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Editorial & Opinion

Terrorismo de estado

Juan José Monsant Aristimuño / Exembajador venezolano en El Salvador

sábado 1, julio 2017 - 12:00 am

La Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, ha sido militante de la izquierda desde sus tiempos de estudiante. No sé si del Partido Comunista o de uno de esos tantos que han pululado, con siglas jeroglíficas terminadas todas en liberación, revolución o popular. Nada nuevo para El Salvador o cualquier país de nuestra región. Hasta existió una izquierda cristiana, mucho antes que apareciera Leonardo Boff en Brasil, Gustavo Gutierrez en Perú y muchos más, tanto en América como en Europa, católicos y protestantes.

El substrato es correcto, el problema está utilizar metodologías de corte marxista o materialistas para interpretar las causas de la desigualdad social. No se puede evadir este mandato bíblico, y menos a quienes le corresponde por obligación de opción de vida. Tampoco subordinar el estudio de ellas y sus alcances a lo meramente económico, obviando lo sagrado espiritual.

El hecho es que la Fiscal designada por el Ejecutivo desde el 2007, y nombrada por la Asamblea Nacional, conocedora ella del ordenamiento jurídico penal, fue leal al proyecto político instalado por chavez (no se cual fue, por lo tanto no lo denomino) hasta que no pudo más. Su formación no fue castrense, venía de la izquierda militante de los setenta, todo lo contrario al esquema de un Narcoestado que se incrustó en el gobierno. Ante los primeros asesinatos realizados por la Guardia y la Policía Nacional contra jóvenes y mujeres, a quienes disparaban a matar o les arrollaban con sus tanquetas blindadas, optó por señalar a las autoridades militares la violación de la Constitución, al utilizarse armas letales para contener manifestaciones públicas.

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Por supuesto, fue acusada por sus antiguos, de traidora, insania mental y agente de la CIA; hasta que finalmente el Tribunal Superior de Justicia (mejor conocido como el bufete del PSUV), la suspendió del cargo, le dictó prohibición de enajenar o gravar sus bienes y la salida del país.

Ella, bien informada y digna, desconoció la autoridad del alto Tribunal, le recordó a la Asamblea Nacional que no estaban en desacato y les instó a ejercer su mandato constitucional. Finalmente, afirmó que el gobierno había convertido a Venezuela en un Estado Terrorista, según la doctrina y la legislación internacional.


Todo ha sido muy bochornoso y doloroso para venezuela. Y hasta para la región, porque salen fortalecidas las pretensiones delincuenciales de algunos gobiernos, de creerse por encima del Pacto Social y la Constitución. Hasta la Cristina Kirchner pretende volver al poder, luego del descomunal enriquecimiento e impunidad generalizada ocurrida durante su mandato, en complicidad de su partido y de las famosas Abuelas de la Plaza de Mayo. Por eso nuestra alerta constante es la vigilancia, el asumir el orden legal, el gobernar para el todo y no para un partido, clase social o ideología. Por ejemplo, esas pretensiones que se observan por controlar la Sala Constitucional, es solo el comienzo de gobernar por la libre, y le corresponde a las nuevas generaciones abogar e instaurar un orden jurídico democrático, donde la trasparencia sea la virtud publica y la impunidad erradicada.

La culminación de la degradación, que ratifica el carácter dictatorial y el talante de sus integrantes, fue la toma de la Asamblea Nacional por parte de la Guardia Nacional Bolivariana, cuando el pasado martes procedieron a introducir al recinto legislativo numerosas cajas identificadas como del Consejo Electoral; y ante la sorpresa de los diputados y sus preguntas, la respuesta de los militares insultarlos, agredirlos y cerrar filas detrás de sus escudos de combate. Para, finalmente, el responsable de la protección de la sede legislativa y de sus diputados, el coronel de la GN Bladimir Lugo Armas, terminar gritándole, manoteándole y empujando al diputado Julio Borges, al propio Presidente de la Asamblea Nacional. Mientras, afuera, una concentración de colectivos lanzaba piedras y cohetones a los diputados con la pretensión de tomar el Congreso, bajo la mirada indiferente y cómplice de los uniformados llamados a protegerlos.




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