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Editorial & Opinion

Rumbo a la elección presidencial 2019

Eugenio Chicas / Diputado del FMLN al Parlacen

martes 14, agosto 2018 - 12:00 am

A escasas 22 semanas para la realización de la elección presidencial, prevista para el domingo 3 de febrero de 2019, ya se han configurado las candidaturas de cuatro fórmulas representativas de siete partidos políticos legalmente inscritos. Además, el panorama electoral se ha despejado luego de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) cancelara la inscripción de aquellos institutos políticos que en elecciones anteriores no superaron el umbral que determina la ley, siendo éstos: CD, FPS, PSD y PSP, cumpliendo de esta forma la tan demorada sentencia de la Sala de lo Constitucional que ordenó al TSE cumplir la obligación que le corresponde.

Los contendientes saben que triunfar en primera vuelta -de acuerdo a la ley- significa superar a su favor la mitad más uno del total de votos válidos, de un padrón que probablemente se acercará a los 5,6 millones de electores; con una probable participación de votantes que rondará el 60 % de los inscritos (3,360,000). En la elección de 2018 el padrón de electores, incluido el exterior fue de 5,489,603; mientras que en la elección presidencial de 2014, el padrón fue de 4,955,107, incluidos los votantes del exterior y de los que en la primera ronda el FMLN alcanzó 1,315,768 votos, equivalentes al 48,93 %, mientras ARENA obtuvo 1,047,592 para un 38,96 %, Unidad (GANA-PCN-PDC) con 307,603 votos, que representó el 11,44 %. Las otras dos fórmulas (PSP, FPS), sumadas, llegaron a 17,973 votos, un 0.67 %.

Para la elección que se avecina es previsible que el voto se distribuya nuevamente entre las tres principales candidaturas, en este caso el enorme reto será rebasar el umbral de 50 %+1 para triunfar en la primera elección. En esta batalla el éxito radicará tanto en la capacidad de la candidatura, como en el peso y credibilidad de la fuerza partidaria que la respalde; es apreciable la sensibilidad de interpretar y posicionarse de las expectativas y demandas ciudadanas, así como la agilidad de ofrecer propuestas creíbles al clamor cotidiano de transformaciones políticas, económicas y sociales para un mejor El Salvador. Será de vital importancia la experiencia, dominio y trayectoria que demuestre el candidato, así como la capacidad organizativa y movilizadora del partido en el territorio y sobre todo su grado de unidad, motivación y coherencia.

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La estrategia política para el próximo proceso electoral debería estar basada en: el uso acertado y efectivo de las comunicaciones y sus nuevas tendencias, debidamente estratificada, fundamentada en una correcta y permanente lectura de la opinión pública; la sencillez y claridad del discurso, reflejo de un oferta programática creíble, coherente, certera en flechar el interés ciudadano; sumada al despliegue de una audaz política de alianzas capaz de trascender la frontera del voto tradicional, en el contexto de una escenografía que muestre la confianza que trasluzca un equipo de trabajo que demuestre efectividad y transparencia en el desempeño de un futuro gobierno.

En finanzas y recursos, si bien es indispensable la disponibilidad y correcta distribución y administración durante la campaña; también, hay una enorme demanda ciudadana por la transparencia del origen de estos recursos, así como un fundado cuestionamiento legal y político claramente demostrado en los juicios de los expresidentes Elías Antonio Saca y Francisco Flores, ambas gestiones del partido ARENA por la corrupción en el uso de recursos del Estado para financiar sus campañas electorales. Este hecho grave constituye un enorme reto tanto para la Fiscalía General de la República, el Sistema Judicial, y el mismo TSE que tendría que analizar y resolver sobre la eventual cancelación de la personería jurídica del partido ARENA.


A 27 años de la firma de los Acuerdo de Paz, -más allá de las recurrentes confrontaciones políticas-, nuestra sociedad sigue siendo ejemplo del éxito de los mecanismos de diálogo, negociación y consenso que nos han permitido superar diferencias y alcanzar acuerdos de país; procurando generar estabilidad y gobernabilidad, encaminados a construir una sociedad más justa y equitativa. Este logro no nos puede exonerar de la necesidad de trabajar por un mayor protagonismo y participación social  para empujar y avanzar a una reforma política de mayor calado que asegure la consolidación democrática y aporte mayor desarrollo sustentable; la prioridad en todo caso para el siguiente periodo estará situada en lograr mayores niveles de crecimiento económico capaces de generar más y mejores empleos y de proveer los recursos gubernamentales para profundizar los programas sociales.

En todo caso, por el diseño constitucional de nuestra sociedad, por los pesos y balances de los diferentes poderes y órganos del Estado, seguirá siendo fundamental la confianza que el gobernante electo y la fuerza política que lo respalda reflejen en la capacidad de promover mecanismos de diálogo y concertación, en el marco de la promoción de un mayor protagonismo social para alcanzar acuerdos que permitan avanzar en una sociedad muy diversa y compleja, que seguirá siendo plural.




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