuestra región y fuera de ella, se hayan mimetizado en lo anecdótico, es tiempo para que Panamá aproveche el momento para poner las cosas en su lugar. Así lo exige la firme tendencia a la transparencia de los actos públicos como valor inherente a la democracia, sin cuya presencia o menguada ella, el sistema va perdiendo la confianza del electorado que culmina en el nihilismo político, lo cual conduce a la búsqueda de atajos engañosos y peligrosos como sucedió en Venezuela, y está sucediendo en España con la aparición de ese voto castigo llamado Podemos.

Está claro que en la mayoría de los titulares y opiniones sobre el destape de los “Papeles de Panamá” hubo ligereza, unas veces intencional otras no; intencional, cuando de una manera muy bien estructurada se intentó desviar y focalizar la noticia en un país, para resguardar el propio, porque el escándalo, la evidencia de la doble moral en estos temas, les toque directamente como estado, institución financiera o individualidad. Si se observa, muy poco se profundizó en el origen del aparente delito, el cual se sitúa en un bufete de abogados panameños especializado en la constitución de empresas offshore ubicadas en alguno de los numerosos ”paraísos fiscales” existentes, tanto en Europa como en el Caribe y tierra firme, de los cuales, por cierto, la República de Panamá no es uno de ellos.

Una empresa offshore no necesariamente se constituye para cometer el delito de: a) evadir impuestos, b) lavar dinero c) financiar actividades delictivas como el terrorismo, trata de personas, armas, drogas, campañas políticas, y otras tantas que prefieren actuar en la oscuridad. El problema está en el anonimato del propietario del dinero y del origen y destino del mismo. Si es para evadir impuesto, no solo es delito, sino que moralmente condenable, porque una empresa prospera bajo el amparo de una sociedad que le brinda las condiciones para hacerlo, y se le escamotea por codicia lo que debe ser retornado; las otras manifestaciones maliciosas francamente deben ser perseguidas, castigadas, y el dinero confiscado.

Hemos visto situaciones, en las cuales la doble moral ha sido evidente. Alba Petróleo es un ejemplo concreto. No se sabe por cuales circunstancias consideró necesario registrar empresas offshore a través del bufete panameño Mossack-Fonseca. No debería ser por evadir impuestos porque es una empresa pública aunque registrada como privada, de dos gobiernos que condenan esta práctica, a lo menos en sus discursos. Alguna explicación se merece el electorado. Otro ejemplo es el del cineasta español Pedro Almodóvar, quién avergonzado por la doble moral, suspendió el estreno de uno de sus filmes y ha evadido aparecer en público.

Pero igualmente sociedades offshore son constituidas por razones de seguridad o prevención. Seguridad, ante la delincuencia organizada, o  las consecuencias de malas y reiteradas decisiones de un gobierno que compromete el patrimonio familiar o empresarial; tal como sucede en Venezuela, por ejemplo. Allí casi es un imperativo moral preservar el capital ahorrado ante los desmanes de un gobierno forajido ideológicamente deformado y malvado.

Ahora, Panamá como estado, tiene la obligación de velar para que no se utilicen los vacíos legales en provecho propio, con la comisión de delitos continuados, nacionales o internacionales. La actividad desplegada por el bufete Mossack-Fonseca debe ser precisada en beneficio del todo nacional, del buen nombre del país y del gentilicio panameño que, con tanto esfuerzo ha venido labrándose el respeto de las naciones con su vocación de prosperidad y equilibrio social, acorde con su realidad de centro bancario, financiero y de servicios internacionales. Si se cometió un acto delictivo, hay que penalizarlo; si no lo hubo, hay que reorganizar el sistema jurídico para evitar ser puente en la comisión de delitos internacionales, como los reseñados.

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