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Editorial & Opinion

Ser andaluz

viernes 13, febrero 2015 - 6:29 pm

Mi interlocutor afirmó, de un solo ramplón: Sin prensa libre no hay democracia, ni control del gobernante, ni nada. Allí está la esencia de lo que se plantea hoy en día en El Salvador, Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Europa y, en cualquier país que aspira ser considerado miembro de la comunidad democrática internacional. La aseveración inicial llegó por el caso España, Podemos y los partidos tradicionales. Mi interlocutor afirmaba con toda seguridad que España no es Venezuela, ni El Salvador ni Papúa Nueva Guinea (por decir de este último país, un territorio ignoto para la mayoría de nosotros), por lo que su cultura macerada a través de los siglos, haría imposible el ascenso al poder destructor de Pablo Iglesias, Monedero, Tania Sánchez e Iñigo Errejón, para configurar un proyecto nacional comunista sin ser marxista, o algo así).

España, a pesar de las pillerías cometidas por el PP y el PSOE junto a banqueros y contratistas hacedores de dinero fácil y seguro, cuenta con un sistema de controles como la prensa libre y el poder judicial que ha permitido enjuiciar a la mayoría de los pilluelos, entre ellos al propio yerno del ex rey Juan Carlos, la icónica Isabel Pantoja, al tesorero del PP, y a más de 100 funcionarios de medio y alto nivel, gracias a la bella y enigmática juez Mercedes Alaya, sevillana ella, llamada la dama de hierro de la justicia española, con la descripción que nos hace Oscar Wilde de la protagonista de La esfinge sin secretos. A lo que habría de agregar, que ha echado por tierra la teoría de que los andaluces que llegaron a América, eran una especie de pícaros en busca del provecho apresurado.

Impronta que nos ha separado del disfrute de la existencia societaria, civilizada, creíble y perfectible de las democracias exitosas que, como Canadá, despidió al ministro del Medio Ambiente cuando la prensa le publicó una foto, de joven, mostrando el producto de una cacería furtiva. O aquella famosa dimisión del Ministro de Defensa alemán en el primer mandato de Angela Merkel, cuando la prensa escudriñando su pasado descubrió y publicó que el ministro había mentido, se había asignado en su currículo, estudios que no había cursado.

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Eso se llama control social. Ese es un pueblo, una nación sabedora de sus derechos y obligaciones, respetando el significado de la ética y el orden jurídico que se han dado. Y ese debería ser nuestro objetivo nacional, el resto llegará por sí solo.

No ha podido nuestra región superar esa especie de maldición infundada que somos corruptos por quienes conquistaron América; España está demostrando que detrás de cada delito contra la cosa pública la sociedad civil actúa y sobreviene la sanción judicial, independientemente de quien lo haya cometido. Esto no sucede en nuestra región.


En Venezuela, por ejemplo, la mayoría de los altos y medios funcionarios en vez de currículo académico presentan prontuario policial. Lo mismo en todas partes, sabemos quiénes son, lo que hacen, dónde están, pero de alguna manera se sientan en nuestras mesas y deciden nuestro destino; quizá porque esperamos ese contrato oportuno, la dádiva o favor que termina por convertirnos en una sociedad de cómplices.

Ni la pudorosa Chile escapa del síndrome. Recién estalló un escándalo al cual el mundo político le busca impunidad; se trata de Sebastián Dávalos y su esposa, hijo y nuera de la presidenta Michelle Bachelet.

Él, encargado de asuntos socioculturales de la presidencia de la república; su esposa, accionista de una empresa inmobiliaria con un capital social de $9.600 que recibió un préstamo bancario por $10 millones, luego de una reunión sostenida entre el Presidente del banco, el hijo y la nuera de Bachelet.

El dinero fue para adquirir unos terrenos que luego revenderían por $15 millones, cuando la alcaldía correspondiente modificara su uso rural por el urbano.

La tentación del dinero es muy grande, cuando se descubre que aquello por lo que se luchó es un fracaso, y lo que resta es un gran vacío interior.




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