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Ana Guadalupe Martínez, excombatiente del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y fundadora de FMLN.

Para la excombatiente del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y fundadora del FMLN, la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz de 1993 fue el “sello” que permitió un consenso para firmar los Acuerdos de Paz. Reconoce que, tras la declaratoria de inconstitucionalidad, pueden abrise investigaciones penales. Avala la decisión de la Sala que, tras declarar la inconstitucionalidad de la ley, se regule desde la Asamblea Legislativa el proceso de reparación de las víctimas.

 

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¿Debía o no declararse inconstitucional la Ley de Amnistía de 1993?

Mi consideración es política, porque no soy abogada. La Sala hizo más un enfoque jurídico, por lo tanto, no puedo establecer un juicio de valor a si era jurídicamente apropiado o no. Ahora, lo que sí yo defiendo es que políticamente, hace 25 años, era imposible un Acuerdo de Paz sin una amnistía. A 25 años cuando ya no hay masacres, el Ejército ya no es poderoso, los partidos han tomando el mando del país a través de las elecciones, donde los civiles tienen el poder en sus manos, pues, es más complicado juzgar porque es otra circunstancia. En aquel momento, hay que ponerse en aquel contexto, para haber tomado aquella decisión.

 

La sentencia plantea que la amnistía de 1993 era absoluta, amplia, general e ilimitada. ¿Considera que estos componentes impedían el derecho a saber de las víctimas y mantenía la impunidad?

En aquel momento, para que todo se estabilizara y pudiera avanzar el proceso de paz, pues sí, era una manera de decir no va a haber apertura de juicio. En el mismo Acuerdo de Paz quedó establecido que lo que concluyera en la Comisión de la Verdad no era concluyente con los procesos judiciales y precisamente porque quedó esa cláusula. Porque si se abrían procesos judiciales a un año de haberse firmado la paz, cuando el FMLN comenzaba a hacer sus pininos políticos, cuando la población todavía temía que se volviera a la guerra, era lógico que quedara sellada la posibilidad de no juicio en aquel momento.

 

¿Cuáles son algunas repercusiones políticas que se avecinarían tras la declaratoria de inconstitucionalidad?

Lo que está ocurriendo no solo no va a ser de solución rápida, sino que va a llevar su tiempo, porque son procesos complejos. En el caso de El Mozote fue hace 35 años. Algunas gentes ya murieron, tanto testigos como hechores. Los juzgados, la Fiscalía, tienen nuevos retos, cómo los van a enfrentar porque no es lo mismo que llegue una denuncia de un asesinato de hace dos días, donde tienen acceso rápido al hecho mismo, que una que ocurrió hace 25 o 30 años. Parecía que la declaratoria de inconstitucional iba a generar una avalancha de denuncias y de demandas de investigación; fueron 75 mil muertos y 10 mil desaparecidos. A pesar de la apertura de posiblidades, quizá las familias están centradas en otros problemas, sus prioridades ya no son las mismas de hace 20, 30 años y creo que la única prioridad que tiene toda la gente es saber la verdad.

 

Si no trataba de ocultar la verdad, ¿por qué la amnistía de 1993 fue aprobada cinco días después de conocerse el informe de la Comisión de la Verdad?

Yo no comparto ese planteamiento por lo siguiente: La misma Comisión de la Verdad hizo un informe público, se mencionó nombres y acontecimientos. El propósito de conocer la verdad a través de un instrumento elaborado por una comisión independiente se logró. Lo que no se logró y no estaba establecido en los Acuerdos de Paz era abrir juicios a esas personas mencionadas en ese informe. Entonces, la parte de conocimiento de los hechos sí se cumplió y ese era el propósito esencial del informe de la Comisión de la Verdad. Cuando se levanta la amnistía 25 años después, el propósito ya no es tanto solo la verdad, sino problablemente el juicio. La declaratoria de inconstitucionalidad abre la posibilidad de juicios.

 

¿Le preocupa estar mencionada en el informe de la Comisión de la Verdad?

Fíjese que no, porque nosotros hicimos un enfoque político. Incluso, cuando nos hicimos responsables, no habíamos sido nosotros los responsables; pero, al igual que en la Fuerza Armada, había un equipo de conducción que tomaba decisiones. Creo que el único grupo político que hizo eso fuimos nosotros como ERP. Ni la comandancia general ni el Ejército en su conjunto quisieron decir: Sí estuvimos ahí y tomamos decisiones. Creo que el enfoque de responsabilidad de los dirigentes es un enfoque más político que jurídico y eso es lo que se debe tratar, que los que fuimos responsables de procesos, tomemos nuestra responsabilidad y pidamos perdón, porque individualizar la responsabilidad en casos concretos es casi imposible a estas alturas.

 

¿Considera que una de las mejores formas para resarcir los daños a las víctimas sería la justicia retributiva?

Sí; pero sobre todo que las instituciones que fueron señaladas tuvieran la entereza de pedir perdón. Pero tienen miedo de decir sí estuvimos y fuimos responsables, y se les disminuya su prestigio, su fuerza política, su relación institucional, cuando eso es grandeza de situación porque sí estuvimos todos. No reconocerlo es querer ocultar una verdad que todo mundo la sabe. No solo la parte retributiva, sino también la parte moral, de perdón.

 

La sentencia de la Sala ordena a la Asamblea disponer los recursos para reparar los daños a las víctimas

Sí, es cierto que lo plantea. El gran problema nuestro es que somos un país pobre y ahora estamos viviendo una situación difícil en el orden financiero. Habrá que buscar (los recursos); pero no hacer creer que ya pronto habrá recursos para las víctimas, porque si no, va a ocurrir lo que está ocurriendo con los veteranos, que se aprobó una ley que estaba claro que no tenía un respaldo financiero en concreto y ahí andan en la calle todos los días demandando que se les cumpla la ley, que se les haga efectivos los ofrecimientos como parte de la ley.

 

En enero, se cumplen 25 años de los Acuerdos de Paz y se está hablando de acuerdos de segunda generación. ¿Sería este el momento idóneo para que los dos grupos enfrentados en la guerra hablen con la población?

Fíjese que sí. En El Salvador, de esa experiencia, quedó algo muy positivo que es el instrumento del diálogo, una herramienta que las democracias la utilizan cuando hay controversias. Hoy ya estamos muy cerca (de la conmemoración); pero crear el ambiente para crear una agenda de país para el desarrollo sería fabuloso.

 

Perfil

ANA GUADALUPE MARTÍNEZ

 

Graduada de Medicina. Fue integrante del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), brazo armado de la guerrilla durante la guerra, fundadora del FMLN, vicepresidenta de la Asamblea Legislativa entre 1994 y 1997. En 1994 se retiró del FMLN. En 2003, ingresó al PDC.

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