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Cuando sucedió la horrenda masacre de los padres Jesuitas y dos de sus empleadas domésticas en el interior de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), trabajaba para cierto periódico nacional y era, al mismo tiempo, corresponsal de otro medio que se editaba en la ciudad de Reno, Nevada. Los momentos eran peligrosos para todos en general, pues estábamos en medio del fragor criminal de la “ofensiva final hasta el tope”, misma que había ordenado el mando supremo de las tropas irregulares de la guerrilla, no solo en contra de las instalaciones militares de la capital, sino de hoteles y puntos diversos. Poblaciones circunvecinas estaban también asediadas por sus cuatro rumbos cardinales y se combatía por aire y tierra sin descanso alguno.

A sabiendas que un detalle pormenorizado de aquella masacre no me sería publicado en el país, opté por enviar el informe completo a los Estados Unidos donde se le dio amplia cobertura al trágico suceso, uno de los más emblemáticos del odio fratricida que soportamos por más de una década, inspirado en bastardas ambiciones de poder, más que en luchas sociales reivindicativas, como lo ha demostrado el pasar del tiempo. Realmente, desde mi óptica periodística, en esos momentos dolorosos, el asesinato colectivo de los sacerdotes jesuitas en tales circunstancias, podía ser un motivo propicio para incriminar, con falsas acusaciones, a los opositores de uno u otro lado en contienda. El hecho en sí se prestaba, de golpe, a cualquier hipótesis “creíble”. Sinceramente, cuando redactaba mi crónica para enviarla vía teletipo, mil y una dudas se revolvían en mi cerebro: si fue el gobierno o el ejército, ¿qué ganancia política pueden obtener con matar esos religiosos inermes? Y si fue la guerrilla, ¿no será un costo elevado e injusto, después que los sacerdotes fueron críticos que, de alguna manera, favorecían más al sector rebelde? Así, muchas inquietudes mentales, difíciles  de enumerar.

En mis libretas periodísticas de apuntes bélicos, a cinco lustros de aquellas escenas, quedaron ocultos ciertos actos de barbarie que la decencia y el deseo patrio de no cultivar más el odio irracional, me hicieron guardarlos bajo siete llaves, a tal grado que ni siquiera los releo, porque me puede “picar el gusanito” de responder a determinadas asociaciones e individuos, que no dudo quedarían “en suspenso” si conocieran a los autores de aquellos hechos reprochables, que en aras de la fraternidad es mejor olvidar para siempre. Precisamente, a propósito  de esa reciente y cuestionada orden de captura emitida por un juez español, contra militares salvadoreños en retiro y en edades avanzadas, con evidente deterioro físico y mental en algunos, por un deber moral me pronuncio en contra de ese malhadado fallo judicial extranjero, porque es evidente que dicho juzgador peninsular quiere enviar a prisión y posterior enjuiciamiento a un grupo de militares nuestros, sin estar informado que mucho antes de firmarse los Acuerdos de Paz en la ciudad de México en 1992, que pusieron fin al derrame de sangre salvadoreña, se estableció, entre las partes beligerantes, que como una condición “sine qua non” para esa firma trascendental, se debía aprobar una “Ley de Amnistía General”, de perdón y olvido, para todos los que participaron en crímenes de guerra, ya fueran de la guerrilla, o del ejército. Y si trataran de invocar ciertos tratados donde se especifica que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, sería inaplicable, primero, porque el país en conflicto, llegó a un arreglo bilateral sobre la referida ley. Y segundo, tampoco en el presente pueden tener efecto retroactivo, porque doctrinaria y constitucionalmente esos tratados, de retrotraerlos a 1992, serían perjudiciales y no favorables  a los señalados (Art.21 Cn.).

Permitir la captura y  extradición de ancianos soldados hacia España, sería un precedente insólito en la jurisprudencia salvadoreña y una sombra funesta para la administración del profesor Salvador Sánchez Cerén. Recapacitemos, tranquilamente, sin agruras hepáticas.

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