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Editorial & Opinion

Ser presidente de el salvador ya no es lo que era

Eduardo Cuéllar / Maestro en Ciencia Política y experto en Derecho Electoral

miércoles 21, diciembre 2016 - 12:00 am

OPINIONEntre las principales quejas ciudadanas contra los políticos está la falta de cumplimiento de sus promesas de campaña, probablemente, en la mayoría de casos, esto se debe a que una vez en el puesto asumen agendas diferentes a aquellas que les permitieron ganar la elección.

Sin embargo, en el ejercicio del poder existe un fenómeno que muchas veces es ignorado hasta por los propios políticos: el funcionamiento y las capacidades reales de las instituciones públicas difieren de la expectativa con la que muchas veces se asume un cargo. Es posible que se tengan las mejores intenciones, pero que las condiciones internas y externas no permitan que un plan de gobierno sea ejecutado. Según datos del IUDOP de la UCA, Salvador Sánchez Cerén supera por más de 21 puntos a los expresidentes Flores, Saca y Funes, en cuanto a quiénes consideran que está gobernando mal en su segundo año de gobierno, con un 50.6%de opiniones en ese sentido (IUDOP, 2016: 2).

Ahora bien, el presidente Sánchez ha tenido que gobernar en un contexto muy diferente al de sus predecesores, siendo probablemente el presidente con menor poder en la historia de El Salvador. Esto es así debido a la pérdida de las facultades reales para tomar decisiones e implementarlas. Politológicamente, cuando se estudia las facultades del presidente, no basta con revisar los artículos de la Constitución que regulan sus competencias formales, sino que es necesario determinar qué es lo que realmente puede o no puede hacer.

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Desde esta perspectiva, los presidentes salvadoreños cada vez tienen menos facultades; por ejemplo: deben trabajar con parlamentos no afines a su gestión, que no votan por leyes que den viabilidad a sus políticas públicas, sino que por el contrario, obstaculizan cualquier decisión que tomen. La causa la encontramos, por un lado, en la polarización del sistema electoral que no permite obtener amplias mayorías parlamentarias y, por otro, en la progresiva eliminación de mecanismos informales -que en algunos casos podrían ser incluso ilegales- para lograr acuerdos con partidos “bisagras”, diputados “tránsfugas”, o para controlar instituciones como la Corte Suprema de Justicia o la Corte de Cuentas.

Anteriormente, esto era posible sin mayores controles ciudadanos o institucionales, e incluso se defendió mediáticamente como “mecanismos democráticos”, que permitieron la venta de los activos nacionales, la dolarización del país, la aprobación de impuestos o presupuestos irregulares, entre otros.


Moisés Naím, en su libro “El fin del poder”, desarrolla su teoría de los micropoderes, que son aquellos pequeños actores que con su intervención son capaces de enfrentarse y vencer a los grandes poderes. Además, plantea como factores determinantes de esta nueva realidad las llamadas revoluciones del “más” (incremento de todo), de la “movilidad” (fin del público cautivo) y de la “mentalidad” (más educación y requerimiento de información).

Al aplicar esos conceptos a nuestro país se advierte que, efectivamente, ser presidente en El Salvador ya no es lo que era, debido a la pérdida de poder para tomar decisiones e implementarlas. Y me refiero a la institución presidencial, no a la persona que desempeña el cargo, pues esta situación sería igual independientemente del partido de Gobierno, a lo sumo, este proceso se habría ralentizado si el anterior partido hubiera gobernado otro período, pero no se hubiera detenido.

Dice Naim, que “aunque pueda parecer inequívocamente positivo que los poderosos sean menos poderosos que antes (…), su degradación puede también crear inestabilidad, desorden y parálisis ante problemas complejos”. Y, ciertamente, a pesar de que actualmente experimentamos un avance en temas como la rendición de cuentas, legalidad, buen uso de los recursos e incluso el combate a la corrupción; la institución presidencial pierde fuerza y eficacia, lo que eventualmente puede derivar en un desprestigio y debilitamiento del modelo democrático presidencial actual, por la insatisfacción de las necesidades de la población.

¿Debemos volver entonces a la época del oscurantismo presidencial en la que no se rendía cuentas y se validaba cualquier práctica que permitiera tomar acuerdos? Seguramente no. Sin embargo, teniendo en cuenta que el proceso de degradación del poder es irreversible, la clase política es responsable de dotar de estabilidad al sistema y para ello se debe garantizar espacios y condiciones de negociación razonables, que respeten el ámbito de decisión política del gobernante de turno y que le permitan implementar su programa de gobierno. Si a pesar de lo anterior, el desempeño de la función pública es deficiente, ya la ciudadanía podrá juzgarlo a través del voto, pero la institución presidencial seguirá vigente y fortalecida.




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