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Política

Tribunal de Ética subirá a $90,000 las sanciones

Gerson Chávez

viernes 29, diciembre 2017 - 12:03 am

El anteproyecto de reforma a la Ley de Ética Gubernamental (TEG) contempla incrementar las multas económicas contra los funcionarios públicos involucrados en actos de corrupción.

El borrador propone sanciones con un “máximo de trescientos salarios mínimos mensuales para el sector comercio y servicios”.

Actualmente, el salario mímino para estos sectores es de $300, lo cual supondría que un funcionario que sea encontrado culpable de prácticas corruptas podría ser multado hasta con $90,000.

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Con este anteproyecto, la multa incrementaría un 650 % en comparación con la Ley de Ética Gubernamental vigente, que solo sanciona con un “máximo de cuarenta salarios mínimos mensuales para el sector comercio”, que equivale a $12,000. Sin embargo, el borrador mantiene que el monto mínimo de la sanción en un salario mínimo.

El proyecto será presentado durante la última quincena de enero de 2018 y según el presidente del Tribunal de Ética Gubernamental, Néstor Castaneda, este incremento en las multas ayudaría a disuadir el cometimiento de prácticas corruptas.


“Ya sería una multa considerable para el funcionario público. Ya lo pensaría mucho más antes de andar infringiendo la la Ley de Ética Gubernamental”, sentenció.

El artículo 44 de anteproyecto desarrolla seis criterios para la determinación de la cuantía de la multa, entre estos está la “gravedad de la infracción” y “el daño ocasionado a la administración pública”.

Otro criterio para imponer la multa será  “el beneficio o ganancias obtenidas por el infractor, su cónyuge, conviviente, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o socio, como consecuencia de los actos u omisiones constitutivos de la infracción y “la capacidad de pago, y a la renta potencial del sancionado al momento de la infracción”.

 

Castigarán el nepotismo cruzado

El anteproyecto incorpora la figura del “nepotismo cruzado” como “un acuerdo entre servidores públicos” para “nombrar, contratar, delegar, mejorar laboralmente o ascender recíprocamente, en las instituciones donde el uno y el otro ejercen autoridad, a personas con las que tienen vínculos familiares o de negocios”. La Ley de Ética Gubernamental vigente solo sanciona el nepotismo.

Por ejemplo, bajo esta figura fue sancionado el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele a mediados de 2016. Según el registro del Tribunal de Ética Gubernamental, el alcalde capitalino nombró a su hermano, Yamil Bukele, como presidente del Instituto Municipal de Deportes y Recración (Imder), situación que según el TEG violó el artículo 6 de la normativa, que prohibe nombrar y contratar parientes “dentro del cuarto grado de consanguinidado segundo de afinidad”. La ley busca evitar que, aunque los cargos sean ad honórem, familiares tengan la facultad de manejar la institución pública, disponiendo de recursos, personal, contratos y decisiones públicas.

El proyecto propone  medidas de protección a denunciantes y testigos, y se plantea el cambio de residencia u ocultación del paradero del denunciante con la coordinación del Programa de Protección de Víctimas y Testigos.




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