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Editorial & Opinion

Tengamos confianza en orden jurídico

Armando Rivera Bolaños / Abogado y Notario

martes 27, junio 2017 - 12:00 am

Contaba mi padre que hacia 1911, siendo mandatario del país  el Dr. Manuel  Enrique Araujo, médico usuluteco educado en Francia, se desató en la campiña salvadoreña un “bandolerismo” criminal ante cuyo auge las autoridades de la época parecían ser impotentes. Las quejas de los hacendados, cafetaleros y agricultores se dejaban escuchar por diversos medios. La sociedad entera palidecía temerosa de que aquellas pandillas dejaran su ámbito rural y penetraran a las poblaciones urbanas. En tales circunstancias, apremiantes y aflictivas, el doctor Araujo que había observado el funcionamiento de la Guardia Civil española, tuvo la iniciativa de entrar en contacto con autoridades de la Madre Patria y fue así, relataba mi progenitor, que pocos meses después del asesinato de Araujo, ya en el mandato de don Carlos Meléndez, llegó la primera misión militar española que fue el organismo pionero que dio vida al cuerpo policial rural conocido como “Guardia Nacional de El Salvador”, cuyos elementos combatieron la criminalidad imperante en el agro e hicieron realidad el respeto a las leyes del país…por muchos años.

Traigo esta narración motivado por la lectura de los principales diarios escritos del país, el pasado jueves 22 de los corrientes, cuando recordaba mi profesión magisterial y mis años de estudios en la Escuela Normal de Varones  “Alberto Masferrer”, pues no pude menos que sobresaltarme al ver los titulares de portada de todos los medios: “Acusan a 15 soldados y 4 policías de 36 muertes” y al adentrarme en sus páginas interiores, resaltaba la nota que literalmente expresaba: “Alcalde (usuluteco) entregó al menos $39.000 a pandilleros MS” y otras cosas similares. Para colmo, mi empleada doméstica puso la salsa que faltaba: “¡Por Dios, don Armando! ¿En quién vamos a confiar de hoy en adelante?”. Considero que esa misma inquietud de mi humilde empleada, se debe haber repetido en los labios de miles de personas a lo ancho y largo del territorio.

Por eso considero que uno de los máximos compromisos que debemos adquirir los profesionales del Derecho y de las Comunicaciones, es infundir confianza a la población entera, que esos hechos alarmantes, no son ni representan la generalidad del comportamiento de las autoridades policiales, ni de los miembros de la Fuerza Armada, mucho menos de las instituciones jurídicas y de las autoridades municipales salvadoreñas. Es hora de que no tratemos de generalizar conductas típicamente antijurídicas y reprochables, con la conducta respetuosa y ajustada al orden jurídico de la República, cuyo principal fundamento son las normas constitucionales.

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Mucho más despreciable sería que sectores políticos quisieran aprovecharse de estas situaciones infaltables en el quehacer cotidiano de las naciones, para sacar provechos electoreros mediatos e inmediatos. Sería una actitud antipatriótica y contraproducente que podría hasta alterar el orden institucional y eso sería tan peligroso, como el accionar de las pandillas, de sus secuaces y colaboradores.

En el sistema policial salvadoreño se han hecho avances significativos, desde que egresaron las primeras promociones en 1992. Sabemos que por medio de la Academia Nacional de Seguridad Pública, desde su fundación, se han establecido patrones de control de quienes ingresan como alumnos de la entidad, para detectar oportunamente pertenencias a grupos delictivos o inclinaciones conductuales anómalas.


Esa labor de verificación de antecedentes supongo que debe continuar su marcha ya dentro de la misma Policía Nacional Civil, jefaturas y delegaciones. Hay toda una legislación policial muy significativa, sin cuyos lineamientos legales esos controles no existirían o se efectuarían “a lo loco”, con lo que,  seguramente, un gran porcentaje de agentes podrían estar implicados impunemente en hechos delictivos; eso es de lógica considerarlo para no alarmarse innecesariamente. Solo el hecho que la Fiscalía General de la República haya contado con la colaboración y apoyo de los mandos superiores de la PNC y la Fuerza Armada, para que esos individuos y funcionarios edilicios, fueran detectados, investigados y capturados, son señales claras, determinantes y confiables, que la institucionalidad jurídica salvadoreña sigue funcionando a plenitud, de conformidad a la Constitución de la República y demás leyes del país. Que faltan senderos por recorrer, es muy cierto. Roma no se hizo en un solo día. Mantengamos calma y confianza. Nuestra nación se mantiene firme ante la embestida criminal.




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