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Editorial & Opinion

Un craso error de política internacional

Aldo Álvarez / Abogado y catedrático

jueves 30, marzo 2017 - 12:00 am

Dispone el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana: “Cuando la Asamblea General, convocada a un período extraordinario de sesiones, constate que se ha producido la ruptura del orden democrático en un Estado Miembro y que las gestiones diplomáticas han sido infructuosas, conforme a la Carta de la OEA tomará la decisión de suspender a dicho Estado Miembro del ejercicio de su derecho de participación en la OEA con el voto afirmativo de los dos tercios de los Estados Miembros. La suspensión entrará en vigor de inmediato”.

Hace un par de días en Washington, con 20 votos a favor y 11 en contra -entre ellos el de El Salvador, Venezuela y Nicaragua-, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, aprobó la agenda propuesta para discutir los problemas  económicos, políticos y sociales de Venezuela, así como la aplicación de la Carta Democrática Interamericana al gobierno de Nicolás Maduro. En una clara alineación, el representante del gobierno salvadoreño, Carlos Calles Castillo, se unió a los representantes de Venezuela, Nicaragua y Bolivia, y votó en contra de la aprobación de la agenda de la Asamblea Extraordinaria de la OEA, esto es pues, en contra de que se discutan los problemas de índole democráticas de Venezuela y por supuesto que se discuta la aplicación de la Carta Democrática Interamericana por la ruptura del orden democrático en dicho país, propuesta por el Secretario General Luis Almagro.

Entre otras razones señaló el representante salvadoreño ante la OEA que la resolución de la OEA “vulnera y rompe los principios fundamentales de la Carta Democrática y vulnera la soberanía del Estado venezolano” –por cierto el mismo contenido de discurso que adoptó Venezuela en dicha sesión.

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Es claro y hay que decirlo sin cortapisas, que este gobierno ha decidido alinearse de una forma total a las posturas pro-venezolanas, sin importar más razones que las de compartir una especie de credo político-ideológico con la tal “revolución chavista” por un lado y por el otro para preservar intereses de orden económico del partido en el gobierno, ligados a las empresas relacionadas con dicho partido, que tienen fuertes vínculos de intereses con el régimen de Maduro, de antes y de hoy, que no necesariamente se condicen con los intereses del país.

Esta forma de llevar a cabo la política internacional es errática y contraproducente para los intereses del país, me recuerda a la misma política exterior del “hígado ideológico” de las administraciones de ARENA con respecto a Cuba, adonde el hecho de no tener relaciones diplomáticas con dicha isla se debió exclusivamente a consideraciones de carácter puramente ideológico interesado –del partido en el gobierno de turno-, que de cara a los intereses de país. Lamentable, pero así fueron las cosas.


Hoy, esta administración en un acto de desconocimiento total del interés nacional como elemento determinante de la política internacional, ha decidido alinearse con el interés ideológico e ideologizado del llamado “grupo ALBA”, y con los intereses económicos de los miembros de un grupo de nuevos adinerados venezolanos que se hacen llamar “revolucionarios bolivarianos y chavistas”.

Lo más grave de todo es que el gobierno de El Salvador, a diferencia de los de Guatemala y Honduras que parecen haber entendido cómo se ejerce la política internacional, no ha calculado las dimensiones de la acción realizada en términos de qué tanto pudiera eso afectar los intereses nacionales, especialmente en el campo de la alianza para la prosperidad en que nos encontramos con los EE.UU. los países del triángulo norte, a pesar de los millones de compatriotas ilegales en dicho país, el hecho de que haya llegado a la Casa Blanca un presidente que no se caracteriza precisamente por su “amor” a los inmigrantes, que miembros del congreso y senado de dicho país expresamente advirtieron de las repercusiones de tal alineación a favor del régimen antidemocrático y forajido como el de Maduro, que mediante subterfugios partidocráticos de control de las instituciones del país ha evadido procesos electorales que están expresamente señalados en su constitución, amén de reprimir la disidencia política con cárcel en muchos casos.

La razón esbozada por el representante salvadoreño de que tal propuesta de posible suspensión de Venezuela “vulnera la soberanía del Estado venezolano” es tan pueril y absurda que casi no se sostiene sola, pues si dicho mecanismo no se pudiera aplicar, no existiría contemplado como tal en la Carta, y Venezuela es signataria de la misma.

En conclusión, con lo actuado por el gobierno de El Salvador en la OEA sobre el tema de Venezuela es un completo y soberano CRASO ERROR de política internacional. Pare de contar.




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