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JusticiaLa Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ordenó la suspensión de la emisión de Certificados de Inversión Previsional (CIP) para pagar capital e intereses generados por la deuda previsional, tras admitir una demanda contra la reforma de ley que permitió utilizar estos instrumentos para tal fin.

La Sala informó ayer que el viernes pasado admitió la demanda presentada por Javier Argueta, director Legal de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), el 30 de septiembre, ante la supuesta violación de cinco artículos de la Constitución de la República. En dicha demanda también pidió, como medida cautelar, suspender la emisión de CIP para pagar deuda previsional.

La reforma  a la Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) se aprobó el 29 de septiembre con 46 votos de FMLN, GANA, PCN y PDC, tras una dispensa de trámite solicitada por la entonces presidente de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña.

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Con este cambio se amplió el uso de los CIP, instrumentos de deuda pública que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) están obligadas por la ley a adquirir con los ahorros de los trabajadores.

Hasta antes de esa modificación, los recursos obtenidos con estas colocaciones servían únicamente para pagar las pensiones y beneficios del Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP), y del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). Luego de la reforma, el Gobierno quedó habilitado para pagar con CIP los intereses y capital generados por estos mismos instrumentos, es decir, en lugar de entregar dinero en efectivo, daría un título valor.

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Pago de Pensiones no está en riesgo

La Sala destacó que decidió implementar la medida cautelar porque pone en riesgo el pago de pensiones, pues la reforma se hizo para “cumplir con la amortización periódica que se debe en concepto de capital e intereses por la utilización de los fondos de pensiones del SAP (Sistema de Ahorro para Pensiones) a través del mecanismo” del FOP.

“Se ha verificado que la adopción de la medida detallada no afectaría o irrogaría perjuicio ningún interés social ni ocasionaría peligro al orden público, pues el Decreto Legislativo 497/2016 no se refiere al pago de las pensiones de los jubilados en el sistema público –lo cual se mantendría ineludiblemente”, indicó la Sala en la admisión de la demanda.

La instancia de la CSJ aclaró que esta suspensión no incluye la emisión de CIP que sirvió para pagar $71.5 millones en deuda previsional que vencía en octubre, y por la que pesaba el riesgo de impago.

 

Ilegalidades

La Sala admitió todos los argumentos presentados en la demanda, destacó ayer Argueta, y consideró que con ello envía un mensaje claro al Estado, que los fondos de pensiones “no se deben tocar”.

Dos de los argumentos están relacionados al procedimiento para aprobar la reforma. Uno de ellos es la supuesta transgresión al artículo 135, inciso primero, de la Constitución, donde se establece que todo proyecto de ley debe discutirse en el seno de la Asamblea antes de ser aprobado; pues la modificación se aprobó con dispensa de trámite y no se justificó su urgencia.

También se alegó que la aprobación de esta reforma con mayoría simple violó el artículo 148, ya que, por tratarse de deuda pública, debió haberse votado con mayoría calificada.

Además, el demandante argumentó violaciones al artículo 3, inciso primero, de la Constitución, y al artículo 144. En el primer caso porque la reforma al FOP transgrede el derecho a la seguridad jurídica, ya que los trabajadores recibirán más deuda como pago por el dinero que han prestado al Gobierno para cumplir con sus obligaciones previsionales. En el segundo caso, alegó que la modificación aprobada viola el derecho a la seguridad social.

 

Asafondos aplaude decisión

 

La Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones (Asafondos) aplaudió ayer la decisión de la Sala de admitir la demanda contra la reforma al FOP, y de suspender el uso de CIP para pagar deuda previsional, como medida cautelar.

La gremial de las AFP señaló que con esta decisión de la Sala “el Estado deberá mantener la obligación de pagar el capital e intereses correspondientes a las emisiones que se compran” al FOP, refiriéndose a los CIP.

Además, consideró que la medida cautelar “brinda un espacio propicio para que los temas relacionados con el futuro previsional de los salvadoreños sean discutidos con amplitud, con criterio técnico y con el sólo objetivo de beneficiar a los trabajadores”.

La Asafondos señaló que la medida cautelar no pone en riesgo el pago de las pensiones del ISSS y el INPEP.

 

$71.5 Millones

En octubre vencieron $71.5 millones en CIP y se pagaron utilizando el mecanismo habilitado por la reforma al FOP aprobada en septiembre.

 

$221 Millones

Para el próximo año, el Gobierno debe presupuestar unos $221 millones para pagar capital e intereses de los CIP, según cálculos de Asafondos.

 

Medida cautelar

El Gobierno no podrá continuar emitiendo CIP para pagar el capital e intereses que generan estos mismos instrumentos.

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