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Editorial & Opinion

Una elección para la justicia constitucional

Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional / Autor: Mario Solano

viernes 15, junio 2018 - 12:00 am

  1. En los próximos días y antes del 15 de julio de 2018, la Asamblea Legislativa debe elegir cinco magistrados propietarios y cinco suplentes para la Corte Suprema de Justicia, de una lista de 30 candidatos enviada por el Consejo Nacional de  la Judicatura, después de cumplirse con los procesos establecidos en la Constitución. El tema de máximo interés para el Estado, ha generado distintas opiniones sobre diversos aspectos del proceso.
  2. En la presente elección hay una nota especial, cuatro de los magistrados propietarios y sus respectivos suplentes, conformarán la Sala de lo Constitucional. El actual magistrado presidente de la misma, puede ser reelegido o no en dicho cargo; si ocurriere esto último, el nuevo presidente tendría que ser elegido entre los cuatro magistrados propietarios que recién ingresen. Cabe aclarar que, si ese fuere el caso, el presidente saliente debe continuar en la misma Sala, es decir, que no puede ser asignado a una sala diferente a la de lo Constitucional. En beneficio de la continuidad administrativa y jurisdiccional, de la estabilidad en el órgano judicial, me parece que la reelección del  magistrado presidente, sería una opción válida.

III. En mi opinión, los magistrados de la Sala de lo Constitucional, y desarrollando los requisitos expresamente determinados por la Constitución, deben poseer los siguientes: a) conocimiento demostrable de derecho constitucional, derecho internacional, filosofía del derecho, amplia cultura general, y teoría y práctica de valores; b) compromiso con la supremacía de nuestra Constitución, ateniéndose a su texto considerando el contexto (arts. 246  y 235 Cn); c) actuar con independencia, es decir, sometidos a la Ley Suprema y a las leyes (art. 172 ord. 3°, Cn); d) actuar libre e imparcialmente y sin influencias, (art. 186 ord. 4° Cn); e) compromiso con la verdad y la probidad (art. 240 Cn); y f) cuando adviertan la necesidad de reforma constitucional, sugerir y exhortar a la Asamblea  Legislativa que la considere conforme a sus atribuciones.

  1. Los anteriores parámetros son exigibles por su carácter normativo, aunque difícilmente evaluables cuantitativamente, en una sola entrevista, por lo que es recomendable aplicar el método intuitivo (relación entre credibilidad – verdad). En una personal consideración, y por el conocimiento que tengo de los candidatos me parece que, algunos de ellos, cumplirían con los parámetros anteriormente expuestos.
  2. De la lista enviada por la Fedaes destaco los candidatos que propuso el Centro de Estudios Jurídicos, dentro de éstos aparecen: una doctora en derecho constitucional de la Universidad de Salamanca (España), con una tesis de avanzada en el proceso de amparo y amplia experiencia como excolaboradora en la referida Sala; un doctor en derecho de la Universidad de El Salvador, investigador de derecho constitucional e internacional, especialista en derecho del mar, problemas territoriales y tratados internacionales; un licenciado en derecho, excolaborador de la mencionada Sala, abogado constitucionalista y docente universitario en esta importante rama del derecho; y la abogada que obtuvo la mayor votación en la planilla de Fedaes, quien cuenta en su hoja de vida con una amplia trayectoria y experiencia judicial.

De las otras gremiales, se tiene abogados en el ejercicio profesional y la docencia, funcionarios administrativos y judiciales; se encuentra una exmagistrada de la CSJ, actualmente magistrada de Cámara.

  1. De la lista del CNJ, destacan dos magistrados de Cámara y un exprocurador de derechos humanos.

Lo anteriormente expuesto es una contribución personal para la Asamblea Legislativa, en la difícil tarea de elegir a los futuros Magistrados.

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Hago un atento llamado a los señores diputados y los exhorto a que elijan a los mejores candidatos, basándose principalmente en sus méritos profesionales y prestigio personal. Los parámetros constitucionales mencionados, la calidad académica y la trayectoria jurídica, son esenciales para que la decisión final sea lo más acertada posible y especialmente evitar las designaciones por influencias o arreglos partidarios.

Hago respetuosa petición a los legisladores, en el sentido que la elección se verifique oportunamente, respetando los tiempos ya establecidos, o sea, antes del 15 de julio.


Como dijo Ángel Osorio: “hacer justicia o pedirla -cuando se procede de buena fe, es lo mismo- constituye la obra más íntima, más espiritual, más inefable del hombre”.




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