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Editorial & Opinion

Tratados e inconstitucionalidad

Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional / Autor: Belarmino Jaime Flores (1)

viernes 27, octubre 2017 - 12:00 am

La postura jurisprudencial consolidada de la Sala de lo Constitucional, es que “Aunque los instrumentos internacionales que consagran los derechos humanos -igual que otras disposiciones jurídicas que tienen una estrecha vinculación material con el contenido de la Constitución- pueden estimarse como un desarrollo de los alcances de los preceptos constitucionales, ello no les convierte en parte integrante de la Ley Suprema” porque la Constitución “se ha atribuido a sí misma solamente el rango de supremacía sobre el resto del ordenamiento jurídico, de acuerdo con los arts. 246 Cn. y 149 Cn., subordinando así, bajo su fuerza normativa, a tratados, leyes, reglamentos; y porque los tres procesos regulados en ella, tienen como finalidad común, garantizar la pureza de la constitucionalidad, de las disposiciones y actos concretos que se controlan por la jurisdicción constitucional” (sentencia de 6-VI-2008, Inc. 31-2004).

De tal forma, el parámetro de control utilizado por la Sala de lo Constitucional en el proceso de inconstitucionalidad debe ser la Constitución; y si lo preceptuado en un instrumento internacional contradice lo establecido en una disposición constitucional, tendrá que declararse inaplicable por inconstitucional el tratado, así como cualquier decisión emitida por organismos internacionales en función de normativas internacionales que transgredan lo establecido por nuestra Constitución; pues ésta es el parámetro de control de los tratados internacionales, así como las decisiones que de éstos se deriven y no a la inversa (art. 149 Cn.).

Así, la Sala de lo Constitucional ha aseverado que “en El Salvador, según lo dispuesto en el art. 145 de la Cn., no se podrán ratificar tratados en que se restrinjan o afecten de alguna manera las disposiciones constitucionales. Si no obstante la anterior prohibición, se llegase a introducir a nuestro ordenamiento jurídico -como leyes de la República- acuerdos de voluntades entre Estados, o entre éstos y organismos internacionales, que contengan disposiciones que contradigan la Constitución, el art. 149 de la misma prescribe que dichos tratados pueden ser sometidos al control de constitucionalidad” (sentencia de 9-VII-2014, Inc. 52-2014, actual conformación de Sala). Y cuando ha encontrado alguna contradicción entre lo establecido por la Constitución y lo determinado por un instrumento de origen internacional, la Sala de lo Constitucional no ha tenido reparo en declarar la inconstitucionalidad del segundo, como ocurrió en la sentencia de 16-X-2007, Inc. 63-2007 y más recientemente en la de 23-X-2013, Inc. 71-2012; declarando inconstitucionales ciertas disposiciones del Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia.

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De igual manera ha sucedido con las decisiones emitidas por organismos internacionales en flagrante violación a nuestros preceptos constitucionales, tal es el caso de la sentencia  de inaplicabilidad de fecha 25-VI-2012, Inc. 19-2012, dictada por esta misma conformación de Sala -con exclusión del magistrado presidente- en el caso que la Corte Centroamericana de Justicia pretendía afirmar su competencia en materia constitucional y suspender la eficacia de una sentencia de inconstitucionalidad emitida por la Sala de lo Constitucional, relativa a la elección de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia para el período 2012-2021, realizada por la legislatura saliente. La Sala determinó que la Corte Centroamericana de Justicia se había auto atribuido una competencia que invadía el orden constitucional y excedía el ámbito material del Derecho de Integración, desconociendo el carácter jurídicamente vinculante de la sentencia emitida por la Sala en el proceso de inconstitucionalidad pertinente.

Por otro lado, el mismo art. 145 Cn. en su parte final establece la posibilidad de ratificar los Tratados con las reservas correspondientes que garanticen el respeto a la Constitución y al efecto, literalmente dice: “Las disposiciones del tratado sobre las cuales se hagan reservas no son ley de la República.”.


Estos antecedentes, han sido inadvertidos por la sentencia dictada, pues se han incumplido principios constitucionales para observar lo establecido en tratados y jurisprudencia internacionales, claramente adversas a nuestro ordenamiento constitucional, particularmente a los principios de legalidad, irretroactividad de las leyes, doble juzgamiento, como ha quedado expuesto; no obstante, existen las reservas pertinentes en la ratificación de tales instrumentos internacionales.

  • “Sentencia de Inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía” publicada en “Anuario No 10 – diciembre 2016” del Instituto de Investigación Jurídica, de la Universidad Dr. José Matías Delgado. Páginas 548 y 549. Voto disidente del Magistrado José Belarmino Jaime Flores.




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