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Editorial & Opinion

¿Uber o no Uber?

David López / Licenciado en Economía y Negocios.

martes 8, mayo 2018 - 12:00 am

No hay duda de que las plataformas digitales como Uber, Lyft o la salvadoreña Vamos, para el transporte de pasajeros, han creado una irrupción en el mercado. La conexión automática entre conductores y clientes basada en su cercanía, precios determinados por la interacción de oferta y demanda y sus sistemas de calificación son las principales innovaciones.

También es cierto que seguramente ninguna legislación de transporte estaba lista para tal revolución. En cada país donde han iniciado operaciones, enfrentaron o enfrentan aún diversos retos que los obligan a analizar sus marcos regulatorios. Su ingreso ha provocado reacciones tanto en el gremio de taxistas, como en el ámbito académico desde diferentes disciplinas, poniendo en cuestionamiento si los servicios pertenecen al mercado de transporte o son solo una intermediación.

Las autoridades de competencia también se han visto obligadas a estudiar esta irrupción. Desde la perspectiva de competencia, existen suficientes razones para considerar su ingreso, ya que las innovaciones que aportan pueden crear mayores presiones competitivas al tradicional servicio de pasajeros y los principales beneficiados son los usuarios. Esto vuelve necesario, sin embargo, reformar la legislación salvadoreña para que operen legalmente.

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Por un lado, las plataformas disminuyen las asimetrías de información que enfrentan los usuarios respecto al precio. Sin los servicios de plataformas, los taxistas tienen la posibilidad de cobrar más caro. El usuario no suele tener más opción que aceptar el precio de un taxi detenido en la calle o abordado en una base, ya que, si busca otro para comparar precios, no podrá regresar al primero en caso éste fuese aún más caro.

En cambio, el uso de las plataformas otorga mayor poder de negociación, ya que se puede comparar el precio de un taxi con el de una o varias plataformas, porque éstas permiten conocer el precio estimado antes de solicitar el viaje. Así, con mayor información, los usuarios pueden rechazar viajes en taxi si resultan relativamente más caros. Claro, siempre y cuando las plataformas no tengan una posición dominante de la que abusar.

Por otro lado, la operación de las plataformas reduce la asimetría de información respecto a la calidad del servicio. Los sistemas de calificación permiten puntuar a cada conductor, de modo que los usuarios conocen a priori la evaluación agregada del conductor sugerido. Así, un cliente puede elegir conductores con buena puntuación, rechazar aquellos con malas evaluaciones e incluso sustituir el uso de taxis cuya calidad, respecto a su habilidad de conducción, el trato y condiciones del vehículo, sea relativamente inferior.

Estas características pueden crear una dinámica competitiva para presionar los precios a la baja y la calidad al alza. De lo contrario, los taxistas solo verían migrar sus clientes al uso de plataformas. Otros beneficios de las plataformas incluyen, por ejemplo, menores tiempos de espera al conectar a los usuarios con el conductor disponible más cercano y el alivio de la congestión del tráfico al reducir la circulación de vehículos sin pasajeros.

Ahora bien, la ley de transporte salvadoreña limita el transporte selectivo de pasajeros a los taxis, lo cual deja de fuera cualquier otra modalidad, incluyendo el uso de plataformas digitales. Para poder aprovechar los beneficios de estas últimas, es necesario reformar la ley para que sea posible incorporar estas otras modalidades del servicio, pero realizando un análisis de cuáles requisitos son necesarios que cumplan dadas sus características, cuáles obligaciones de los taxis son todavía válidas para las condiciones del mercado y abordar los riesgos que traen estas nuevas modalidades.

Reconocer legalmente su operación podría permitir la atracción de más plataformas, e incluso podría incentivar el desarrollo de plataformas por el gremio de taxistas, para responder a las presiones y alimentar la dinámica competitiva. Las leyes deben cambiar a medida cambia la realidad que regulan. No hacerlo significa negarles a los salvadoreños mejoras significativas en sus posibilidades de transporte, resultantes de las presiones competitivas que traen las innovaciones tecnológicas.



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