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Las comunicaciones y en especial la telefonía se han convertido en un servicio esencial, actualmente el 93 % de la población tiene acceso a ésta, en la modalidad móvil sobre todo, facilitando negocios y el intercambio social y familiar. Según SIGET en 2014 existían en El Salvador 969 mil abonados de telefonía fija -en descenso-; en contraste, habían más de 9.4 millones de líneas móviles activas –en ascenso-, las que con el desarrollo tecnológico integran nuevos servicios; así, más del 60 % de los usuarios de telefonía acceden a redes sociales y un 30 % a internet, incrementándose la comunicación y el acceso a la información, y con ello, por supuesto, también el aumento del gasto por consumo de telefonía en aproximadamente $1.24 millones diarios; crecimiento y cifra que nos indica lo lucrativo de este negocio.

Como todo servicio esencial la telefonía y sus servicios colaterales deben estar sujetos al escrutinio de las instituciones del Estado, garantes de los derechos del consumidor y de los propios intereses del Estado en general. Si bien estas empresas, como muchas, aportan al desarrollo del país, también es cierto que son las más cuestionadas por los consumidores a partir de los abusos que presuntamente cometen hacia éstos; por lo tanto, el Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General de Impuestos Internos, como la SIGET, en su calidad de ente regulador responsable de aplicar y velar por el cumplimiento de las normas que rigen estas concesiones, la Defensoría del Consumidor y la Superintendencia de Competencia, son idóneas para asegurar el control de estos servicios, sus condiciones y precios.

En la coyuntura de la aprobación y vigencia de la contribución especial para la seguridad y convivencia ciudadana (CESCC) cuyo objetivo es el financiamiento de una buena parte del plan El Salvador Seguro y que cubre en primer lugar un bono trimestral para policías, soldados y custodios de seguridad penitenciaria, retribución bien merecida para quienes arriesgan su vida cada día cumpliendo el deber de proteger a las familias salvadoreñas, se generó mucho malestar en la población por los cobros abusivos por parte de las empresas telefónicas, únicas responsables de efectuar la retención de la contribución.

De acuerdo a esta norma, por ejemplo, por cada dólar de saldo comprado en prepago, $0.11 centavos corresponden al IVA y $0.04 centavos a la CESCC, el resto, $0.85 centavos son de comunicación efectiva. Antes del 1 de noviembre de este año que se produjo la reducción de tarifas, con cada dólar de saldo aplicado a una línea de prepago obteníamos un promedio de seis minutos con siete segundos de servicio de llamada; actualmente, después de la disminución de hasta un 13 % de las tarifas, con ese mismo dólar pagamos el IVA, la contribución y obtenemos en promedio siete minutos con cuatro segundos de servicio de llamada; es decir, la reducción que se produjo permite absorber ambos tributos y a la vez gozar de más tiempo de comunicación.

Las empresas de telefonía, sin embargo, han incrementado su pliego tarifario argumentando desvergonzadamente que “el nuevo precio en recargas de saldo responde a una estrategia comercial”, cuando la contribución de ninguna forma les afecta, ya que sus jugosas ganancias crecen en la medida en que se ha ido expandiendo el mercado. Es importante señalar francamente que estas empresas muy poco contribuyen desde su responsabilidad social: por una parte, ha sido notoria su falta de voluntad para eliminar la señal telefónica por medio de bloqueadores dentro de los centros penitenciarios, ganancias perversas y manchadas por la pérdida de vidas inocentes de la población; y por la otra, dolosamente eliminaron toda la red de teléfonos públicos en el país, así como las oficinas municipales de comunicaciones antes conocidas como ANTEL, desde donde se proveían muchos servicios a la comunidad.

Para salvaguardar el interés de la ciudadanía considero necesario que las instituciones de manera enérgica impidan la renovación de concesiones a empresas que reiteradamente violan las normas. No parece casual que las telefónicas modifiquen las “denominaciones”, incrementando el valor de las recargas. Objetivamente hay un incremento de precios que no se corresponde ni con la contribución, ni con el IVA sino con el aumento en los márgenes de ganancia. Además, los pequeños distribuidores de saldo temen que estas empresas les reduzcan su comisión por intermediación y como colofón los consumidores no están seguros de que estén obteniendo el tiempo de servicio por el que están pagando. Entonces, deben establecerse mecanismos de auditoría para verificarlo, una debida supervisión de los contratos y la comprobación de si las ventas y ganancias de las telefónicas se corresponden con los impuestos que reportan.

También es imprescindible que la Asamblea Legislativa regule a la brevedad servicios no incluidos en la Ley de Telecomunicaciones: mensajería de texto, suscripción de televisión por cable e internet. Asimismo es la oportunidad en esta materia para que se puedan construir faros de vigilancia de los derechos del consumidor desde la sociedad y además puedan introducirse cláusulas que reivindiquen el interés general en las concesiones, asegurando, cuando menos, el envío de información oportuna en situaciones de emergencia. Estamos mucho más comunicados que hace pocos años pero hemos pagado mucho para ello.

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