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Editorial & Opinion

¡Un año para llegar a acuerdos!

Edgar Rivas/ Jefe de Redacción

Sábado 24, Septiembre 2016 - 12:00 am

OPINION

Luego de un criticado año de espera hubo por fin humo blanco, este jueves, en el autollamado por sus miembros primer órgano del Estado, con lo acontecido en el Salón Azul. Y vaya qué difícil resultó que en la Asamblea Legislativa se lograran acuerdos entre los diputados, que por cierto no fueron los 83 (una goza de permiso), para elegir a los 14 miembros (siete propietarios y siete suplentes) del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) y a la nueva titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

Por lo sucedido con tan prolongadas –y me imagino que muy, pero muy discutidas decisiones–, El Salvador, por mucho que se diga y se hable de “democracia” y otras demagógicas cosas para justificar lo tardío de lo actuado, sigue atravesando el sendero que le impide un verdadero avance, a partir del cumplimiento de obligaciones que sus funcionarios deberían acatar para el buen funcionamiento de las instituciones, principalmente en uno de los organismos como el CNJ que desde hace un año tenía que haber venido en su normal desempeño y de forma completa con sus miembros.

Y vean de donde vienen las tardanzas para lograr acuerdos en la elección de algunos de quienes deben hacer funcionar el Estado: en el aprovechamiento que generan los partidos mayoritarios para la defensa de sus intereses, empeñados en imponer en los organismos de dirección a quienes puedan identificarse con sus colores, en este caso el de la Judicatura.

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A un año del tiempo establecido por la Sala de lo Constitucional para la realización de esta elección y, según los legisladores, cumpliendo los requisitos establecidos por la misma, se conocieron por fin los nombres de los profesionales del derecho que llegan a suplir las vacantes de propietarios y suplentes en el CNJ, el cual por decreto ha venido funcionando, pero sin poder tomar acuerdos, ante la falta de la totalidad de sus miembros.

La tardanza en esta elección pone de manifiesto en manos de quiénes estamos: un bipartidismo que, amparado en el manejo de los votos para “decidir” en beneficio (¡y vaya qué tipo de beneficio!) de una maltrecha y amenazada sociedad, se da el lujo de prolongarlo hasta acordar acerca de sus elegidos. Tal decisión, lógicamente, ha sido muy criticada por los partidos marginados de lo que consideran un reparto. Con razón el país se encuentra en este derrotero y sin esperanza de salida.

Un año de discusiones necesitaron para llegar por fin a la elección de los consejeros propietarios: Doris Deysi Castillo Escobar, María Petrona Cortez Coto, Carlos Wilfredo García Amaya, Gloria Elizabeth Álvarez Álvarez, María Antonieta Acosta de Parada, Santos Cecilio Treminio Salmerón y Alcides Salvador Funes Teos; así como los suplentes: José Efraín Gutiérrez Martínez, Víctor Manuel Deodanes Renderos, Balbino Federico Escobar, Olinda Morena Vásquez, Cándida Dolores Parada de Acevedo, Héctor Emilio García Araya y María Esther Rivera.

Los elegidos ejercerán su cargo hasta el 21 de septiembre de 2021, tiempo durante el cual deberán actuar según lo que demanda su ejercicio, y con ello demostrar que en verdad fueron los idóneos para esta responsabilidad; caso contrario, evidenciarán que en verdad su elección respondió a ese reparto del que hicieron referencia los partidos que se consideraron fuera del mismo.

Respecto de la Procuradora de Derechos Humanos y cuya cartera quedó acéfala desde el pasado 8 de agosto, al vencer el periodo de David Morales –quien no tuvo el apoyo para su reelección, pese a la defensa que de su trabajo hiciera el FMLN por lo realizado–, ARENA terminó por “convencer” al partido de izquierda para inclinarse por su candidata, la abogada y notaria Raquel Caballero de Guevara, de quien fue presentado un currículum bastante amplio en el conocimiento de lo que desempeñará de aquí hasta septiembre de 2019. Cosas veredes amigo…




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