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OPINIONEn los países iberoamericanos, en el último cuarto del siglo pasado y en los años del presente, se han producido cambios como consecuencia de los procesos de democratización. Cada sociedad ha impulsado estos procesos conforme a sus propias demandas y recursos incluyendo, en algunos casos, el recurso de la guerra o de manifestaciones violentas y la cooperación internacional.

Cada país tiene en esto su propia historia y su propio drama. Nada de lo que reconocen los sistemas constitucionales ha sido otorgado o dado gratuitamente. Lo que ahora abordamos académicamente ha sido escrito en la lucha diaria de los pueblos con enormes cuotas de sangre, de lágrimas y de vidas humanas; el mejor homenaje que podemos hacer a sus protagonistas es ofrecer nuestro aporte jurídico, para su perfeccionamiento y realizaciones.

Sería un grave error creer que la tarea está completa o que no está en peligro. Grandes segmentos de la población no tienen acceso a la jurisdicción y los derechos sociales son programas tibios o demagógicos de los gobiernos. Sólo las acciones reivindicativas de las masas laborales pueden rescatar algunas prestaciones sociales y económicas. Los gremios siguen utilizando métodos poco adecuados para reclamar sus derechos, inclusive formas en las que resulta perjudicada la sociedad misma. En cuanto a los derechos individuales y políticos, persisten resistencias de las autoridades y de los grupos de poder y se conservan remanentes de los modelos autocráticos.

Ante esto la justicia constitucional carece de proyectos firmes, coherentes, consecuentes y comprometidos; si bien nuestra controvertida Sala de lo Constitucional, especialmente a partir de 2009, ha pronunciado sentencias que han cambiado el modo de entender la función de un tribunal. Se han modificado las formas de practicar los derechos políticos, las  relaciones entre los poderes del Estado y la apertura de la jurisdicción a los ciudadanos, como también es notable el surgimiento de grupos de presión organizados en la sociedad civil que sostienen demandas constitucionales.

Se observa que el equilibrio, prudencia e imparcialidad de la Sala se ven comprometidos, no por las sentencias como tales, ni su independencia formal o material, sino por la  excesiva politización o polarización nacional, que se traduce en críticas por intervenir en asuntos que corresponden a otras instancias. Por la relevancia y el impacto político de sus extensos fallos, la Sala ha encontrado resistencia obcecada y generado enemigos. Se ha recurrido a campañas en contra de los cuatro magistrados, que no se inmutan enfrascados en la retadora interpretación expansiva o armonizadora, y en la aplicación directa de la Constitución, aduciendo corrientes novedosas del derecho constitucional o internacional.

Se  ha acusado a la Sala de arbitrariedades procesales o excesos en resoluciones controversiales, como cuando se produjo una virtual mutación en el artículo 85 Cn. por vía de interpretación, en el cambio de precedentes y criterios en materia presupuestaria, en la suspensión de los efectos de la ley del Fonat y, recientemente, en la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía de 1993 al privilegiar normas internacionales frente a la normativa vigente del país, ya que se hace prevalecer el derecho internacional de los derechos humanos por encima de la propia Constitución afectándose así los convenios político-sociales logrados en los Acuerdos de Paz. Considero discutible el admitir a trámite la demanda contra una posible reforma constitucional interrumpiendo el proceso constituyente contenido en el artículo 248 Cn. de competencia propia del poder legislativo.

No obstante, esto es típico de los conflictos interórganos, que en los gobiernos democráticos son explicables. Las divergencias no se superan con maniobras, amenazas o descalificaciones, sino mostrando que  hay otras formas de  entender el Derecho Constitucional, de presentar argumentos, también constitucionales, que  los otros poderes deben manejar antes de recurrir a procedimientos absurdos (Corte  Centroamericana y Sala de lo Contencioso Administrativo, toma de calles, acusaciones de favorecer a sectores de poder o de responder a influencias extranjeras, etc.) o la proclamación teatral, los grupos de choque y actitudes que  no contribuyen al proceso democrático. La Sala, por su parte, tendrá que mostrar mejor disposición, a actuar conforme el principio de colaboración entre los poderes del Estado, en el ejercicio de las funciones públicas (art. 86 Cn.).

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