Cerrar [X]

Editorial & Opinion

Sentencia constitucional y posibles consecuencias

Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional / Autor: Hugo Ernesto Fonseca A.

viernes 3, marzo 2017 - 12:00 am

El 31 de agosto del 2016, la Sala de lo Constitucional (en lo sucesivo “la Sala”), sentenció en el proceso de inconstitucionalidad 73-2013, en el que se pretendía que el tribunal declarase la inconstitucionalidad por vicio de contenido de los incisos 1º al 4º del Art. 574 (reformado) del Código Civil, según veremos.

Tengamos como premisa el concepto del profesor Alfredo Rizzo Romano, que el Estado es una comunidad humana perfecta, organizada jurídicamente, absolutamente soberana e independiente, asentada sobre un territorio determinado, con una finalidad de bien común. Por consiguiente, sus elementos constitutivos son: 1) Sustrato biológico o población, 2) Sustrato jurídico o gobierno, 3) Sustrato material o territorio, 4) Sustrato autonómico o soberanía, 5) Sustrato ético o finalidad de bien común.

La Sala procedió a la delicada interpretación de una demanda que versó sobre un elemento constitutivo del Estado, el territorio, y partió del estudio del Informe Único de la Comisión de Estudio del Proyecto de Constitución, de 1983, en el cual no encontró indicaciones o referencias sobre el tema bajo conocimiento.

publicidad

Luego, la Sala examinó las Versiones Taquigráficas de la Discusión y Aprobación del Proyecto de la Constitución de la República de 1983, en lo referente a la aprobación del Art. 84 Cn., y determinó que el tema del territorio marítimo no fue abordado.

En consecuencia, la Sala procedió a indagar antecedentes en la Constitución Política de El Salvador de 1962, específicamente del Art. 8, que coincide con la redacción del Art. 7 de la Constitución Política de El Salvador de 1950, que sí tuvo exposición de motivos.


Así, la Sala concluyó que el texto territorial, del actual Art. 84 inc. 4º Cn. en vigor desde 1983, modificó la norma proveniente de 1950; y además, se refiere al desarrollo histórico del mar territorial y su vinculación con la soberanía del Estado. Reseña su surgimiento como espacio marítimo contiguo o unido a la costa de un Estado ribereño, en donde éste ejerce soberanía, en una extensión que se vinculaba en ese principio con sus capacidades efectivas de defensa.

La Sala considera que las competencias estatales sobre el mar territorial son similares, con las adecuaciones propias del medio físico en que se ejercen, a las que tienen lugar sobre tierra firme, en cuanto a la vigencia y aplicabilidad del orden jurídico interno y potestades de control sobre el tráfico marítimo, si bien contemplan la autorización del paso inocente o inofensivo de buques o naves extranjeras.

Después, la Sala narra la evolución de la expresión “soberanía y jurisdicción nacional”, a partir del establecimiento de las zonas de conservación pesquera en los Estados Unidos, por el Presidente Truman de 1945.

Asimismo, consigna que, para entonces, cuando se formuló la tesis de las 200 millas náuticas (mn), no había consenso internacional sobre el alcance del mar territorial de los Estados, y que éstos continuaban debatiendo la naturaleza jurídica de ese espacio, alternando su consideración como mar territorial (tesis territorialista), con la de una zona de conservación y explotación marítima del Estado ribereño (tesis patrimonialista).

Finalmente, la Sala declaró que en los incisos del 1º al 4º del Art. 574 del Código Civil, no existe la inconstitucionalidad alegada en la demanda respecto al principio de irreductibilidad del territorio y del alcance del mar territorial, consagrados en el Art. 84 inc. 1º y 4º Cn., sustentada en el razonamiento que la norma constitucional no se refiere a las 200 mn como anchura del mar territorial, sino como una extensión mínima, hasta donde deben garantizarse las categorías de “soberanía y jurisdicción” estatal, que están sujetas y pueden ser moduladas por las regulaciones del derecho internacional.

Ello conduce necesariamente a los contenidos de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), suscrita en Montego Bay, Jamaica, el 10 de diciembre de 1982, para apreciar cuál es la modulación que el derecho internacional hace sobre los espacios marítimos bajo soberanía y jurisdicción estatales, particularmente al Art. 56 que establece los derechos, jurisdicción y deberes del Estado ribereño en  la zona económica exclusiva que, según el artículo 57, no se extenderá más allá de 200 mn.




RECOMENDACIÓN DE LA REDACCIÓN



Opine y Comente

Diario El Mundo abre este espacio de opiniones para que se pueda debatir, construir ideas y fomentar la reflexión. Por eso, pedimos que se evite hacer uso de ataques ofensivos, que incluyan malas palabras, de lo contrario nos reservamos el derecho de publicación.

Recuerde que este es un medio que está para generar opinión constructiva.