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Editorial & Opinion

Un cáncer maligno: la corrupción

Armando Rivera Bolaños / Abogado y notario

sábado 28, julio 2018 - 12:00 am

Decíamos en comentarios anteriores que dentro del calvario que sufre nuestra República, tenemos como la peor y más desastrosa cruz la corrupción administrativa u oficial. Este sustantivo derivado del latín “corruptio”, está conformado del prefijo “con”, que significa “junto a”; “rompere”, hacer pedazos y “tio”, que significa acción y efecto. Corrupción, por su etimología u origen gramatical, nos indica que el efecto de la acción corrupta es la ruptura del ordenamiento institucional regido por las leyes de un país. Precisamente, uno de los varios conceptos de corrupción dice que es “un abuso del poder público para sacar un provecho económico de forma ilegal”. La dolorosa y triste historia de El Salvador, como decía mi inolvidable amiga, la poetisa Claudia Lars, está plagada en sus páginas  con personajes del ayer y del presente, que se “distinguieron” por realizar, o por permitir actos de corruptela en la administración de los recursos del erario nacional, destinados por la ley general del Presupuesto a realizar obras de provecho común, pago de salarios a funcionarios, empleados y trabajadores del sector oficial y municipal, así como para honrar decorosamente las deudas contraídas por el Estado, con entidades financieras nacionales y extranjeras.

Infortunadamente, los actos de corruptela acaecidos en los últimos quinquenios han sido, no solo los más escandalosos, sino también los más cuantiosos. Chiquito se queda entonces, a mi ver, el caso de aquel presidente que dicen se embolsó en un abrir y cerrar de ojos nada menos que diez millones de dólares que la gratitud taiwanesa enviara para socorrer a los damnificados del cruel terremoto en 2001, cuya tragedia emblemática fue la colonia Las Colinas, de Santa Tecla, si lo comparamos con el saqueo de las arcas públicas que hizo el señor Carlos Mauricio Funes Cartagena y su clan de adeptos por más de $351 millones hasta este día auditados, pero que podría trepar esa cuantía si la Fiscalía General de la República sigue “escarbando” este maloliente estercolero que rodea esa primera administración de la izquierda salvadoreña, no sin antes tener como precursor al señor Tony Saca, por casi $300 millones. En la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, quedan aún por resolver otros casos de corrupción que, según declaraciones del exmagistrado Sídney Blanco, “el resto de magistrados de la Corte no muestra mucho interés porque sean resueltos”. Debemos conocer las motivaciones de esa apatía que daña, no solo la honorabilidad lograda por la Sala de lo Constitucional saliente, sino que constituye un severo revés para quienes vislumbramos un despertar del Estado de Derecho con esas investigaciones. Incluso, el mismo jefe de dicha sección, Carlos Rafael Pineda Melara, se encuentra enjuiciado por el Instituto de Acceso a la Información Pública por no proporcionar información de auditorías patrimoniales de funcionarios, diputados y exfuncionarios.

Entendidos en este duro tema, argumentan que la corrupción oficial generalmente tiene su núcleo en los altos mandos del Ejecutivo, de allí la imperiosa necesidad de que la ciudadanía electora no vote por cualquier mesías o redentor social que aparezca en el escenario político, mostrando su disfraz de cara sonriente para llegar a la presidencia de la República. Desde el solio presidencial contrataría testaferros o funcionarios corruptos, para expandir el cáncer hasta las capas inferiores de la administración pública, incluyendo a jefes y agentes policiales, jueces, funcionarios y empleados similares, sin faltar empresarios corruptos y el “bagman” infaltable que negocia contratos jugosos, a cambio de una coima abundante y sin control alguno. Los electores salvadoreños debemos abrir bien los ojos al momento del sufragio. Hemos caminado muy rápido, pero al revés, en solo dos años, pues bajamos del puesto 95 (2016) en el Índice de Percepción de la Corrupción (que abarca a 180 países del mundo), a la posición 112 en 2017. Solo 68 naciones africanas y antillanas están más abajo. ¡Es triste y decepcionante! Debido a su impacto nacional, que se dejan de realizar más obras públicas, a mejorar las condiciones de educación y salud de las mayorías, etcétera, es que la corrupción, reitero, es la cruz más cruel, indeseable y desastrosa, que tenemos presente en el duro calvario de nuestra amada República.

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