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Editorial & Opinion

Todos son políticamente responsables

Aldo F. Álvarez / Abogado y catedrático

Jueves 27, Abril 2017 - 12:00 am

En nuestro país toda propuesta política partidaria entre las dos fuerzas políticas principales, termina siendo “engullida” por la vorágine ideologizante de las antípodas que termina convirtiendo en “insignificancia” o en “propuesta interesada”, cualquier iniciativa contraria, aun y cuando pudiera estar basada en un interés racional de país. Así funciona este sistema dentro del modelo de la “partidocracia” como determinante de las decisiones y actuaciones políticas de parte de los partidos. En estas condiciones, el diálogo se ha vuelto casi imposible.

Política significa escuchar, dialogar, consensuar, buscar acuerdos, tratar de llegar a entendimientos mínimos a fin de garantizar la gobernanza y la gobernabilidad, y que ésta sea lo más democrática posible. Pero debe cuidarse un gobernante de ver al diálogo como una herramienta pasajera, transitoria, momentánea o provisional para lograr ciertos objetivos inmediatos o de corto plazo, sino más bien debe ser vista y asumida por el gobierno como una política pública en sí misma, de una naturaleza inherente a su actuación y ejercicio de gobierno, y como una herramienta imprescindible en el ejercicio del poder, como un mecanismo del diario gobernar. El diálogo permanente debe ser visto en el contexto del ejercicio del poder, establecido para lograr determinados objetivos relacionados al ejercicio de gobierno, a fin de crear un adecuado clima de gobernabilidad, y que en últimas se pueda dar satisfacción plena a las necesidades de los gobernados.

Para lograr una adecuada gobernabilidad debe asimismo haber una coordinación efectiva entre órganos del Estado. Esta coordinación efectiva se puede lograr a través del diálogo entre actores políticos interorgánicos, pero también con los actores político-partidarios, en tanto facilitadores del ejercicio del poder y coadyuvantes al logro de los fines del Estado en función de los ciudadanos.

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Pero lejos de actuar los grandes partidos del país bajo la ética de la responsabilidad política frente a los grandes intereses de las mayorías por encima de sus intereses electorales -“electoreros” dirían algunos- éstos han preferido actuar con base a sus intereses particulares, fundamentados en cálculos políticos perversos. Perversos decimos -y no le puedo llamar de otra forma-, porque me parece que la posición de ARENA lejos de apegarse estrictamente a una “defensa” sincera de los intereses de la población a partir de la situación de impago en que cayó el gobierno hace un par de semanas, me parece que ya obedece a un festinado propósito de “quebrarse” ya al gobierno -aunque para ello se lleven de encuentro a todo el país y a la economía nacional en su conjunto, pues quizá “calculan” que no debería de ocurrir tal circunstancia cuando ellos ganen las próximas elecciones y menos para la presidencial que en sus “cuentas” esperan sólo “ir a traer” ante la “hecatombe” financiera y económica que esperan propiciar para inculpar al gobierno de ello, repito, sin importar si con ello se llevan de encuentro al país.

Pero por otro lado, también me parece perverso que la “solución” que se ha decidido para resolver lo del impago, a partir de la modificación de la Ley del Presupuesto General de la Nación, fue lograda con los votos de los partidos políticos excepto ARENA, lo cual podían haber hecho desde el inicio, aún antes de caer en situación de impago y evitar tal circunstancia, pero prefirieron impulsar el camino de los préstamos -a los que ARENA se negó a dar los votos-, para así inculpar de caer en impago al partido de oposición, aunque ello haya implicado hacer caer en impago al país, que le ha implicado un “default” parcial, una baja de la calificación del riesgo país, lo que encarecerá el crédito, los intereses que deberemos pagar para obtener crédito internacional, lo cual al final terminaremos pagando todos. Por ello afirmo con contundencia que todos son responsables de lo que ha ocurrido y que lo último que les ha importado son los intereses del país.


Finalmente, y si bien es cierto se debe fomentar el diálogo con todos los actores políticos del país –y más allá-, también el gobierno debe tener claridad y capacidad de determinar que por muchas diferencias que tenga con la oposición política de ARENA, saber cuando es necesario e imperioso un diálogo bilateral, especialmente cuando dependa de la oposición política la aprobación de figuras de endeudamiento que requieran mayoría calificada. No porque esté “legitimando” al adversario político, sino porque la ética de la responsabilidad en el gobierno le obliga a tener “cabeza política” para hacerlo.




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