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Editorial & Opinion

Siguiente paso: el pacto fiscal

Armando Rivera Bolaños/Abogado y Notario

miércoles 11, octubre 2017 - 12:00 am

Es indudable que hemos entrado a una fase esperanzadora para todo el país, aunque un poco tarde para la administración del profesor Salvador Sánchez Cerén, pero es un logro histórico haber concertado el pacto revisor del sistema previsional, que permite avizorar una mejor perspectiva futura para el pago de pensiones y que el Estado cumpla con sus obligaciones crediticias que eviten, de hoy en adelante, el desastre de un impago. Sabemos que, como obra humana, no es una realización perfecta, admitimos que tiene sus fallas y debilidades, mismas que de continuar en el camino de la concertación armónica, pueden mejorarse con el transcurrir de los meses. Pero este acuerdo unánime, eminentemente patriótico y previsor, debe complementarse ahora con el ansiado pacto fiscal de la nación, para el cual, desde ya instamos al actual gobierno, a poner de nuevo su buena voluntad para acordarlo antes de que concluya su período constitucional, o que nos encuentre la próxima vorágine electoral.

Aunque no soy economista, tuve la oportunidad de estudiar, e incluso impartir, algunas materias relacionadas con este campo importante e interesante del saber humano. Con esta observación, mi trabajo de opinión viene a constituir una exhortación para que conocedores profesionales, ahonden y guíen adecuadamente a los sectores oficiales y partidos políticos a iniciar, cuanto antes, reuniones fraternas para lograrlo en el menor tiempo posible para que pronto redunde en el bienestar nacional. En principio, un pacto fiscal es un acuerdo basado en el diálogo y la concertación, donde se toman en consideración las ideas y aportes de los diferentes participantes, donde debe prevalecer el consenso y no la imposición que, a veces, se reviste de mala fe. El tema o marco de ese pacto fiscal, como dicen los conocedores consultados, debe tratar en primer lugar sobre la distribución y generación de los recursos económicos para el desarrollo integral del país. Ese es el punto esencial o básico de arranque.

La diferencia entre un pacto fiscal y una política fiscal, es necesario tomarla en cuenta, pues muchas veces las discusiones se pueden concentrar en solo uno de tales aspectos que, aunque coincidentes, tienen sus propias características. Es conocido que todo gobierno elabora su política fiscal, referida a planes para la distribución y generación de recursos económicos a cargo del Estado, pero coincide con el pacto fiscal en cuanto a llegar a un acuerdo sobre cómo distribuir e invertir esos recursos estatales en el bienestar de los habitantes del país y aquí se deriva la otra tarea: sobre esta base, el pacto fiscal significa que no debe excluirse a ningún sector determinado de la población de los beneficios y alcances de la política fiscal del Estado. Para los salvadoreños, en particular, la historia se repite con cada cambio de poder gubernamental, donde solo determinados sectores o gremios, incluyendo grupos económicos, han gozado de la preferencia estatal para efectuar o destinar en ellos sus recursos en diversos gastos e inversiones. O bien, emplear esos beneficios solo en determinados municipios afines al partido oficial de turno, como un medio propagandístico para sustentar campañas electorales que le permiten al oficialismo seguir en el poder estatal que, en resumidas cuentas, constituye una práctica ilícita, pues hacen subsistir una farsa corrupta a la que desean darle siempre un brillo democratizador y apegado a las leyes electorales previamente aprobadas, colocando adeptos en puestos que inciden en los resultados del escrutinio.

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Finalmente, un pacto fiscal además del uso adecuado y correcto de los recursos financieros estatales, velaría porque se atienda con eficiencia y efectividad al mayor número posible de habitantes, sin ningún distingo, de la salud, la educación de calidad, el bienestar económico y la llamada justicia social, sin omitir la seguridad pública y el goce de la propiedad privada, que por hoy son derechos constitucionales vilmente vulnerados por grupos delincuenciales, tanto comunes como pertenecientes al crimen organizado. Además, un pacto fiscal contribuirá a realizar reformas estructurales benéficas que den paso a la estabilidad política y un justo crecimiento económico, con políticas firmes y claras que favorezcan la inversión propia y extranjera, mismas que permitirían mejorar el nivel de vida, impulsando la competitividad del país y una mayor recaudación fiscal.




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