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Editorial & Opinion

Un receso calculado

miércoles 16, marzo 2016 - 12:00 am

Los empleados públicos salen a vacaciones el viernes próximo, las oficinas del gobierno estarán cerradas y en términos generales la actividad laboral y educativa  del país disminuirá. Los dirigentes partidarios ante el receso de Semana Santa seguramente se sentirán aliviados, pues en El Salvador todo comenzará a ser playa y los ciudadanos olvidarán por un momento la impresión desagradable causada por la repugnante discusión en torno a las acusaciones y contracusaciones por la tregua y los diálogos de ARENA con los pandilleros.

En un clima político enrarecido, las vacaciones deberían ser un receso calculado que permita a los partidos políticos tomar medidas para salir de la confrontación estéril en que se encuentran enredados, pues nadie gana con la polarización y El Salvador no sale adelante.

Mientras todo se prepara para la temporada de vacaciones, el gobierno, acicateado por la necesidad de reaccionar ante la brutalidad de la delincuencia, finalmente hizo el anuncio de las primeras medidas que tomará para enfrentar la emergencia: Nada nuevo, ni excepcional, aumentar la cantidad de miembros de la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública, llamando a los reservistas y descongestionar los penales, más una confusa declaración acerca de un posible Estado de Emergencia.

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Están escritas en la Constitución de la República las medidas de emergencia que anunció el presidente el lunes recién pasado: “Excepcionalmente si se han agotado los medios ordinarios para el mantenimiento de la paz interna, la tranquilidad y la seguridad pública, el presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada para ese fin”.

Se ha dicho muchas veces pero no está demás repetirlo: Por la formación y la naturaleza de la institución militar, los soldados no tienen las competencias apropiadas para ejercer la función policial. El entrenamiento militar hace hincapié en el uso de las armas, temas de logística, movilización y transporte de tropas, así como estrategias y tácticas diseñadas para aniquilar al enemigo. La instrucción de los soldados no los capacita en los protocolos para prevenir y controlar la delincuencia dentro del marco legal, para solucionar problemas y preservar el orden público.


La respuesta militar para enfrentar la inseguridad es limitada, además de temporal y lo que necesita El Salvador son medidas de política pública de carácter integral y permanente: Poner a patrullar militares en determinados territorios es bueno mientras dura la presencia de la Fuerza Armada en el lugar pero cuando la policía y el ejército levantan los operativos los pandilleros vuelven a tomar control territorial. Solo la implementación correcta de la Policía Comunitaria permitirá que la ley y el orden se mantengan en los barrios y colonias.

Es cierto, la sobrepoblación es uno de los principales problemas que existen en los centros penales, en febrero de 2015 se presentó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa una propuesta de decreto transitorio que no prosperó. La propuesta contemplaba que reos con enfermedades y perfil “no peligroso” pudieran salir de la cárcel para descongestionar los centros penales. Entre los requisitos que deberían cumplir los reos para poder salir se encuentran: haber cumplido media pena o un tercio de ella, poseer alguna enfermedad terminal o tener más de 65 años.

Descongestionar las cárceles no es malo, a lo mejor podrían salir unos 2,000 internos, pero no hay que olvidar que la sobrepoblación en los centros penitenciarios es de 327 %. Lo fundamental es que el Estado recupere el control de las cárceles, ya que desde allí es que se dan las órdenes para cometer muchos de los homicidios. Como mínimo para empezar se debería hacer lo que está escrito en el Plan El Salvador Seguro: “Instalar en todos los centros penales y centros de inserción social bloqueadores de la señal de teléfonos celulares. Reducir la intensidad de la señal de telefonía celular en los Centros Penales.

Los salvadoreños debemos preguntarnos ¿Cómo es posible que si se reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado no aparezcan anunciadas medidas de atención y protección a las víctimas?

En un país con una tasa de homicidios de 115 por cada 100,000 habitantes es evidente que muchos ciudadanos son víctimas de la delincuencia y tienen daños psíquicos, físicos, materiales de manera directa y también sus familiares. Hay que volver a decirlo fuerte y claro: las víctimas de la delincuencia no reciben una adecuada y suficiente atención y protección del Estado. Las víctimas, las personas, no son tomadas en cuenta por el gobierno en sus medidas de emergencia.




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