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El director ejecutivo de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), quien en el pasado fue abogado de varias demandas de derechos humanos interpuestas ante el sistema interamericano de derechos humanos, señala al partido de Gobierno de haber mantenido un discurso contra la amnistía general para debilitar a la derecha y alcanzar el poder. De esa forma se explica el cambio en la postura del partido de izquierda, ante la anulación de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz. Burgos cree que la dinámica de que la Sala de lo Constitucional de “corregir” las decisiones “inconstitucionales” de la Asamblea Legislativa empobrece la democracia, genera tensión innecesaria y prolonga decisiones de país.

Luego de siete años de tener a una Sala de lo Constitucional distinta, ¿cómo evalúa usted la gestión de esta Sala?

Evalúo positivamente el desempeño de la Sala de lo Constitucional, y las razones para hacerlo así son básicamente tres: la independencia judicial demostrada durante todos estos años de su gestión, la consolidación de procesos transparentes y equitativos de contratación de personal, que solo estuvo en duda durante la felizmente breve gestión del abogado Salomón Padilla, y la decidida voluntad de los magistrados que la componen de limitar el poder estatal y organizar la libertad de las personas, esto último es la razón de ser de las Salas o Tribunales Constitucionales, y nuestro tribunal ha demostrado saber hacerlo con creces, independientemente del sector de poder que se vea o se sienta afectado por ello. Nuestra Sala es el intérprete último de la Constitución, y como tal sus decisiones se orientan al bien común, no a la popularidad de los jueces que la componen.

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¿Cómo caracterizaría a la Sala?

Respondo a la pregunta caracterizando a la Sala como un Tribunal valiente e independiente, a la altura del reto histórico que sigue enfrentando, el cual consiste en construir un verdadero Estado Constitucional de Derecho.

¿Es importante para el país que se respete el fallo de la Sala de lo Constitucional por muy adverso o ilógico que parezca a los otros poderes del Estado?, ¿por qué?

Durante buena parte de la historia contemporánea de nuestro país, se consideró a las decisiones de la Sala de lo Constitucional como decisiones de carácter consultivo o ”recomendatorio”, cuando se trataba de decisiones que intentaran limitar o cuestionar al menos la “constitucionalidad” de las decisiones de Gobierno. Es decir, que los alcances de los fallos eran limitados por sus destinatarios, que eran el resto de órganos del Estado, y lo mismo ocurría con las mismas Salas de lo Constitucional de hace tiempo: consideraban que no podían juzgarse los actos políticos o abstractos distintos a una ley o que la Asamblea Legislativa poseía “libertad de configuración” para tomar sin control algunas decisiones, tales como suprimir plazas laborales en el Estado o ratificar tratados que no necesariamente se ajustaran a los parámetros de constitucionalidad que hoy conocemos y que se reconocen gracias a la actual Sala de lo Constitucional. Luego de este largo camino recorrido, la justicia constitucional logró imponerse. Como en cualquier país moderno y democrático, nuestra Sala aplicó directamente y desde sus primeras sentencias el artículo 172 de la Constitución que establece que le corresponde solo al Órgano Judicial la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado y, bueno, este tribunal al que nos referimos vigila el cumplimiento de sus sentencias y eso es lo que constituye la esencia de la Constitución: la capacidad de control del poder, de ahí que las sentencias son obligatorias y deben cumplirse.

¿Cómo evalúa el cumplimiento que hace la Asamblea Legislativa de los fallos de la Sala de lo Constitucional sobre la Corte de Cuentas?

Indudablemente tenemos un déficit de calidad en el trabajo legislativo… No me refiero solo a la incapacidad de debatir, crear acuerdos de interés nacional y transparentar la gestión legislativa, me refiero a la incapacidad manifiesta de la mayoría legislativa que suele imponerse en el pleno, y que suele aprobar con su voto decisiones manifiestamente inconstitucionales, las cuales debemos posteriormente los ciudadanos pedir a la Sala de lo Constitucional que las controle y corrija ante las omisiones y despropósitos que algunas contienen… Esto empobrece la democracia y prolonga innecesariamente los procesos de decisiones en el país, además que produce un tensionamiento innecesario entre los mismos órganos de poder público. En el caso de la composición de la Corte de Cuentas, la Asamblea Legislativa ha sido incapaz de cumplir las decisiones de la Sala, la cual ha ordenado que se realice un proceso de elección de magistrados de la Corte de Cuentas, que se atenga primero a los mismos requisitos básicos que la Constitución impone y luego que dicho proceso de elección sea transparente, participativo y que permite el nombramiento de personas idóneas cuya capacidad quede demostrada en el mismo proceso legislativo de elección y designación.

¿Cuáles son los escenarios posibles que ve para aplicar la sentencia que derogó la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz de 1993?

La Sala de lo Constitucional ha sido clara y contundente en su decisión de declarar la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, esta decisión aclaró y precisó algunos aspectos que ya habían sido objeto de control de constitucionalidad a pedido de otros ciudadanos desde 1998. Ahora se llegó al fondo de la cuestión y se imponen obligaciones concretas, entre otros al Órgano Legislativo, que deberá legislar sobre una nueva Ley de Reconciliación Nacional que respete las obligaciones nacionales e internacionales del Estado salvadoreño en materia de derechos humanos, y que garantice mediante mecanismos de justicia restaurativa el derecho a la verdad y reparación de todas las víctimas del conflicto.

roberto-burgos2¿Políticamente a quién afecta más la derogatoria? ¿A ARENA o al FMLN?

Pues le afecta a los mismos que siempre han negado la responsabilidad histórica, legal y política de lo ocurrido durante el conflicto, a los que decretaron perdón y olvido por decreto y no mediante la petición de perdón a las decenas de miles de víctimas de ambos bandos. Esta decisión afecta a quienes han construido su credibilidad electoral a partir de su compromiso con la impunidad. A la mayoría de víctimas, más ocupadas en resolver sus necesidades y dilemas del presente, puede que les importe poco esta decisión de la Sala, pero al fin de cuentas y como país, esta decisión en sí misma constituye desde mi perspectiva un elemento de reparación simbólica por todos los agravios cometidos en contra de la dignidad humana, cuyos titulares son personas de carne y hueso, que sufrieron y padecieron y no meras cifras en un expediente judicial.

¿Cuál es su análisis de que el FMLN haya cambiado su posición sobre la amnistía general aprobada en 1993? ¿Cree que en realidad el FMLN ha estado a favor de la amnistía siempre?

Me consta que el FMLN utilizó las demandas de la sociedad civil en materia de derechos humanos como una herramienta electoral que pudiera serle útil para desgastar políticamente a la derecha y alcanzar el poder. Durante toda la posguerra, diputados del FMLN acompañaron con sus discursos las conmemoraciones del Día de las Personas Desaparecidas, votaron por la creación de un Día de la Niñez Desaparecida y exigieron justicia en casos de ejecuciones sumarias y masacres. Ahora, con el poder gubernamental a su disposición, en lugar de llevar a la práctica el discurso anterior, han tenido un papel cómplice en el mantenimiento de la impunidad en el país, han militarizado como nunca la seguridad pública, y fuera de los protocolarios pedidos de perdón, acompañados de lágrimas y cámaras de televisión, han sido incapaces de tomar decisiones firmes en lo que al combate contra la impunidad se refiere y ya no digamos por actualizar el cumplimiento del Estado salvadoreño sobre todas las decisiones tomadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya ha señalado tareas nacionales y responsabilidades individuales en casos ocurridos durante todo el conflicto.

¿Ve voluntad de los partidos de firmar un acuerdo de nación?

No creo que sean efectivos acuerdos de nación para temas coyunturales y mucho menos si tales acuerdos no gozan de la participación de los ciudadanos… Desde mi perspectiva, bastaría con que las fuerzas políticas cumplieran a cabalidad sus atribuciones y dieran cuentas de las mismas, para que los salvadoreños pudiéramos tener mejores expectativas para el futuro.

¿El llamado que hizo el presidente al acuerdo de nación fue legítimo o es otro llamado más?

Una de las atribuciones del presidente de la República, según el artículo 168 ordinal 3° de la Constitucion, es mantener la armonía social, si para ello el actual Presidente y sus asesores consideran que, basta con hacer un llamado a otro acuerdo de nación, pues lo van a seguir haciendo. Sin embargo, hago notar que éstos son llamados eventuales, que luego son anulados por los mensajes encontrados de los propios funcionarios del ejecutivo, quienes atacan a la empresa privada, a organizaciones de la sociedad civil y a cualquiera que se atreva a criticar la gestion del ejecutivo. Es así como el llamado del presidente tiene un efecto limitado y contradictorio.

¿Cómo ve el avance de los casos por enriquecimiento ilícito?

Hasta la fecha, se tiene poca información sobre los avances del órgano judicial en esta investigación que abarca a los últimos tres expresidentes de la nación. Se supone que en agosto o septiembre habrá oportunidad para uno de ellos de presentar sus pruebas de descargo ante la Cámara competente y solo queda esperar que se garantice la justicia y la devolución de los montos o bienes que se compruebe que han sido fruto de enriquecimiento ilícito, presunción que ya ha sido declarada por el pleno de la Corte Suprema de Justicia.

Perfil


Roberto Burgos

Es actual director ejecutivo de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ).

Fue coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC) hasta enero de 2016. Es un abogado graduado en la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) con estudios en el Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa con sede en Washington D.C. sobre seguridad, defensa y antiterrrorismo.

Ha sido abogado del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) y estuvo a cargo de procesos llevados ante el sistema interamericano, y de casos sonados como el asesinato de Ramón Mauricio García Prieto y del crimen y violación de la menor Katya Natalia Miranda Jiménez. Asesoró en la Asamblea Legislativa al exdiputado y ahora ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez.

 

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