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900-millones

DEM

La emisión de $900 millones en títulos de deuda pública, congelada por la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), tras admitir una demanda en contra de la forma en la que se aprobó, será indispensable para evitar, por lo menos este año y el próximo, mayores problemas fiscales, advirtieron ayer analistas.

Tanto la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) como el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) consideran que, en el caso de que se declare ilegal la aprobación de esos $900 millones, el Ejecutivo probablemente regresará al congreso a solicitar un nuevo aval.

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Estos recursos servirían para amortizar la deuda en Letras del Tesoro Público (Letes), pagar devoluciones de impuestos, sufragar compras de bienes y servicios, entre otros.

Juan José Urbina, economista investigador del Icefi, plantea dos escenarios dentro de la posibilidad de que el Gobierno solicite una nueva autorización a la Asamblea. Uno de ellos es que la oposición exija, a cambio de aprobar la deuda, un compromiso similar al negociado y firmado en 2012, el llamado “Acuerdo para la sostenibilidad fiscal en El Salvador”, que contenía una serie de metas fiscales.

El otro escenario es que la oposición no apruebe bajo ninguna circunstancia estos $900 millones y esto generaría “serios problemas fiscales para el Gobierno”.

“Las implicaciones principales serían que el Gobierno no podría redimir las Letes de períodos pasados con esta deuda, lo que les obligaría a realizar ajustes presupuestarios para liberar recursos para el pago correspondiente”, indicó Urbina.

El asesor de Funde, Carlos Pérez, coincidió con Urbina en que  el Gobierno podría acudir a la Asamblea para solicitar nuevos bonos, pero también podría recurrir a suspender pagos a proveedores como en otros años o incluso, recortar gastos y sacrificar “necesidades básicas”.

La falta de emisión de estos títulos de deuda, dijo, “rompe toda la planificación financiera que el Gobierno preparó para este año”, pues generará problemas de liquidez y dificultades para cumplir compromisos.

Para las próximas semanas, dijo, la expectativa es que el Ejecutivo recurra a la emisión de más Letes, una situación también prevista por Urbina y que, además, consideró, generaría problemas para el próximo año.

“El saldo de Letes al cierre de 2014 ascendió a $328 millones, monto el cual, a mayo del presente año, reporta $509.2 millones, y siendo la restricción de emisión de Letes para el presente año un 30% de los ingresos corrientes ($1,324 millones),   podrían alcanzarse como máximo un monto total de  $815 millones (…). Si no se emite deuda a largo plazo, el Gobierno ya no podrá realizar gastos a corto plazo con financiamiento de Letes”, indicó.

Por su parte, Pérez estimó que El Estado necesita entre $900 y $1,000 millones al año para cubrir su déficit, y la mayor parte “la obtiene de las Letes y ya no tienen mucho espacio para emitir más, por lo tanto esos $900 millones eran como una burbuja de aire para el Gobierno para lograr respirar y sobrevivir durante todo este año e incluso, parte del próximo”, añadió.

Aunque no se esperaban un escenario como éste, Pérez recordó que todos los indicios apuntaban a que la Sala admitiese un recurso de este tipo por las irregularidades en la aprobación de esta emisión.

 

PRONTA RESOLUCIÓN

Consultado sobre la decisión de la Sala, el magistrado de dicha instancia, Florentín Meléndez, aseguró este jueves que buscarán resolver la demanda “en cuestión de semanas”. Indicó que, ese mismo jueves, se reunieron, informalmente, con la presidenta de la Asamblea, Lorena Peña, a petición de la funcionaria, quien les solicitó, dijo, “acelerar el paso”.

“Por el impacto y envergadura que tiene la medida cautelar, y una potencial sentencia estimatoria, nosotros vamos a actuar lo más pronto posible”, dijo, y aseguró que la resolución será apegada exclusivamente a la Constitución de la República.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, aseguró que la Sala “no comprende” la dimensión del atraso y debería consultar al Ejecutivo antes de emitir alguna resolución sobre la inconstitucionalidad de la aprobación de $900 millones, puesto que los miembros del gabinete son, a fin de cuentas, “los interesados” y “expertos” en el tema.

“No nos consultan a nosotros que somos los interesados porque la ley no nos da la categoría de legítimo contendiente en los juicios”, indicó el jueves.

 

 

Cuestionan aprobación

 

 

Primero intento

El 23 de abril, Fusades recordó que el decreto se sometió a aprobación y logró 55 votos a favor, 28 diputados de ARENA votaron en contra y la diputada Sandra Salgado de GANA se abstuvo.

 

Con este resultado se pidió un receso, tras el cual Salgado fue sustituida por el diputado suplente Wilfredo Gutiérrez. Se realizó una nueva votación y se obtuvo el voto 56 que faltaba.

 

Antiético

Por tal razón, Fusades afirma que el cambio de diputados fue “antiético” y sirvió para aprobar un decreto que según la Constitución, debía esperar seis meses para ser propuesto de nuevo.

 

 

Intención

Asimismo, el tanque de pensamiento señala que la sustitución de la diputada se hizo con evidente intención de cometer fraude a la Constitución y lograr determinada aritmética legislativa.

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