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En 1904, Alfredo Palacios ingresó al Parlamento argentino y en 1913 este socialista hizo historia. Este diputado y abogado propuso entonces reformar la normativa penal del país. Pedía reprimir “con tres a seis años de penitenciaria” a quien “promoviere o facilitare la corrupción o prostitución de mujeres mayores de 18 años y menores de 22, para satisfacer deseos ajenos”. ¿A qué viene esta evocación? Pues es que el 23 de septiembre se conmemoró el “Día internacional contra la explotación sexual y el tráfico de mujeres, niñas y niños”, como sucede desde 1999. Pero en El Salvador, pasó sin pena ni gloria. Mientras, la iniciativa de Palacios cumplió más de un siglo. El legislador porteño murió pobre, a diferencia de lo que pasa acá.

Acá en El Salvador, se esperó más de una centuria para aprobar la Ley especial contra la trata de personas mediante el Decreto Legislativo 824, del 16 de octubre del 2014. En la misma se especifican diferentes formas de explotación humana, que comprenden entre otras la sexual y la sexual comercial en el sector del turismo. Además, se incluyen agravantes y penas.

Esa es la ley. Habrá que ver cómo se está aplicando en un país que es –como lo señala la embajada estadounidense– “de origen, tránsito, y destino de hombres, mujeres y niños sujetos a la trata para explotación sexual y trabajo forzado”.

Eso aparece plasmado en el último reporte de su Gobierno sobre la situación mundial de los derechos humanos.

También se sostiene que la definición incluida en la legislación salvadoreña –aprobada hace casi un año– “no es consistente con el derecho internacional” pues “considera la fuerza, el fraude y la coacción como circunstancias agravantes”, en lugar de contemplarlos como elementos esenciales de la mayoría de delitos de trata”. Además, se censura que no se investigue ni procesar como trata de personas los hechos de ese tipo atribuidos a integrantes de maras, que usaron para ello fuerza o coacción.

En el 2014 se procesaron y condenaron a siete “tratantes sexuales”; eso, comparado con el año anterior, se traduce en menos de 14 sospechosos juzgados ​​y de 12 condenados. En el informe hay una fuerte crítica, sobre todo a jueces pero también a otros funcionarios, por sus “pocas luces” sobre la trata y las consecuencias de ello en lo relativo a la sanción de los victimarios.

Se habla de notas periodísticas denunciando funcionarios que “pagaron por actos sexuales comerciales de víctimas de trata”; también de una investigación sobre el caso de la cual, luego, no hubo más información pública. Los esfuerzos oficiales en materia de prevención fueron, según la embajada aludida, “modestos”.

Con todo lo anterior, es elemental la conclusión: cuando no hay transparencia total y suficiente información, se vuelve un derecho humano la especulación en torno a ciertas interrogantes que invitan a pensar mal. ¿Por qué se decretan confidenciales los pocos procesos en esta materia? ¿Por qué son, precisamente, tan pocos los casos que se llevan a juicio?

¿Será que, como se ha dicho en otras ocasiones para otro tipo de criminalidad, El Salvador no está “tan mal” como Guatemala y Honduras? ¿O será que la impunidad también reina, plena y campante, en este tipo de delitos para proteger “intocables”?

Como sea, se debe tratar de hacer bien las cosas apostándole a la defensa vigorosa de las víctimas reales y a la protección de las potenciales. Empeñarse en sostener –en éste y otros escenarios condenables– que en El Salvador se resolvieron los problemas con los acuerdos de paz y que “funcionan las instituciones”, es inaceptable.

Funcionan o no, dependiendo quién es la víctima y quién es el victimario. Oponerse, pues, al apoyo internacional en el combate de la impunidad es –por tanto– cuestionable y sospechoso.

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