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Editorial & Opinion

¿Retroceso o fidelidad a la constitución?

Dr. Rubén Zamora / Abogado, político y exdiplomático

jueves 17, mayo 2018 - 12:00 am

En su edición de este lunes, aparece una entrevista al magistrado saliente, Dr. Rodolfo González en la que a la pregunta del periodista “¿La reserva a los casos de probidad no fue un retraso (sic) que habían tenido?” El magistrado saliente contestó: “…Pero sí es un retroceso porque sentencias que habíamos firmado todos, incluso los ocho firmantes del acuerdo, habíamos interpretado el 240 en forma muy restringida: información reservada es la que se refiere a la identificación personal; pero lo que se refiere a su patrimonio, del funcionario, del cónyuge, hijos, es pública”. Semejante argumentación no ha dejado de sorprenderme; la respuesta del Sr. Magistrado me da la impresión que no ha leído el artículo 240 o si lo ha hecho, ya se le olvidó, pues el texto es cristalinamente claro y no hay espacio para la interpretación que está haciendo.

Se trata del inciso tercero del Artículo 240 de nuestra Constitución.

1º el inciso empieza por identificar lo que va a tratar: la obligación de los funcionarios de “declarar el estado de su patrimonio.” Es decir, el inciso se refiere no al nombre o teléfono o dirección del funcionario, sino a una cosa específica.

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2º El inciso continúa dándole a la Corte Suprema la facultad de “tomar las providencias que estime necesarias para comprobar la veracidad de la declaración”.

3º y a continuación dice: “la que mantendrá en reserva y únicamente servirá para los efectos previstos en este artículo”.


Creo que no tiene necesidad de explicación, pues el texto de la ley es absolutamente claro y por tanto, si la CSJ resolvió no entregarlo a la institución que se lo solicitaba, la CSJ cumplió con la Constitución.

Argumentar que el patrimonio de una persona no está cubierto por la reserva judicial es una perogrullada jurídica, pues los bienes de cualquier persona están en diversos registros a los que el público tiene libre acceso y esto lo sabe todo el mundo; pareciera que el Sr. Magistrado no se da cuenta que en este caso, está precisamente frente a una excepción de la regla general, y esto vuelve al inciso tercero del artículo tan relevante. El legislador constitucional, sabe que la declaración de probidad podría hacerse pública y por ello expresamente la coloca bajo reserva y argumentar que en nombre de la libertad de información hay que hacerlo, constituye una reforma espuria de la Constitución.

En el caso presente, no veo cómo se puede poner ojo ciego a lo que explícitamente dice el legislador constitucional ni se puede argumentar que es un retroceso de la CSJ, cuando lo único que hizo fue cumplir con la Constitución; otra cosa muy distinta es expresar opinión al respecto y si se considerara que debe permitirse el acceso del público a las declaraciones de probidad, lo que hay que hacer es pedir que la Asamblea Legislativa reforme la Constitución, suprimiendo la frase correspondiente que ordena la reserva, pero eso no es tarea de la CSJ, sino de ellos.

Creo también que el papel de los abogados, especialmente de los llamados constitucionalistas, es defender la Constitución y no crear argumentos para apoyar su reforma por cuenta propia o modificar su texto en base a nuestras creencias.




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