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Editorial & Opinion

¿Un asunto público o privado?

Jaime Campos/Comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública @jaimecamppos

Martes 11, Octubre 2016 - 12:00 am

OPINION

Uno de los límites que razonablemente puede condicionar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública es el derecho a la intimidad personal, reconocido en el artículo 2 de la Constitución. De ahí que cuando existen controversias que involucran a ambos derechos fundamentales, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) debe decidir con ponderación y equilibrio, pues tiene el mandato de garantizar tanto el acceso a la información pública como la protección de la información personal.

Si bien el propio IAIP ha reconocido que los funcionarios tienen un ámbito de privacidad más reducido en comparación al de los particulares, dado el interés y relevancia pública de las funciones que realizan, ello tampoco significa que hayan renunciado –por razón de su cargo- al derecho a tener un espacio de intimidad, exento de injerencias.

En general, uno de los casos que mayor interés despierta en la opinión pública y que enfrenta a ambos derechos se relaciona con la información relativa a la salud de los funcionarios e incluso, a quienes pretenden serlo, como ocurrió recientemente con los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos de América.

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Sobre este punto, la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) establece que es información confidencial la referente al derecho a la intimidad personal y en particular, los archivos médicos cuya divulgación constituiría una invasión a la privacidad de la persona; y coloca, además, en una categoría de especial protección a los datos personales sensibles, entendidos éstos como los que corresponden a las características físicas o morales de las personales, tales como la religión, afiliación o ideologías políticas, preferencias sexuales, la salud física y mental, entre otros.

En un precedente resuelto por el IAIP el año pasado, en el que se pidió conocer el estado de salud del presidente de la República y obtener una copia de su expediente clínico, se confirmó la excepción de confidencialidad de la información, con base en que el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos garantiza el derecho de los ciudadanos a conocer sobre las enfermedades de sus presidentes, pero cuando éstas son graves y pueden afectar su desempeño o la gobernabilidad.


Más recientemente el IAIP ha recibido dos apelaciones de información, la primera relativa a conocer el listado de casos o eventos médicos en los que funcionarios y empleados del órgano judicial han hecho uso de la póliza de seguro médico, con detalle del servicio prestado y su precio, información que fue denegada por la Corte Suprema de Justicia con base en que está calificada como confidencial y “atentar contra el derecho a la intimidad personal y privacidad”.

Una solicitud similar se hizo a la Asamblea Legislativa y ésta sí entregó la información, pues en ambos casos no se pidió identificar a los asegurados que hicieron uso del servicio. La segunda apelación está relacionada con revelar los procedimientos médicos, tales como: consultas, tratamientos y cirugías, realizados a través del seguro médico hospitalario, al presidente y gerente general de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), y el detalle de los pagos realizados.

Aunque es innegable que todas las entidades del Estado están obligadas a rendir cuentas ante la sociedad por el uso de los recursos públicos, lo que incluye, desde luego, el escrutinio sobre cómo utilizan los seguros médicos aquellas instituciones que lo poseen; otra discusión consiste en determinar si el pago de tales seguros con fondos públicos autoriza a saber qué enfermedad padece cada funcionario. Y esto lo resolverá próximamente el IAIP.




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