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Editorial & Opinion

¿Se está fraguando una nueva “tregua”?

Jaime Ramírez Ortega/Consejero legal y de negocios

sábado 7, octubre 2017 - 12:00 am

No salimos de una para entrar a otra, a lo mejor como nación no hemos aprendido de la historia, ya que la tregua pactada en el año 2012, en la que participaron las pandillas rivales y tal como lo expresó en su momento Douglas Moreno, quien fungió como director de Centros Penales y viceministro de Justicia y Seguridad Pública en aquel entonces, quien estableció que la tregua se trató de una política de Estado emanada desde la Presidencia de la República, a cargo de Mauricio Funes y ejecutada por el ministro de Seguridad, David Munguía Payés.

Prueba de ello es que el expresidente Mauricio Funes justificó la tregua entre pandillas en la sede de las Naciones Unidas (ONU), en esa oportunidad Funes indicaba que la tregua era una política pública, al destacar que ayudó a bajar los homicidios y el Gobierno que él representaba fue facilitador para que se gestara tan atroz acuerdo, que evidentemente acarreó una serie de ilícitos que adjudicaron un poder mayor a estos grupos criminales, que tienen amedrentada a toda la población y al gobierno mismo.

Ya que la tregua, en lugar de ayudar a crear espacios libres de violencia en la que los pandilleros se comprometieran a no amenazar, extorsionar y reclutar jóvenes, lo que ocurrió fue que unos días bajaron los niveles de homicidios, pero estratégicamente se estaban fortaleciendo y reestructurando; en consecuencia, la tregua favoreció únicamente a estos grupos criminales, dado que los cabecillas fueron movidos de un centro de máxima seguridad por uno de menor seguridad, sin cumplir el protocolo de traslado, ni pasar por el procedimiento del Consejo Criminológico que debió de haber analizado el caso.

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Es decir, que el Consejo Criminológico Regional, a través de la solicitud que se hace al Equipo Técnico del Centro Penal, en la que se debe de justificar el cambio del centro penal, para ello se tiene que expresar una circunstancia extrema, por ejemplo: que el reo esté en peligro de muerte por pertenecer a una pandilla contraria o porque haya sido amenazado él y su grupo familiar, y esto es así porque es el Consejo quien autoriza el traslado.

No obstante, el Consejo nunca toma una decisión sin previo informe emitido por el Equipo Técnico del Centro Penal; por lo tanto, es un proceso lento que demora unos tres meses; sin embargo, las autorizaciones de traslado fueron exprés y sin previo estudio, de modo que no se cumplieron los requisitos y el procedimiento señalado por la ley, y los únicos que podían saltarse ese proceso no fueron los mandos medios, procesados por el caso tregua, sino el expresidente Funes y el exministro de Seguridad.


Digo lo anterior porque fueron evidentes los beneficios que recibieron las pandillas, tanto los que estaban detenidos como los que estaban fuera de la cárcel, donde sus familiares se vieron retribuidos económicamente, y dentro de los centros penales recibieron alimentación privilegiada,  les autorizaron porno fiestas, tenían acceso irrestricto a teléfonos, drogas, televisores con cable, incluso los paseaban en los diferentes balnearios, todo ello mientras muchos salvadoreños eran amenazados y extorsionados por órdenes que provenían de los centros penales, por los cabecillas.

Estos cabecillas dieron órdenes para que fueran asesinados, mujeres, niños, jóvenes y ancianos; claro, al final, toda esta negociación o facilitación, como le gusta llamarlo al Gobierno del FMLN, liderado en aquel entonces por Funes, produjo un monstruo que no pueden dominar, porque no se puede pactar con criminales sin salir ileso, dado que se hace cómplice de sus malas andanzas. Y esto fue lo que les ocurrió al Gobierno del FMLN y al partido ARENA, que buscaron a estos criminales para cambiar vidas humanas por votos.

Y esto es lo que me preocupa que el viernes recién pasado, violando todos los protocolos de seguridad, se conoció que una camioneta con placas nacionales, que es propiedad de la Dirección General de Centros Penales, ingresó a la penitenciaría de máxima seguridad en “Zacatraz”, donde seis de sus ocupantes dijeron que llevaban la orden “desde arriba” de ingresar sin ser registrados. Ante ello solo se puede pensar que se está fraguando una nueva tregua, donde el Gobierno actual, en vísperas de las elecciones, esté negociando beneficios penitenciarios y votos por vidas humanas. Debemos de estar alertas y denunciar estos abusos.

 




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