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Nacionales

Tras un año de fallo Gobierno aún no prepara ley de reconciliación

Iliana Cornejo

jueves 20, julio 2017 - 12:04 am

El gobierno salvadoreño admitió que un año después de derogada la Ley de Amnistía para la Consolidación de la Paz, de 1993, aún no prepara la ley de reconciliación nacional, que el mismo presidente de la república, Salvador Sánchez, anunció el 15 de enero de este año.

Ayer, el apoderado de Casa Presidencial, Antonio Aguilar, dijo a la Sala de lo Constitucional que la presidencia no prepara el anteproyecto, del cual horas antes el presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos había dicho que esperaban para legislar lo ordenado por el tribunal el pasado 13 de julio de 2016.

“Queremos informar a esta honorable Sala que tal como se ha plasmado en el escrito que se ha presentado al tribunal, la presidencia de la república no se encuentra trabajando en un anteproyecto de ley de reconciliación nacional. Hay todo un proceso, tal y como se mencionó en el escrito, de preparación, de análisis de revisión de experiencias internacionales, de revisión de la sentencia, de conocer otras leyes y realidades cercanas como Colombia”, manifestó Aguilar a los cuatro magistrados, en una audiencia especial de cumplimiento de sentencia.

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Horas antes, el presidente de la Asamblea Legislativa dijo a la Sala que además de esperar el anteproyecto de ley del ejecutivo, el tema no está en temas prioritarios de los partidos políticos.

“No ha habido una mala intención u obstáculos, pero no ha estado en la agenda de prioridad de los partidos. Hoy después de esta audiencia, quiero manifestar que para el presidente de la Asamblea será una prioridad en la agenda de la Asamblea”, manifestó Gallegos.


Ante esto, el magistrado de la Sala, Florentín Meléndez replicó: “Señor Presidente, podemos colegir, entonces, como tribunal, según su exposición, que a un año de emitida la sentencia y de haberle otorgado un plazo razonable a la Asamblea Legislativa para que legislara, podemos colegir que la Asamblea Legislativa no ha tenido ningún avance en el cumplimiento de la sentencia”.

Gallegos se comprometió  a hacer una iniciativa de ley para conformar una comisión especial que dé cumplimiento a la sentencia de la derogación de la ley de amnistía.

Añadió, que una de las acciones realizadas por el legislativo fue otorgar $16,170,045 a instituciones y programas destinados a la atención y reparación de víctimas de crímenes de guerra.

Por su parte, el fiscal general de la República, Douglas Meléndez dijo que pidieron a la presidencia más recursos económicos para dar cumplimiento a la sentencia, pero hasta la fecha no ha habido respuesta alguna.

Dijo a los magistrados que la Fiscalía creó un grupo de fiscales especiales que están conociendo e investigando los crímenes de guerra, pero solo está conformado por tres personas. Al final, dijo que podía asignar más fiscales en la materia, pero eso significaría desatender temas actuales como extorsiones y homicidios.

Meléndez añadió que para cumplir la sentencia, la Fiscalía necesita por lo menos $7 millones, pero la cifra podría rondar hasta los $15 millones.

El Fiscal también dijo que ha tenido inconvenientes con el acceso a los archivos de la Fuerza Armada para investigar crímenes de guerra. “En la mayoría de casos nos dicen: no se encontró la información sobre operativos”, dijo.

 

La Sala sobre la amnistía

 

A la Asamblea Legislativa, la Sala le designó hacer una regulación complementaria para “una genuina transición democrática” con respeto a la dignidad humana y los derechos fundamentales de las víctimas, en especial a los derechos a la justicia y a la tutela judicial.

 

A la Fiscalía General de la República le dijo que tiene la obligación constitucional de promover la acción penal correspondiente “con prontitud razo-nable”, para que jueces cumplan con la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en la protección de los derechos de las víctimas.

 

Mientras que al Órgano Ejecutivo le dijo que tienen el deber de “diseñar, implementar y dar seguimiento a políticas de Estado en materia de protección, promoción y garantía de los derechos funamentales”, además de asegurar la ejecución de recursos vinculados al respeto de los derechos.




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