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Editorial & Opinion

Sala de lo Constitucional, héroes nacionales

Jaime Ramírez Ortega / Consultor Legal y de Negocios

sábado 17, diciembre 2016 - 12:00 am

OPINIONLa Constitución en el Art. 6.- establece que “toda persona puede expresar y difundir libremente sus pensamientos siempre que no subvierta el orden público, ni lesione la moral, el honor, ni la vida privada de los demás. El ejercicio de este derecho no estará sujeto a previo examen, censura ni caución; pero los que haciendo uso de él, infrinjan las leyes, responderán por el delito que cometan”…..  Asimismo el Art. 7.-  establece que “los habitantes de El Salvador tienen derecho a asociarse libremente y a reunirse pacíficamente y sin armas para cualquier objeto lícito”.

Bajo el contexto jurídico de cómo deber ser el proceder de cada ciudadano con respecto a los derechos fundamentales de la libertad de expresión y la libertad de manifestarse, no determina que sea un cheque en blanco y que se pueda utilizar de forma arbitraria o ideológica, ya que tiene ciertas prohibiciones  y la primera es que el ciudadano que quiera manifestarse o pronunciar su desacuerdo sobre políticas públicas lo debe hacer sin que “subvierta el orden público”. Siendo el orden público un elemento esencial que el Estado debe custodiar, mantener y proteger, a efectos de que las políticas públicas que el mismo persiga no lo alteren, ni lo distorsionen.

Por otra parte, el Gobierno necesita coexistir con otras corrientes de pensamiento y, aunque existan diferencias, no por ello se debe de llamar al  desacato o agitación de la población para que altere el orden público, en el entendido que el fin de la manifestación pública y la expresión popular debe ser única y exclusivamente cuando hay una transgresión a la norma constitucional.

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No obstante, la Sala de lo Constitucional, hasta el momento, se ha desempeñado apegada a la Constitución y no ha transgredido ninguna norma contenida en ella; por lo tanto, los reclamos mal intencionados, donde se amedrenta y se amenaza a sus miembros de forma constante por un grupo de ciudadanos que han sido agitados por unos cuantos personeros del partido en el Gobierno, solo demuestra que no tienen los argumentos jurídicos para poder llevar cualquier diferencia existente a las instancias pertinentes; además de constituir una flagrante violación a la Constitución si se confirma que algunos soldados y oficiales de la Fuerza Armada, empleados públicos y empleados municipales, han participado en diversas manifestaciones en contra de la Sala de lo Constitucional. Peor aún, de confirmarse de dónde provienen los recursos con los cuales se mueven a estas masas, que por cierto no entienden el contexto de la problemática, pero se dan por satisfechos muchos de estos manifestantes con un par de piezas de pollo frito y bolsas con agua.

En segundo lugar, la Constitución rige el parámetro que, cuando se expresen opiniones, jamás se debe lesionar la moral, el honor, ni la vida privada de los demás; pero en las manifestaciones en contra la Sala de lo Constitucional, no solo le han transgredido a los magistrados la moral y el honor, con los múltiples carteles donde los tildan de corruptos, vendidos, o como lo que expresó una diputada del FMLN, donde aseguró públicamente que la Sala de lo Constitucional es la oficina jurídica de ARENA.


Además, se les amenaza de muerte con carteles difamatorios y peyorativos. En ese sentido, por el bien de la democracia, es importante que los que tenemos claro cómo funciona el sistema de frenos y contra pesos de la Constitución, defendamos a la Sala de lo Constitucional con todos los mecanismos legales, a fin de desactivar todo ese acoso de inteligencia y contra inteligencia propio de las guerrillas y grupos insurgentes.

Este tipo de acosos implica un retroceso en aquellos espacios conquistados por la democracia representativa por medio de la Sala de lo Constitucional; por ello es fundamental que cerremos filas en su defensa, para que se continúe investigando a todos los funcionarios y exfuncionarios que han metido mano en los recursos públicos y que ahora están luchando para que no se les abra un proceso en la Sección de Probidad.

En consecuencia, la Sala de lo Constitucional  y la Fiscalía  General de la Repúblioca son los únicos  bastiones que están luchando para combatir la corrupción.




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