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Indudablemente que la presión ciudadana está rindiendo frutos positivos para que las instituciones gubernamentales garantes del manejo de fondos públicos, investiguen, informen y demanden ante la Fiscalía General de la Republica a todos aquellos exfuncionarios que han tenido responsabilidad en el manejo discrecional de fondos públicos. Sin dejar de investigar casos recientes de funcionarios que han sido involucrados en actos arbitrarios de asignación de recursos y pagos inapropiados en licitaciones.

En consecuencia, la ciudadanía y las demás fuerzas vivas deben continuar presionando a la Sección de Probidad, al Instituto de Acceso a la Información Pública, la Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia de la República de El Salvador, para que cumplan con el rol asignado por mandato de la Constitución, e informen, defiendan, denuncien y demanden a todas aquellas personas que se han enriquecido sin justa causa a costa de los bienes públicos.

De modo que el rol de Probidad y Transparecía debe y tiene que ser investigativo, ético, objetivo y preventivo, sin apegos partidarios, ni tapaderas de acciones anti éticas de funcionarios pertenecientes a su misma línea ideológica. Por ende es importante que se investigue el actuar de exfuncionarios en los casos de  FECEPE, Diego de Holguín, Infocentros, CEL-Enel o  las construcciones fantasmas de Minsal, en los cuales pudo existir alguna malversación o ilegalidad en el manejo de fondos públicos.

Pero también es cierto que se debe de investigar con la misma energía la firma del acuerdo de arreglo directo entre el Gobierno y la empresa Astaldi por $108.5 millones, pese a que la empresa beneficiada dejó abandonada la obra de la presa hidroeléctrica El Chaparral, y aún así  fue avalada por el expresidente de CEL, y cinco directores más, entre ellos dos suplentes, según detalla el acta de sesión 3521 celebrada el 5 de junio de 2012.

En ese mismo orden de ideas y en aras de la transparencia es fundamental que haya un pronunciamiento enérgico de parte de la Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia, con respecto del exdiputado que ha incrementado en un 600 % su patrimonio, dado que cuando era directivo de la Asamblea Legislativa adquirió propiedades del IPSFA, a nombre de una sociedad que fundó con uno de sus asesores.

En este caso no solo se violentó la ley orgánica de la Asamblea Legislativa con respecto al conflicto de intereses dado que concurría las dos calidades en ambos funcionarios por un lado eran socios y por otro lado eran empleado y jefe, además de ello se violentó la Constitución Art 128, dado que prohíbe que un diputado sea contratista, esto significa en términos de contratación no solo que el Estado otorgue una concesión de un servicio o un bien a un particular, sino que apela a todo tipo de contratos, incluyendo la compraventa de bienes propiedad del Estado.

Pero se podría ir más allá en el combate al nepotismo y actos anti éticos, se le podría exigir en estos momentos a la Seccion de Probidad y el Tribunal de Ética Gubernamental, que explique porqué no se han pronunciado ni  sancionado aquellos funcionarios que tienen familiares trabajando en dependencias del Estado cuando hay una prohibición expresa que los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad no podrán ser contratados.

De manera que  la seriedad en una denuncia o una investigación que realice la Seccion de Probidad o la Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia, debe recaer sobre la parcialidad y ecuanimidad con la que actúa para acusar a un determinado funcionario. Sin embargo, se ha podido ver cómo se instrumentalizan las instituciones públicas, para perseguir a ciertos funcionarios, pero se excluyen a los compañeros.

Con ello no estoy diciendo que no se investiguen los actos de corrupción, al contrario, creo que la corrupción, independiente de donde venga, tiene que combatirse. Pero el asunto es más de principios, es decir, o todos en el suelo o todos en la cama, de modo que se debe ser igual de enérgicos con la persecución de la corrupción que se da o se dio en la derecha como en la izquierda.

 

 

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