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Política

¿Tiene la Sala de lo Constitucional un criterio para resolver sus casos?

Redacción Política

Viernes 26, Mayo 2017 - 11:14 am

Luego de la sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el partido de Gobierno y organizaciones afines iniciaron una ola de acciones contra la Sala de lo Constitucional. Primero, se anunció que todos los martes se protestaría frente a los portones de la Corte; ese día los manifestantes amenazaron a los magistrados con irlos a sacar de sus casas. El martes siguiente, la Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia (Asgoju) pidió a la Asamblea Legislativa una comisión especial que recomiende destituir a cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional. Este lunes, diputados del FMLN preguntaron a la Oficina de Acceso a la Información Pública de la CSJ qué criterios utiliza la Sala de lo Constitucional para decidir estudiar una demanda y no otra.

El magistrado de la Sala de lo Constitucional Rodolfo González Bonilla explica los criterios de resolución, reacciona a las amenazas públicas contra la Sala y anuncia medidas y próximas resoluciones:

El FMLN pidió esta semana una explicación sobre los criterios que utiliza la Sala de lo Constitucional para seleccionar los casos que resuelven. ¿La Sala tiene criterios para definir los casos o no?

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No los tenemos expresamente formulados pero, incluso en declaraciones públicas, hemos dicho que para nosotros el criterio determinante es el cronológico, vamos resolviendo los casos más antiguos; aunque en algunas ocasiones, cuando hay leyes de vigencia temporal, por ejemplo ley de presupuesto, que mandarlos al final de la cola implicaría que cuando toque emitir la sentencia la ley ya ha perdido sentencia o, por ejemplo, leyes electorales que, si no se resuelven a tiempo para que se adopten las providencias, por ejemplo por el Tribunal Supremo Electoral, sería ya inoficioso después de pasado el evento electoral sentenciar; en esas ocasiones, cambiamos la regla cronológica.

Pero se puede ver con nuestros informes de los avances que vamos dando, de la resolución de la mora, que se está resolviendo los casos antiguos. En este momento, si quitamos los años 2016 y 2017, tenemos 150 casos de los años 2013, 2014 y 2015. Ningún hábeas corpus, muy pocos amparos y la mayoría inconstitucionalidades, donde no hay ninguna persona en concreto que está sufriendo agravios, sino que son hasta dudas académicas, se van resolviendo pero, si hay que resolver por ejemplo ley de presupuesto, que si la mandamos a la cola nos tocaría resolver a mediados del otro año, cuando ya no tendría sentido, ahí, se rompe la regla cronológica.

En el caso del Sistema Integrado de Transporte del Area Metropolitana de San Salvador (Sitramss), ¿por qué se resolvió la medida cautelar después de dos años?

Fue en el año 2015 y estamos justamente sentenciando los casos de 2015. Ahí usted puede comprobar en las agendas de lunes, miércoles y viernes que se están agendando casos de 2015 y que se están resolviendo. Y medida cautelar dos veces se había pedido pero, según las intervenciones del presidente de la República y el fiscal, no se tenía claro cuál era la situación legal hasta que intervino el ministro de Obras Públicas, pidiendo intervenir como tercero y que se le habilitó en el proceso. Él fue el que, vamos a decir entre comillas, confesó que no se hizo licitación y ni hay concesión; según los elementos de juicio que tenemos parece que se incumplió el artículo 120 de la Constitución. Entonces, ante el riesgo, dijimos: “Hay más actores procesales interviniendo, además del típico demandante, Asamblea y Fiscal, ahora, hay un ministro de Obras Públicas, hay una Asamblea y parece que la semana pasada también los empresarios propietarios del Sistema, esto hace más complejo y, si se manda a una Sala suplente, que casi arranca de cero en el caso, ante el riesgo de que se empantanara el caso, adoptamos la medida cautelar.

¿Qué opina de las peticiones de destitución de magistrados de la Sala de lo Constitucional y las amenazas de personas que han protestado frente a la Corte Suprema de Justicia?

(Para promover un) antejuicio, tiene que establecer un delito oficial o común vinculado con el cargo, no he visto yo posicionamientos concretos. Luego, destitución libre, la Constitución dice que la Asamblea elige por dos tercios y destituye por causas legalmente establecidas. Ni siquiera se ha tomado el trabajo la Asamblea de definir causales de destitución… Tendría que hacer un antejuicio, a petición del Fiscal, eso dice la jurisprudencia, así hemos interpretado, no puede por simple iniciativa de diputados y tendrían que comprobarnos algún delito que hubiéramos cometido.

Las protestas por decisiones son lo más normal en una democracia, lo que hemos rechazado son las expresiones violentas, a veces espontáneas, a veces azuzados por funcionarios del Ejecutivo y diputados que, incluso, han acompañado frente a la Corte con acciones de violencia. Eso es lo que hemos rechazado. Se acepta la disidencia y lo importante es el cumplimiento del fallo, y hemos dicho que no habrá medidas coactivas sobre los funcionarios porque no nos corresponde, sino medidas de seguimiento que permitan el cumplimiento final de cada sentencia que se emita.

Le pongo un ejemplo. Con el tema de democracia interna de partidos y de financiamiento de partidos, nosotros no hemos dicho que vamos a sancionar penalmente a ningún diputado, ni a ningún representante de partidos, hemos dicho que en seguimiento no se autorizará si se hace en contravención de la decisión de la Sala, la Sala lo anulará, en el otorgamiento de deuda política, a la inscripción de candidatos de partidos que no cumplan con el fallo.

Con el tema de fijar una tasa justa de mercados para los CIP (Certificados de Inversión Previsional), por ejemplo, que está pendiente de cumplirse, hemos dicho que vigilaremos y es parte de lo que veremos con la Ley de Presupuesto 2017, si está dotándose al Ejecutivo de los recursos necesarios para el pago de los CIP con las tasas correspondientes. Es decir, hay medidas de seguimiento que estamos dispuestos a dar y no tienen nada que ver con medidas coactivas, sino con medidas de otro tipo, que permitan asegurar el fallo. La disidencia es normal, la violencia, es decir, una especie de resistencia violenta, no es tolerable y el Tribunal tiene que cerciorarse que esos fallos sean cumplidos.

La Sala dijo que iba a esperar hasta cierto tiempo para emitir resoluciones en torno a las elecciones, ¿se pudiera esperar más resoluciones en el tema electoral?

Ya no tenemos nada pendiente, salvo un caso que se refiere a algo que no afectaría mayor cosa a los partidos o al Tribunal, porque sería del momento de inscripción de candidaturas, que sería por agosto, septiembre, y es que hay un caso en el que se ha impugnado la regla que se estableció en el Código de que, para inscribir candidaturas no partidarias, se tiene que acompañar de 50,000 firmas, estaríamos verificando si ese requisito es razonable o desproporcionado y que produjera el efecto de inhibir candidaturas no partidarias, que es margen de la libertad de opción que debe tener el votante en nuestra jurisprudencia. Entonces, podíamos emitir un fallo de ese tipo para asegurarnos que los votantes tengan el espectro de opciones.



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