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Política

Roberto Rubio: “El Gobierno ha sido muy tolerante con la corrupción”

Gerson Chávez

viernes 30, junio 2017 - 10:04 am

El director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), Roberto Rubio-Fabián, critica la gestión del presidente Salvador Sánchez Cerén en materia de acceso a la información y el combate contra la corrupción. Dice que el Gobierno ha tenido una actitud de “defender los corruptos de su propia casa” en relación a la inmunidad diplomática al dirigente del FMLN, José Luis Merino, y al presidente de Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (Proesa), Sigfrido Reyes, al nombrarlos como viceministro de inversión extranjera y embajador en misión especial respectivamente.

Esta entrevista fue realizada antes de que se conociera que 14 congresistas pidieran al Departamento del Tesoro de Estados Unidos una investigación contra José Luis Merino y que el partido oficial decidiera llevarlo como candidato a diputado por San Salvador, elegido tras una elección de candidatos únicos.

El 1 de junio se cumplieron tres años de gestión del actual Gobierno. ¿Cómo califica esta administración en transparencia y acceso a la información pública?

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A pesar de algunas cosas positivas que hemos visto, como el hecho que la CEL (Comisión Hidroeléctrica del Río Lempa) haya dado bastante información del proceso de contrataciones en El Chaparral, en años anteriores el ministro de Obras Públicas (Gerson Martínez) ha dado también varios esfuerzos para gestionar una administración transparente en su Ministerio, ha impulsado iniciativas que merece apoyar, por ejemplo la iniciativa Cost (Iniciativa de Transparencia en el Sector  Construcción) que han hecho con la Embajada Británica y otro conjunto de organizaciones para transparentar los procesos de contratación de obra en el sector de la construcción. Estos son elementos que nos parecen que hay que aplaudir y estimular para que otros funcionarios también lo hagan. A pesar de esto, pareciera que estos gestos obedecen más a actitudes más personales que a una política institucional.

“En la política institucional, el Gobierno ha sido muy tolerante con la corrupción de los propios. Ha llegado al punto de proteger a personas señaladas por la justicia o investigadas por la justicia. La actitud que ha tenido de ver la corrupción no en su propia casa, más bien defender los corruptos de su propia casa y atacar al vecino.” 


En la política institucional, el Gobierno ha sido muy tolerante con la corrupción de los propios. Ha llegado al punto de proteger a personas señaladas por la justicia o investigadas por la justicia. Son tres casos: uno de Mauricio Funes (expresidente de la República), el hecho de facilitarle y recomendarle salir del país no es combatir la impunidad, sino promover la impunidad. Estás promoviendo que la justicia no alcance a los que están siendo investigados o perseguidos por ella. Los otros casos ya reconocidos es el caso de José Luis Merino con el nombramiento en el Ministerio de Relaciones Exteriores que se le da impunidad casualmente cuando aparece que es parte de las investigaciones de la Fiscalía y finalmente el caso de Sigfrido Reyes con ese nombramiento (de embajador en misión especial), son claros esquemas de protección de los funcionarios propios. Hemos visto cómo se protege, pero también cómo se calla, cómo se permite este tipo de actitudes y de comportamientos en funcionarios. Hay funcionarios que han sido señalados, hay funcionarios que están haciendo un despilfarro y la actitud no solo ha sido de indiferencia, sino de silencio cómplice. Luego, la actitud que ha tenido de ver la corrupción no en su propia casa, más bien defender los corruptos de su propia casa y atacar al vecino, como que la corrupción solo existe en el vecino y no reconocer los fallos en su propia casa.

También no solamente en una actitud de entrar en unas campañas de difamación contra aquellos que de alguna manera los incomodamos, como este caso de quererme mezclar con el caso de los sobresueldos cuando está absolutamente claro que yo nunca recibí un sobresueldo y de lo que se está hablando es de mi pertenencia a la Comisión Nacional de Desarrollo (CND) y de un presupuesto asignado públicamente, oficialmente, un trabajo público para el funcionamiento de la Comisión Nacional de Desarrollo y que quiere ser manchado y mal intencionalmente visto como que hubo pagos de sobresueldo. Esta es la actitud que he visto en el Gobierno, no en todo el Gobierno, sí en algunos sectores del Gobierno, La actitud que ha tenido el que preside la instancia de Transparencia, el señor Marcos Rodríguez, que se ha dedicado justamente más que hacer esa tarea (de transparencia), a difamar a los que le incomodan al Gobierno. Ha habido una actitud de difamación y ataque a aquellos que honestamente buscamos que se combata la corrupción, la opacidad y la impunidad.

¿Cómo ve el hecho que la Corte Suprema de Justicia haya ordenado a la Sección de Probidad investigar al gabinete del expresidente Mauricio Funes?

Funde-Alac pidió las auditorías de las declaraciones de patrimonio de los exfuncionarios. Se sentó un precedente en la Corte Suprema de Justicia porque antes se consideraban  secretas (las declaraciones de Probidad). Nosotros dijimos que no solamente se debían conocer las declaraciones de Probidad, sino que había que hacer un análisis, por eso fue que pedimos las auditorías, el análisis, las declaraciones de patrimonio de los tres expresidentes, eso sentó un precedente, jurisprudencia, porque el Instituto de Acceso a la Información Pública, al darnos la razón, desde ese momento los ciudadanos pueden ir a la Sección de Probidad a pedir cualquier auditoría de cualquier funcionario público. Cada autoría exige una cantidad de recursos, tiempo para hacerlo. Por eso es importante dotar a la Sección de Probidad de más recursos. Creo que eso es lo que ha pasado, un ciudadano va y dice ‘Mire, quiero las auditorías de los 43 funcionarios del Gobierno de Funes’. Puede llegar otro y decir: ‘Quiero la autorías de los 50 funcionarios (del expresidente) Antonio Saca y las 50 de (Francisco) Flores”, entonces quedó abierto (el proceso para solicitar las auditorías). Entiendo que la Corte ha establecido unos criterios para escoger que tienen que ver con el hecho de la significación política, con la posición del funcionario en materia de su acceso a recursos públicos, con notoriedad. Así es como la Sección de Probidad tiene algunos casos, por ejemplo, el de Vanda Pignato, es un caso relevante de significación donde también encuentran algunas evidencias y entiendo que es uno de los casos que está bastante avanzado, como el caso de Sigfrido Reyes, son casos que ya llevan tiempo (en investigación).

¿Deberían investigarse los gabinetes anteriores?

Sí, exactamente, por eso mismo. Cualquier ciudadano puede ir a pedir eso (las declaraciones patrimoniales), definitivamente los casos relevantes de todos los gobiernos deberían de ser auditados.

“Reconocer es importante, creo que eso es sano que se reconozca porque la mayoría de ellos no hicieron una cosa digamos que ellos consideran indebida, tal vez sí fue indebido que una persona lo recibiera porque era amigo del Presidente.” 

¿Debe la Fiscalía investigar a las personas que recibieron sobresueldo en los gobiernos de ARENA y del FMLN?

Sí, exacto. Creo que tendría que hacerse y seguirse la pista de los gastos reservados porque a través del uso de los gastos reservados puedes llegar al tema de los sobresueldos. El uso de los gastos reservados, en la medida en que fue discrecional, puede haber muchas ilegalidades, puede haber enriquecimiento ilícito, puede haber tema de soborno, que es distinto al sobresueldo. Hay que distinguir bien qué es un soborno y qué es un sobresueldo. Cuando un funcionario de una manera muy honesta como la doctora (María Isabel, exministra de Salud) Rodríguez te dice ‘Sí lo recibí’ (sobresueldo), entonces, es totalmente distinto al pago que le hizo el Gobierno de (Mauricio) Funes al fiscal (Luis Martínez): eso es soborno. Mientras, los sobresueldos es un pago que no deberían darse porque no tienen sustento legal, porque son muy discrecionales, esa discrecionalidad que da el uso de los gastos reservados para los sobresueldos o para otra cosa, con eso hay que terminar. Los gastos reservados tienen que tener algún tipo de rendición de cuentas, no son secretos. Malamente se ha dicho que son secretos, pero no son secretos. Más que empezar a tirarse lodo uno y otro, porque uno más que otros han cometido este pecado, lo mejor también es tratar de buscar un mecanismo de rendición de cuentas de los gastos reservados. Eso ayudaría a sanear esta viciosa práctica.

¿Cómo podrían subsanar las personas que recibieron sobresueldos? ¿Deben solo reconocer o devolver el dinero?

Reconocer es importante, creo que eso es sano que se reconozca porque la mayoría de ellos no hicieron una cosa digamos que ellos consideran indebida, tal vez sí fue indebido que una persona lo recibiera porque era amigo del Presidente. La intención en el fondo de un sobresueldo es corregir las discrepancias salariales que existen. Lo mejor es que haya un proceso para regular eso, acompañado del impulso y la aprobación de una Ley de Servicio Civil, que se pague por méritos, desempeño y responsabilidades y eso puede ayudar a ir sustituyendo esta práctica. Una vez que reconozcamos esa práctica y reconocerlo porque deben ser todos, pero imagínate una devolución de todos esos montos, nadie va a querer devolverlos si el otro no lo hace o lo hacen todos, o no lo hace ninguno. Para eso se necesita un acuerdo que pueda regular esa práctica porque pronto llegará un nuevo Gobierno y el próximo Gobierno que entre ya debería entrar con una reforma en esta materia.

“Yo creo que también la ANEP se durmió, no llegó el número suficiente, no se motivó suficiente, no se destacó la importancia que tenía el Instituto. A pesar de eso, no me queda duda que el Gobierno, si le dejas un hecho, se te va a meter.”

¿La partida secreta se debe eliminar o se debe eliminar su secretividad?

El secreto se tiene que eliminar, la partida no necesariamente. La partida se llama partida de Gastos Reservados, es una partida cuyo monto es tal alto que no puede ni debe tener discrecionalidad. La ley te dice qué gastos reservados es para casos de emergencia nacional, catástrofe, en qué se puede utilizar ese dinero para enfrentar un problema cuando hay una emergencia nacional, son gastos reservados que pueden servir para la seguridad nacional en caso de una guerra, para financiar inteligencia del Estado, pero todo eso tiene que estar regulado.

¿Hay un intento del Ejecutivo de querer copar el Instituto de Acceso a la Información Pública como lo señala la Asociación Nacional de la  Empresa Privada (ANEP), al permitir la participación de las cooperativas en la elección de las ternas?

Yo creo que también la ANEP se durmió, no llegó el número suficiente, no se motivó suficiente, no se destacó la importancia que tenía el Instituto. A pesar de eso, no me queda duda que el Gobierno, si le dejas un hecho, se te va a meter. Dado que el Instituto le ha resultado incómodo y la Ley de Acceso a la Infomación Pública le ha resultado incómoda, pues, esa incomodidad se la quieren quitar de encima y la manera de hacerlo es poniendo a gente afín. No es correcto tratar de poner en el Instituto a gente que pueda bailar al son de lo que el Gobierno le cante.

¿Cuando se elaboró la Ley de Acceso a la Información Pública se concibió en algún momento incorporar a las cooperativas para que participaran en el proceso de elección o solo a las asociaciones empresariales?

No fue concebido así. El Gobierno encontró una fórmula para meterse (en el proceso) y dijo ‘las cooperativas también son empresas’ y metió cooperativas que pueden ser afines al Gobierno. El tema de fondo es tener a personas menos incómodas, menos independientes en el Instituto con el objetivo que no prosperen muchas peticiones de infomación. Hemos visto cómo muchas peticiones de información han puesto en dificultad a funcionarios, el caso de Vanda Pignato, de Mauricio Funes, el caso de Sigfrido Reyes. Han habido muchos casos en que el Instituto ha resuelto no a favor del Gobierno

¿Cuáles son los retos de este Gobierno en materia de transparencia y acceso a la información de cara a estos dos años de gestión que le faltan?

Ante esta avalancha de evidencias que hay sobre funcionarios actuales, ya sea que están investigados o deben ser investigados por delitos de corrupción y que el Gobierno se pone una deuda para no aceptarlo y ante la aptitud de blindaje y ese silencio cómplice, yo creo que la actitud del Gobierno debería darse una prueba que está dispuesto a combatir la corrupción dentro de sus propios miembros. Esa sería la mejor señal.Ese es el principal reto. Segundo, creo que debería contribuir a las investigaciones, no bloquearlas. Tercero, tiene el reto de poner funcionarios idóneos en las instituciones de control del combate a la corrupción y la impunidad.




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