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OPINIONEn la teoría de Kelsen, citado por Enterría, el tribunal constitucional no es un simple organismo que ejerce jurisdicción, autorizado para impartir justicia conforme a las leyes, en el marco de una competencia, ya sea por razón de la materia, del territorio, de la cuantía, etc. que sigue los ámbitos que la jurisprudencia y la doctrina le han asignado de acuerdo a su naturaleza, en los que jurisdicción y competencia tienen reserva de ley. Un tribunal genérico es aquel que aplica una norma previa a hechos concretos. ¿Hace esto la Sala de lo Constitucional en los casos de inconstitucionalidad de las leyes? García de Enterría citó a Kelsen así para establecer la diferencia: “un tribunal constitucional no enjuicia hechos concretos, sino que se limita a controlar la compatibilidad entre dos normas igualmente abstractas.” (Ley y Constitución).

En los juicios de amparo constitucional, se supera el hecho del simple cuestionamiento abstracto de normas, porque ya existe un sujeto de derechos y otro de deberes, o sea, que hay derechos subjetivos, sobre los cuales resolver. El tribunal constitucional salvadoreño actúa únicamente en la determinación del derecho, pero la ejecución de la sentencia sigue reservada a los tribunales comunes, lo cual es una muestra de nuestro atraso en la materia. Sin embargo, el primero de los argumentos en caso de inconstitucionalidad, es que se niega la calidad de tribunales a los organismos estatales cuando precisamente actúan en casos de incompatibilidad de las leyes por razones de inconstitucionalidad.

En los juicios de amparo el argumento kelseniano se precisa así: ya no se trata de la determinación respecto a normas igualmente abstractas. Afirma García de Enterría que una interpretación decisoria en el caso de inconstitucionalidad es para evitar que las normas legales sean abrogadas directamente, por lo que según el modelo norteamericano se trata de control difuso en el que cualquier juez puede declarar la incompatibilidad de las normas, con el peligro o inconveniente que ello tendría si diera pauta a un Gobierno de los Jueces, tan nefasto como un Gobierno de Asamblea, lo que Europa quiso evitar en las circunstancias de la preguerra mundial (Eduardo García de Enterría, La Constitución y el tribunal constitucional, CIVITAS, Madrid).

Por tanto, el tribunal constitucional ya no sería un ente jurisdiccional, sino que en la teoría de Kelsen, se trataría de un colegislador. El tribunal constitucional es un legislador, y su rol en el Estado es más político que jurídico: es un órgano que abroga las leyes hasta ese momento perfectamente eficaces. El efecto abrogatorio trasciende y ello explica y aclara el efecto erga omnes de las sentencias anulatorias. El acto jurídico del juez tiene fuerza legislativa puesto que el tribunal constitucional es un legislador, sólo que un legislador negativo. “El poder legislativo se ha escindido en dos: el legislador positivo, que toma la iniciativa de dictar y de innovar las leyes y el legislador negativo, que elimina aquellas normas que son incompatibles con la superior norma constitucional”. (Ibídem).

Esta teoría influyó en los tribunales constitucionales de la primera post guerra (Austria, España 1931); también en la segunda posguerra, pero con matices diferentes, pues los efectos de un legislador abusivo, que anula todo lo que había logrado el Estado de Derecho, un legislador que llevó al mundo a un sacrificio de millones de personas, obligaría a sacar de su control la validez de las leyes y pasarlo a verdaderos tribunales que en forma independiente determinen la constitucionalidad de las leyes. En fin, no se adoptó el modelo kelseniano del legislador negativo, que declara la inconstitucionalidad ex nunc (para el futuro); nunca ex tunc, porque entonces perdería la calidad de legislador negativo. Se adoptó el modelo norteamericano de tribunal jurisdiccional, carácter que aquel jurista niega.

¿Por qué surge esta teoría? Este sistema contrarresta la pretensión judicial que en algún momento existió del gobierno de los jueces, que proclamaba que en algunos casos los jueces podrían resolver sin observar la ley; así ocurrió en Alemania, Francia y Estados Unidos.

Cabe mencionar que en algunos países, el amparo es conocido y resuelto por otros tribunales (Chile); sin embargo, en Alemania, art. 93; 4.a ; España, art. 161. b; en El Salvador, art. 174, el amparo es conocido y resuelto, por los respectivos tribunales constitucionales.

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