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Para poder crear una verdadera política criminal de Estado que arroje soluciones concretas al problema de inseguridad que vive nuestro país. Es importante distinguir entre Seguridad Pública y Seguridad Nacional, la carta magna establece que la Seguridad Pública, es un derecho que el Estado debe garantizar a todos sus habitantes, ciudadanos y extranjero para poder gozar de una vida tranquila y armoniosa. De manera que cada ciudadano salvadoreño debe de tener la convicción que el Estado, a través de sus fuerzas de seguridad (PNC), que trabajan en conjunto con el Poder Judicial y la Fiscalía General de la República, que monopolizan el ejercicio de la fuerza, la usarán razonablemente y sin excesos, contra los grupos delincuenciales que no cumplen las normas establecidas, en resguardo de los miles de salvadoreños honrados que salen a diario a buscar el pan de cada día.

Cuyo objetivo es prevenir la comisión de delitos y reprimir éstos una vez que están curso o se han producido (extorción, asesinatos, amenazas, narco menudeo y reclutamiento de jóvenes por las pandillas). También es función de las fuerzas de seguridad perseguir a los delincuentes y entregarlos a la Justicia, que será la encargada de establecer los castigos correspondientes de acuerdo a la ley.

La seguridad pública también depende, entre otros múltiples factores, de la eficacia de la PNC, de la calidad investigativa de la FGR y del correcto proceder de los jueces,   es decir que se debe realizar toda una sinergia interinstitucional con el fin de disolver, desbaratar, perseguir enjuiciar y castigar a todos aquellos que se burlan de la justicia y ejercer el terror en la población.

De modo que la Seguridad Pública puede convertirse en asunto de Seguridad Nacional en el grado en que la manifestación del fenómeno criminal (pandillas) represente un riesgo para la integridad, estabilidad y permanencia del Estado, para el orden constitucional, las instituciones democráticas fundadas en el desarrollo social, económico y político, y en el grado en que constituyan un obstáculo para que las autoridades actúen contra la delincuencia organizada.

Dicho de otra manera nuestro país sufre de inseguridad e inestabilidad desde hace más de 20 años, dado que las pandillas han representado un riesgo permanente a la integridad física y psicológica de cada salvadoreño, por lo tanto nuestro problema no es de Seguridad Pública, sino de Seguridad Nacional, por lo tanto se deben de realizar tareas de inteligencia y contrainteligencia para proponer medidas de prevención, disuasión, contención o neutralización de riesgos o amenazas.

Por lo tanto las medidas extraordinarias en centros penales tomadas en los últimos días por el señor presidente Salvador Sánchez Cerén y su equipo de seguridad, son plausibles y acertadas. Un poco tarde la reacción, pero al fin una buena reacción, ya que abarcan extender la suspensión de visitas familiares, íntimas e incluso de abogados defensores, dado que consideran que son un vehículo para las órdenes giradas por los cabecillas para el cometimiento de crímenes.

Ahora bien se debe aclarar que estas medidas realizadas por el Gobierno, representa una parte de la estrategia de seguridad, enfocada en la parte represiva, pero es importante que todo ello se oriente a una política criminal de Estado, a manera que se trabaje de forma integral la problemática de inseguridad, porque de nada sirve la represión a los pandilleros en los centros penales, si se descuida a las nuevas generaciones y a la familia.

Por esa razón he insistido en innumerables veces, que es fundamental que se desarrollen programas vinculados a trabajar de forma preventiva con la niñez y la familia, sin olvidar la siembre de valores Bíblicos, dado que ahí está la fuente de la conducción del ser humano, por lo que se requiere un trabajo titánico y de todos, no solo del Gobierno.

En suma todos somos responsables de la seguridad, la familia, con la educación, las iglesias con los valores, el Estado en la defensa y protección de la ciudadanía, la empresa privada, pagando correctamente y no salarios de hambre, sin explotar a los trabajadores, los funcionarios siendo honestos no robándose nada, si cada quien hace lo que le corresponde tendremos menos pobreza.

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