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Sala manda a FGR y PNC proteger a familia asediada por pandilla 18

Redacción web / DEM

viernes 6, octubre 2017 - 4:01 pm

La Policía también instaló controles vehículares enfrente al parque Cuscatlán. Fotografía: Marcela Moreno.

Los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenaron a la Policía Nacional Civil (PNC) y a la Fiscalía General de la República (FGR) adopten las medidas pertinentes para asegurar la integridad personal y la seguridad de una familia que es asediada por pandillas, luego que esta presentara una demanda de amparo, en la cual aseguran sentirse acosados por pandillas y que las instituciones antes mencionadas no han emitido de forma oportuna las medidas para el procesamiento de los responsables de los delitos que han denunciado, ni del desplazamiento forzado interno que han sufrido; tampoco se han realizado las diligencias para garantizar el retorno de los demandantes a su residencia de forma segura.

Los demandantes manifestaron que empezaron a ser acosados por la pandilla 18 debido a que algunos de los integrantes de esa familia son soldados. En su demanda relatan diversos sucesos en los que fueron amenazados, golpeados, acosados y las mujeres fueron violadas. Señalaron que la familia completa (compuesta por varios grupos de abuelos, padres e hijos) se encuentra en riesgo y que han tenido que desplazarse a otros lugares, incluso fuera de la ciudad.

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“Debido a la existencia razonable de una amenaza o daño para la vida, integridad personal, libertad, patrimonio de los demandantes, se ordena como medida de protección omitir la identidad de los demandantes, la reserva del caso y se restringe el acceso al expediente judicial al público en general”, dice la resolución.

Los magistrados detallan que las instituciones deberán proporcionar, de forma inmediata, los mecanismos de seguridad pertinentes para que los demandantes puedan retornar a su domicilio a efecto de recuperar los bienes materiales respectivos que se encuentran ahí y que no han podido recuperar por las amenazas sufridas por la Mara 18.


En la demanda expusieron que ni la FGR ni la PNC activaron las medidas de protección ordinarias y extraordinarias establecidas en la Ley Especial Para la Protección de Víctimas y Testigos, pese a que varias delegaciones y unidades de la PNC como de la FGR tuvieron conocimiento de los hechos antes referidos. Además, impugnan la omisión de emitir, elaborar y promover leyes secundarias, normativa reglamentaria, política, programas y protocolos de actuación para garantizar la protección de las víctimas de desplazamiento forzado interno, por parte del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, la Asamblea Legislativa, la Comisión Coordinadora del Sector Justicia y la Unidad Técnica Ejecutiva.

La resolución de amparo fue firmada por los magistrados Florentín Meléndez, Sidney Blanco, Rodolfo González y Sonia Barillas de Segovia.




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