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OPINION

Gobernar un país, por pequeño que sea, no deja de ser un verdadero problema, especialmente cuando se pretende hacer cambios drásticos en la organización de la estructura estatal. Nuestro país, desde 1932, mantiene una lucha política, y en algunas épocas una lucha armada que provoca múltiples adversidades naturales al intentar un cambio en la forma esencial de vivir.

Se pretende y se ha ofrecido un cambio de sistema en el cual la sociedad tenga más oportunidades de superarse, y una vida más justa para las mayorías. Para ello se han creado una serie de instituciones que regulen la vida cotidiana de los ciudadanos que logre ese fin socializante que en el fondo busca una mayor igualdad entre los hombres, y en la medida de lo posible –por lo menos teóricamente-, hacer desaparecer la pobreza extrema. Difícil meta que hasta la fecha no se ha conseguido, aplicando medidas de diferentes ideologías.

En nuestro país, se produjo un cambio en la dirección política como resultado de los llamados acuerdos de paz de 1992, lo cual en alguna forma pudo manejarse la opción de que cualquier fuerza política tendría la opción de llegar al poder, controlando los diferentes órganos del Estado. En virtud de esa opción, desde hace siete años, un grupo de pensamiento radical, tomo el poder y desde ese momento, intenta cambiar radicalmente la forma de gobierno de El Salvador.

Una de las medidas adoptadas para lograr la meta prevista, ha sido erradicar la corrupción que se genera a diario en las oficinas de gobierno, y para ello se han creado varias entidades cuyo objetivo principal es combatir ese flagelo llamado corrupción. Entre las entidades dedicadas a tan delicado tema se encuentran: la Fiscalía, la Corte de Cuentas, la Sección de Probidad de la Corte Suprema Justicia, y ahora el Tribunal de Ética y la secretaría de Transparencia. Sin embargo, pese a ello, la cosa no ha mejorado mucho, porque de alguna forma, todas esas instituciones han sufrido presiones para actuar sin independencia, y consecuentemente sin capacidad para cumplir con imparcialidad su delicada función. Ejemplos de que el asunto no funciona, abundan.

El caso de la Presidencia de la República que de alguna forma mantiene fuera del país a un expresidente, pese a que el actual gobierno es del mismo partido que ahora gobierna, no puede ser más elocuente. Y los frecuentes casos de investigaciones que desarrollan las entidades dedicadas a eso, que son bloqueadas por diferentes funcionarios, que más parecen encubridores que investigadores.

Uno de esos casos enigmáticos es el de un vehículo de Casa Presidencial involucrado en un accidente de tránsito, donde falleció un  motociclista, y que hasta la fecha no ha dado resultado alguno. Lo mismo sucedió con el llamado caso Masferrari, en donde la autoridad retiró todas las evidencias que grabaron las cámaras de seguridad de la zona aledaña para evitar que se conociera al responsable de lo ocurrido.

Lo cierto de la transparencia es que da la idea de que el objetivo de estas oficinas solo han funcionado para ocultar hechos delictivos, y para colocar personas a ganar salarios enormes, por realizar hechos oscuros que nada de transparentes tienen. Dar a conocer algunos gastos de los expresidentes en sus viajes, y declarar que no se tienen más datos, es simplemente una burla que no refleja nada de lo que se investiga, salvo los abusos de prepotencia de los viajeros, y la difusión y ocultamiento de lo que en realidad logran ocultar.

Quienes hemos estudiado historia y ciencias políticas, a la legua detectamos que lo que nuestra oficina de transparencia realiza, es una táctica nefasta de ocultamiento de la verdad. Aparte de negar la realidad de lo que sin transparencia ocurre, las oficinas que desean y deberían dar verdadera transparencia están haciendo una labor de ocultamiento de los hechos, cubriendo con un manto de oscuridad a los hechos de poco valor de algunos funcionarios del Estado. La transparencia en El Salvador, sólo nos provoca risa.

 

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