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Editorial & Opinion

Soberanía y constitución

Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional / Autor: Dr. José Luis Lovo Castelar

Viernes 20, Enero 2017 - 12:00 am

En el Título III de la Constitución de 1983, denominado “El Estado, su forma de gobierno y sistema político”, se declara en el artículo 83,  que  “El Salvador es un Estado soberano”. Esto representa una renovada proclama de existencia de nuestra Patria, de esta comunidad sociológica autodenominada República de El Salvador, constituida desde 1841 como entidad política independiente, con personalidad jurídica y autonomía.

Esta organización política está integrada por una población autócrata con su correspondiente nacionalidad, capacidad de libre autodeterminación, organizada y asentada en un territorio propio definido y delimitado; dispone de un gobierno formal, que en lo interno ejerce las jurisdicciones ejecutiva, legislativa y judicial, y que está dotado del poder coercitivo, incluso de la fuerza pública en la conducción administrativa y política, en la aplicación de las normas de derecho interno positivo y vigente, del derecho internacional y comunitario, en los límites prescritos por la Constitución, cuya correcta interpretación y ejecución incumbe en última instancia a la Sala de lo Constitucional.

El Estado salvadoreño dispone de un conjunto de competencias y jurisdicciones que le proporciona facultades y obligaciones regladas  jurídicamente, merced al atributo exclusivo distintivo de la soberanía nacional en sus diversas facetas.

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La soberanía interna lo autoriza a ejercer el poder superior legítimo, en la forma prescrita en la Constitución, sobre los habitantes y todo tipo de organizaciones, dentro de un marco de legalidad; en lo externo, la soberanía lo habilita como Estado parte de la sociedad mundial de países, en un plano de igualdad respecto a los demás y como parte de las organizaciones internacionales, conforme al derecho de gentes y a las convenciones.

Dice el artículo 83 Cn. que la soberanía del Estado salvadoreño reside en el pueblo, lo que excluye la idea alternativa que sea titular de ésta un rey o monarca, o una élite de gobierno colectivo, puesto que esa tipología de la soberanía popular determina un sistema político republicano y democrático, ante la posibilidad de otros tipos de gobierno.

También consigna el artículo 83 Cn. que el pueblo ejerce la soberanía estatal en la forma prescrita y dentro de los límites de la Constitución, lo que conforma con certeza al Estado de Derecho, donde impera la legalidad frente al autoritarismo, la arbitrariedad, la demagogia, la dictadura o tiranía, u otras estructuras enajenantes o desviadas del deber ser; asimismo, dispone de un régimen de división y equilibrio de poderes, órganos e instituciones, de mecanismos de frenos y contrapesos.

La Constitución o Carta Magna establece un “pacto social” que se vierte en una estructura formal de normas emitidas en nombre del pueblo, que mandan, prohíben o permiten. La Constitución es la Ley Fundamental del  país, que fija una forma de gobierno democrática y representativa, para buscar el bienestar social y las seguridades política y jurídica, así como el reconocimiento de los derechos del hombre mismo, que en su dignidad es  merecedor de un buen gobierno y del respeto y garantía de esos derechos y libertades fundamentales. Asimismo es de justicia mencionar que el ser humano también es sujeto de deberes con el Estado; en tal sentido, queda sometido a sanciones en casos de incumplimiento, y por faltas y delitos, teniendo en todo caso, derecho a un debido proceso.

Se afirma en el “Informe Único” de la Constitución de 1983, conocido como “exposición de motivos”, que lo más técnico y apropiado era dejar establecidas las limitaciones a la soberanía desde un punto de vista eminentemente jurídico, precisamente por el carácter jurídico de ese atributo máximo. La soberanía es absoluta, es un poder supremo que no admite sobre sí a ningún otro poder y no puede ser determinada más que por sí misma, pero en tal virtud, ese poder se auto restringe cuando es posible.

En efecto, el concepto moderno de soberanía es el de un poder superior,  dentro de una esfera de acción pre-determinada en la Constitución; su ejercicio se constriñe a un ámbito normativo preciso a cumplir por los funcionarios, que son mandatarios del pueblo, y éstos deben gobernar,  con transparencia, probidad, eficiencia y rendición de cuentas.



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