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Para aclarar un poco a nuestros lectores, queremos explicarles que las elecciones de primer grado son aquellas que el ciudadano ejerce el voto en forma directa, para elegir autoridades tales como alcaldes, diputados, o presidentes. En algunos países, los jueces son electos también en forma directa, es decir, elección de primer grado. Las de segundo grado, son las que realiza un órgano que ha sido electo en primer grado, como sucede  cuando es la Asamblea Legislativa la que designa al funcionario.

En El Salvador, la Asamblea escoge a algunos funcionarios importantes, como el caso del Presidente y Magistrados de la  de la Corte de Cuentas, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Procurador General de la República, y desde luego Fiscal General de la República, que es el funcionario que se está escogiendo en estos días.

El sistema fue pensado con la idea de escoger a los profesionales más capacitados para desempeñar tan delicados cargos.

Lamentablemente, la práctica ha desnaturalizado la teoría, y la realidad es muy diferente a lo que en abstracto se pensó que sería un buen método para escoger al funcionario. De hecho, la Asamblea Legislativa ha implementado una forma –a mi manera de ver, deficiente- para buscar al funcionario. Se ha dispuesto que el interesado en desempeñar el cargo se inscriba en un listado, y se someta a una “evaluación” de una comisión especial de la Asamblea, -creada para tal efecto- que interroga a los inscritos sobre los temas que a juicio de la comisión son pertinentes para desempeñar el cargo en forma eficiente.

Hasta acá, tenemos ya la eliminación de un buen número de profesionales que por cuestiones de ética son incapaces de ir a inscribirse a un listado para optar a un cargo. Una segunda observación, se refiere a que por lo general, los integrantes de la comisión evaluadora de la asamblea, no tienen la capacidad profesional para escoger a los mejores prospectos. Y, entonces, ocurridos y superados los problemas que esos primeros requisitos imponen, vienen los verdaderos elementos que deciden la elección: los compromisos que los aspirantes están dispuestos a aceptar de los electores, es decir de los diputados. Pero como de todos es sabido, los señores diputados pertenecen y obedecen a los partidos políticos, quienes a la larga son  los verdaderos electores. Claro, que los partidos tienen sus cúpulas que toman sus decisiones, y ay! de aquel diputado que se salga de la línea que dicte la superioridad. Entonces, se da el efecto de las negociaciones, en donde la capacidad profesional del aspirante al cargo, deja de tener valor efectivo, y es sustituida  por el factor “compromiso” con el partido político.

Es asi como hemos visto elementos muy valiosos en la lista de aspirantes, pero que por su honorabilidad son incapaces de asumir compromisos políticos, para acceder al cargo, y en esa orientación, son eliminados como opciones valederas para obtener buenos funcionarios, calificados.

Los resultados de semejantes combinaciones de elementos, al final desnaturalizan  las funciones de los órganos encargados de impartir justicia, en la competencia que les corresponde. De ahí que surjan dudas sobre la integridad de las resoluciones, como en el caso del juez que ha conocido del caso del ex presidente Flores, a quien se le señala (sin pruebas) de que su resolución ha sido para obtener el cargo de fiscal. No negamos que estos casos pueden estar  vinculados a hechos políticos, pero no necesariamente, como lo afirman algunos, o los presumen otros.

La realidad es que quienes deberán tomar estas decisiones, deben esforzarse en dejar una imagen de limpieza y capacidad en el funcionario electo, y alejar la ya cada vez mas frecuente impresión de que se escoge al funcionario en base a intereses o compromisos inaceptables  que empañen la justicia.

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