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La semana pasada José Adonay Romero, de dos años de edad y Jeremy Dustin Andrade, de seis, fueron asesinados cobardemente por pandilleros. El primero murió acribillado de seis balazos en la comunidad Italia de Ilopango; mientras que Jeremy murió en el hospital, luego de ser tiroteado junto a su padre en el cantón Las Delicias de Santa Cruz Michapa.

Ese jueves Adonay y Jeremy fueron parte de los 23 homicidios diarios que ocurren en el país en lo que va del año. Hasta ahora ninguna organización, ningún partido político, absolutamente nadie ha condenado los hechos, mucho menos ha habido peticiones para que la Asamblea Legislativa realice reformas al Código Penal para endurecer los castigos cuando las víctimas mortales sean niños y niñas.

En el país, bajo la teoría del género, se piden fuertes castigos para homicidas de personas que pertenecen a la diversidad sexual, pero se ignora pedir endurecimiento de leyes contra quienes le quitan la vida a infantes.

Es muy probable que a la vuelta de un par de meses nadie, excepto sus familiares, se recuerde de Adonay y Jeremy. Al final del año pasarán a ser una fría cifra que servirá para los informes de diferentes organismos que buscarán algún provecho o alguna notoriedad circunstancial.

Si tomamos en cuenta que técnicamente se considera que la niñez es hasta antes de los 18 años, podemos afirmar que casi un 40 % de las víctimas mortales en el país, producto de la violencia pandilleril, son niños y niñas.

Los diputados, sin importar el partido al que pertenezcan, deben aunar esfuerzos para plantear reformas que endurezcan la penalidad por matar a menores, especialmente si éstos tienen menos de 12 años y mueren agredidos cobardemente por los grupos de pandilleros terroristas.

Por supuesto no basta con endurecer las leyes sancionatorias si no hay efectividad en las investigaciones y operatividad policial que permita el arresto de los homicidas. A los criminales hay que capturarlos, aportar las pruebas suficientes y presentarlos ante la justicia, para que sean condenados con dureza. Ello implica, desde luego, ser eficientes con las investigaciones y no dar tregua a la persecución del delincuente.

El porcentaje de homicidios en los que hay arrestos de sospechosos es muy bajo, no alcanza ni el 10 por ciento. Fiscalía, Policía y el Sistema Judicial en  general deben crear mecanismos de coordinación más efectivos para golpear la criminalidad. En el país no debería existir la impunidad en los casos de homicidios y otros delitos graves como los secuestros, las violaciones y las extorsiones.

Esa coordinación que se requiere pasa para tener estricto y exclusivo control sobre el quehacer dentro de los centros penales para impedir que desde ahí se planifiquen delitos. Ya no es posible que los reos tengan acceso a redes sociales, a teléfonos celulares y a privilegios impropios de un reo.

Asimismo, hay que recuperar territorios controlados por las pandillas y no permitirles que éstos se afinquen en otras áreas.  La prevención es necesaria y urgente, pero antes se requiere cortar de tajo el mal, cuando éste ha hecho metástasis en el tejido social salvadoreños. Hay que prevenir en las escuelas, en las comunidades y en los grupos familiares, pero si el problema ya está enraizado, hay que arrancarlo desde las bases.

A veces pienso que en el país nos regimos bajo leyes hechas para sociedades de avanzada y solemos ser más garantistas que el mismo Vaticano. Leyes hechas para suizos, diría alguien. La delincuencia en el país es asfixiante, no hay día sin homicidios, sin extorsiones, sin que reine la intranquilidad y la indignación por muertes de niños como Jeremy y Adonay.

La muerte de Adonay y Jeremy indigna demasiado. Pero más indigna el silencio de quienes tienen el privilegio de hacerse escuchar y prefieren seguir de paso. Callados sin dar un grito por la niñez. Hasta ahora nadie ha dicho nada y pareciera que nos hemos acostumbrado a indignarnos con mucha morbosidad. 60 años de cárcel para todo homicida de niño menor de 12 años no estaría nada mal. Hasta demasiado benevolente sería. ¿No creen señores diputados?

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