Cerrar [X]

Editorial & Opinion

Un conflicto por el control de los juicios de enriquecimiento

Editorial & Opinion | Diario El Mundo

Sábado 19, Diciembre 2015 | 12:00 am

La tan ansiada y solicitada Ley de Probidad aprobada el miércoles en la Asamblea Legislativa con algunos cambios tiene rasgos positivos y negativos. Una de las diferencias más cruciales es la eliminación de la potestad que tenía la Corte Suprema de Justicia de ordenar juicios civiles por posible enriquecimiento ilícito y lograr que el funcionario restituya bienes o fondos obtenidos ilícitamente a costa de su cargo público. En el fondo, estamos ante la presencia de un conflicto del poder por la decisión de iniciar o no un juicio por enriquecimiento ilícito de un funcionario público. El conflicto está entre dos instituciones que tienen distintas credibilidades en diferentes círculos de poder del país: la Corte, por un lado, y la Fiscalía, por otro.

La Asamblea Legislativa optó por quitarle esa potestad de “ordenar” juicios civiles a la Corte Suprema de Justicia. También eliminó la facultad de la Corte de “ordenar el secuestro preventivo de los bienes del funcionario o empleado público contra quien aparecieren graves indicios de enriquecimiento ilícito”, que estaba en el artículo 8 de la derogada Ley sobre Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos, aprobada en 1959.

Así, en la nueva Ley de Probidad, la palabra “ordenar” solo se encuentra una vez y no implica una orden sobre sus bienes o sobre la justicia civil o penal por enriquecimiento ilícito, sino sobre la presentación obligatoria de una declaración patrimonial: “La Sección ordenará el cumplimiento de la obligación de presentar la declaración, dentro de los quince días siguientes a la imposición de la multa respectiva”.

publicidad

En la decisión de un juicio en lugar de “ordenar”, en el artículo 45, la frase usada es “dar aviso”: “La Sala de lo Civil dará aviso al Fiscal General de la República o a las autoridades administrativas competentes” de  indicios sobre un acto delictivo, enriquecimiento ilícito, infracción administrativa o bienes que pueden ser extinguidos de su dominio.

Con este cambio en la nueva ley, la Asamblea parece haber dicho: Corte, no te toca evaluar, ver ni analizar si aquí se inician procesos a los funcionarios por enriquecimiento ilícito, le toca a la Fiscalía General, y son procesos penales. En efecto, el Código Penal, artículo 333, indica que el funcionario o empleado público que se enriquezca ilícitamente o la persona que ayude a simular ese incremento no justificado será sancionado con prisión de tres a diez años.

Esta es la razón, entonces, del artículo 1 de la Ley de Probidad, que no habla de detectar enriquecimiento ilícito, sino de “determinar el patrimonio de los funcionarios y empleados públicos”. El FMLN pareció explicar este cambio entre líneas, diciendo que la Constitución indica claramente quién tiene el monopolio de la acción penal en el país.  Entre las atribuciones de la Sección de Probidad no aparece analizar si hay un crecimiento patrimonial, aunque sí puede “comprobar la información contenida en las declaraciones” y pedir información calificada como reservada, bajo secreto bancario, información fiscal y similares.

Vemos entonces un conflicto por el control de procesos ante indicios de enriquecimiento ilícito, en un escenario en donde la mayor parte de la clase política ve corrupción únicamente en sus adversarios, en un escenario en donde las instituciones deberían complementarse y no excluirse, en donde la auténtica limpieza de las finanzas de quienes manejan o han manejado la cosa pública es indispensable para la viabilidad del país, porque ello ayuda a un efectivo control hacia públicos y privados, en donde ello exige investigaciones certeras, ecuánimes, matemáticas, sin colores de ningún tipo.

 



RECOMENDACIÓN DE LA REDACCIÓN



Opine y Comente

Diario El Mundo abre este espacio de opiniones para que se pueda debatir, construir ideas y fomentar la reflexión. Por eso, pedimos que se evite hacer uso de ataques ofensivos, que incluyan malas palabras,
de lo contrario nos reservamos el derecho de publicación.

Recuerde que este es un medio que está para generar opinión constructiva.

Simple Share Buttons