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ROBERTO-BURGOS

DEM

El coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de El Salvador (ALAC) de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), Roberto Burgos, ve avances en instituciones del Estado como ministerios de Salud y Relaciones Exteriores e, incluso, en la gestión actual de la Asamblea Legislativa, pero advierte obstáculos en la Presidencia de la República.

Señala que la falta de un Fiscal General es “impensable” en un país en donde se vive una crisis de seguridad, y considera viable una comisión internacional contra la impunidad.

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¿Cuál es el logro más claro que tuvo el país en transparencia durante 2015?

2015 ha tenido avances en la medida que más ciudadanos han tenido acceso a datos que antes se consideraba una información totalmente alejada al acceso ciudadano, como las declaraciones patrimoniales de exfuncionarios. Desde la Alac de Funde se ha ido más lejos pidiendo las auditorías. También a partir de la salida del exdiputado Sigfrido Reyes de la Asamblea Legislativa ha sido muy sensible el cambio en la toma de decisiones que se toman en la oficina de respuesta del primer órgano de Estado, llegando a conocer listas de asesores, salarios, atribuciones. En otras instituciones ha habido avances muy importantes: en la Alac hemos recibido información valiosa como el Ministerio de Salud, sobre importaciones de medicamentos, leches para lactantes, pacientes, fármacos autorizados. El Ministerio de Relaciones Exteriores nos ha facilitado información sobre eventos diplomáticos, misiones oficiales de sus funcionarios. Varias instituciones de la administración pública han dado ese paso de dar respuesta de dar información que para el ciudadano es relevante porque quiere ejercer contraloría social o tomar decisiones informadas sobre quiénes van a ser los que van a administrar la cosa pública.

¿Cuál es el obstáculo mayor que han tenido?

Quizás el caso más sonado ha sido de la información reservada de la Presidencia de la República. Los datos solicitados desde que se dio el relevo presidencial, junio de 2014, relacionados a los viajes presidenciales, gastos de publicidad, auditorías internas desde la gestión del presidente (Antonio) Saca y gastos protocolarios para atención de funcionarios internacionales de todo nivel, nos permitiría conocer de qué manera se están ejerciendo funciones discrecionales que tienen la Presidencia de la República en estos rubros. No solo se nos negó el acceso a buena parte información, sino que a pesar que hubo una audiencia pública hace un año, la cual no podemos olvidar que el mismo Presidente intentó que fuera secreta, el 17 de diciembre de 2014, ya en 2015, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) se tardó ocho meses en tomar una decisión. En enero pedimos revocatoria de esas decisiones, nosotros, como Alac de Funde, para que se revelaran los datos y la Presidencia de la República, para que se mantuviera en secreto. Hemos llegado a diciembre y solo hemos tenido acceso a los gastos de publicidad y sí pudimos desclasificar informes de auditoría interna, lo cual es un gran avance, pero sigue siendo secreto cuánto se gasta en atenciones protocolarias y cuántos viajes hizo el expresidente y la Primera Dama en su época. Esa información es importante porque permite conocer cuál es el gasto de los funcionarios, dónde asientan sus inversiones o sus propiedades fuera del país, no es un simple conocimiento morboso de cómo manejan su vida privada funcionarios de alto nivel. Ha sido un caso en el cual ha habido limitantes. Quiero insistir en una afirmación, que ha sido una limitante: se sigue tratando al peticionario de información como un enemigo del Gobierno, ni siquiera ya como un opositor, sino como un enemigo del Gobierno. Hemos insistido en Funde en conocer datos sobre viajes de Presidencia, asesores, negocios de funcionarios, seguros adquiridos por Presidencia en obras de arte y demás, y seguimos recibiendo ataques públicos de funcionarios de la Presidencia que precisamente se autodenominan defensores de transparencia y entendemos que disuade a otros ciudadanos que no son respaldados por Transparencia Internacional, por ejemplo, de la cual Funde es el capítulo El Salvador, para pedir información que pueda resultar molesta para algunos funcionarios en el poder central. Ese maltrato público para los ciudadanos que piden información sensible, yo en mi caso como ciudadano, pedí información sobre salud de la Presidencia y tuve tres días al secretario de transparencia criticando esa petición. La secretividad, la amplia discrecionalidad para hacer uso de cuantiosos recursos al momento de tomar decisiones y ejecutar el presupuesto, y la determinación del ciudadano peticionario como enemigo público son factores negativos que tenemos que superar en 2016.

ALAC-Roberto-Burgos-del-Centro-de-Asesoria-Legal-y-Anticorrupcion-de-El-Salvador

DEM

¿Ha sido Funde o su persona víctimas de ataques personales?

Sí, lo hemos mencionado en algunos casos, el director fue atacado a través de internet mediante la creación de un blog que usaba colores e identificaciones de Funde, se invadió su vida privada, se tergiversaron hechos que son propios de su intimidad personal, pero las oficinas de Alac y Funde, y los abogados, lo hemos dicho, hemos recibido no solo seguimiento desde 2014, sino que se ha atacado las redes sociales, la primera vez, en mayo de 2014, después en diciembre del mismo año. En mayo de 2015, creíamos que el ataque iba a ser dirigido a bloquear nuestras redes sociales a través de la cual difundimos mensajes, informaciones como el índice de percepción de corrupción, informes de la Alac, pero no, esta vez se  orientó todo al director ejecutivo de Funde. Creemos que son casos que tienen que investigarse, que determinarse las responsabilidades directas e intelectuales, a todo nivel, para que este tipo de impunidad también se elimine y no siga ocurriendo que el peticionario de información o el que demanda más transparencia se siga viendo como un enemigo público. Hemos recibido a veces amenazas telefónicas, no la hemos tomado en serio, pero es un hecho que hace más difícil el trabajo en esta área y en el ejercicio de este derecho fundamental.

¿Han recibido amenazas recientemente?

Sí, en mi caso particular, a mis colegas han recibido seguimientos, a sus familiares también, cada vez que se va a celebrar audiencias sensibles contra estructuras de poder que tradicionalmente han protegido la corrupción, sí se reciben amenazas. Otras ONG están recibiendo amenazas, hace dos navidades fue el atentando en Probúsqueda, son casos que se van acumulando y dejan un mal sabor que aquí en El Salvador pelear por derechos fundamentales sigue siendo una tarea peligrosa, ya no digamos el periodismo.

La Corte ha iniciado juicios contra un diputado y un funcionario público. ¿Qué interés ve en la Corte, investigar enriquecimientos o un interés político?

Me da la impresión es que en este país es tan raro y novedoso que se cumpla una ley que, cuando se viene a hacer, por una Corte que se ha renovado, gracias al abandono de magistrados cómplices, surgen esas teorías de la conspiración, se ve como el pleno de la Corte al decidir remitir por primera vez desde 1959, se habla de una conspiración y los que más han protestado por este intento de autoatribuirse facultades de la Fiscalía, que hasta ahora no ha tenido participación importante castigando corruptos, se ve como que forma parte de un plan oculto. El verdadero plan oculto es esconder a los corruptos y esconder los bienes que se han robado, es la verdadera conspiración que existe desde hace 60 años. Durante demasiado tiempo los corruptos en El Salvador se han valido de la inoperancia de las instituciones encargadas de perseguirlos, ante una Sección de Probidad que no hacía su trabajo, una Fiscalía que ha estado en manos más que fiscales que responden a intereses de partidos y presidentes, y una Corte de Cuentas que no sabemos si el último que se fue apagó la luz, es panorama fértil para que haya corrupción. El Tribunal de Ética sigue sin saber su papel y si lo tiene claro prefiere no ejercerlo.

¿Cómo se puede interpretar la constante petición de una comisión internacional contra la impunidad y que no haya tenido eco?

El tema de combate a la corrupción apoyado por mecanismos o unidades especiales apoyados por organismos internacionales ha sido una alternativa válida en varios países, no solo en Guatemala, también en Honduras, aparentemente se está retractando, pero en El Salvador hemos visto cómo cada vez la cooperación internacional, incluso los préstamos, se están comenzando a condicionar a la necesidad de evidenciar a esfuerzos concretos para combatir la corrupción. Ciudadanos de todo el mundo no quieren que en plena crisis económica mundial sus recursos terminen enriqueciendo los bolsillos de funcionarios del tercer mundo. Es lógico. La creación de una comisión sigue siendo una muy buena opción pero es necesario que no terminen sustituyendo la necesidad de crear instituciones internas sólidas. Ni siquiera tenemos un Fiscal General elegido, eso es impensable en un país con la crisis de seguridad que enfrentamos.

En cuatro preguntas

¿Cómo evalúa el criterio de la Corte para elegir a qué funcionarios investigar en su crecimiento patrimonial?

Es muy difícil pedirle que se ponga al día. ¿En qué orden se tienen que conocer los casos? Hay que atender a la demanda ciudadana. ¿Cuál es el caso más urgente? El caso del expresidente Francisco Flores. Permitió que ese caso prescribiera, el proceso por enriquecimiento ilícito expiró o prescribió cuando éste cumplió 10 años después de haber dejado la Presidencia y fue en 2014 cuando era un hecho público.

¿Por qué Alac pide auditorías patrimoniales solo de tres expresidentes?

Pensamos que la información era relevante porque se trataba de tres expresidentes que representan a diferentes corrientes del pensamiento. Con una sociedad tan polarizada, que que recibimos amenazas por este proceso, ¿se podrá imaginar si hubiéramos pedido la auditoría de uno? Era importante contar con un panorama inmediato y era una apuesta mejor si se pedía auditorías sobre información (de) los últimos 15 años.

¿Cuál es el avance en transparencia en los partidos políticos?

No veo ninguna, porque la Sala de lo Constitucional ya había establecido en una sentencia que los partidos tenían que crear oficinas de transparencia para que los salvadoreños pudiéramos conocer sus fuentes de financiamiento… Sigo viendo muy poco compromiso en materia de transparencia, no han sido asumidos plenamente por los partidos, solo sirve para criticar al contrario. Imagínese que Francisco Flores no ha sido expulsado, ya no digamos otros partidos políticos que siguen protegiendo a funcionarios señalados. A Sigfrido Reyes le dan premio un alto cargo.

¿Retos para el próximo año?

Que haya menos información reservada porque no se justifica un país con tanto secreto en el Estado. Si el Tribunal de Ética es tan inoperante deberíamos pasar esos recursos al IAIP, y la elección del Fiscal General, comprometido en la lucha anticorrupción y no a campañas de reelección.

Perfil

José Roberto Burgos Viale

Coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC).

Abogado graduado en la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) con estudios en el Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa con sede en Washington D.C. sobre seguridad, defensa y antiterrrorismo.

Ha sido abogado del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) y estuvo a cargo de demandas interpuestas ante el sistema interamericano, por ejemplo, en casos de crímenes contra Katya Miranda y Ramón Mauricio García Prieto.

También asesoró en la Asamblea Legislativa al exdiputado Gerson Martínez.

 

 

 

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