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Editorial & Opinion

Una política de estado para nuestros migrantes

Eugenio Chicas / Secretario de Comunicaciones de la Presidencia

martes 1, agosto 2017 - 12:00 am

La migración es un fenómeno social multicausal desde tiempos inmemoriales: búsqueda de refugio ante adversidades climáticas, fenómenos naturales, conflictos bélicos; expansión ante la conquista de nuevos territorios, o sencillamente por la demanda de mejor caza, pesca, tierras de pasto y siembra, bajo el anhelo de la riqueza necesaria para un mejor vivir. Así nuestros antepasados atravesaron el estrecho de Bering bajo condiciones inhóspitas, desde naciones europeas cruzaron oscuras tormentas y propósitos para llegar a nuestra América y los Mayas abandonaron sus hermosas ciudades por pestes desconocidas o fenómenos celestes.

Ante una representación de nuestra diáspora, este fin de semana se presentó la política migratoria por autoridades de gobierno. El documento recoge una reseña de al menos cuatro etapas del desarrollo de los flujos migratorios del país: la primera de 1920 a 1969, principalmente de personas del área rural por la falta de acceso a la tierra y oportunidades de empleo que se dirigieron hacia las plantaciones bananeras en la costa norte de Honduras; en la segunda, entre 1970 y 1979, incrementó la migración hacia Estados Unidos, siempre motivada por la carencia de tierras y empleo y agregando como factor el creciente conflicto social y político que ya decantaba en violencia.

Según el análisis, la tercera etapa abarca de 1980 hasta 1991, y describe cómo aumentó el flujo migratorio por los cambios producidos en las leyes de Estados Unidos, como la reforma a la ley para el control de la inmigración en 1986 que admitió migrantes en situación irregular, legalizando su situación y la de sus familias; y por supuesto, la agudización en ese periodo de la guerra civil que facilitó la apertura de algunos países para recibir perseguidos políticos y familias afectadas por aquel conflicto, creándose programas en Canadá, Australia, Suecia, entre otros. La cuarta etapa coincide con el año de la firma de los acuerdos de paz en 1991 y registra el periodo de desaceleración económica sufrido en 1996, el colapso de la agricultura, los efectos del huracán Mitch en 1998 y los graves estragos de los terremotos en el año 2001.

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Las migraciones han sido a lo largo del tiempo un componente intrínseco de la naturaleza humana, para El Salvador tiene la particularidad de afectar a un tercio de la población, esto hace complejo el tratamiento multicausal de fenómenos de crisis socio económica que subyace en los efectos de un modelo de desarrollo injusto y excluyente que expulsó grandes contingentes humanos.

Para el 2015 ya se estimaba que habían 3,100,500 compatriotas residentes en el exterior y el 49 % son mujeres. Del total, más de un 93.5 % vive en Estados Unidos; 2.7% en Canada y 3.8 % en diferentes países alrededor del mundo, principalmente en Australia, España, Italia, México, Guatemala, Costa Rica, Belice y Honduras. Nuestros compatriotas se ubican en unos 70 países en el mundo.


Los efectos migratorios son multifacéticos, desde la afectación del núcleo familiar hasta la economía y la cultura. De acuerdo a diversos estudios la edad promedio está entre los 18 y 64 años, su ubicación laboral es en servicios de alimentos, recreación, hospedaje, industria de la construcción, manufacturas, servicios de mantenimiento, ventas, oficinas y un 2 % son propietarios de negocios. Datos del BCR del 2015 reflejan ingresos por remesas de $4,279 millones, representando el 16% del PIB y un 21 % de hogares salvadoreños reciben remesa con lo que cubren o complementan necesidades básicas.

La definición de una política de estado a favor de nuestros migrantes y sus familias es una extraordinaria noticia, sobre todo por la protección y defensa de sus derechos en cada etapa del proceso migratorio, promoviendo el desarrollo y despliegue de sus capacidades con una adecuada coordinación interinstitucional por nuestro Estado, esto es inédito.

Un reto importante es fortalecer las relaciones internacionales por la gestión diplomática y consular; consolidar la relación con todas las organizaciones civiles que en cada país trabajan también a favor de la defensa esos derechos. En los países de destino nos corresponde como Estado promover la integración social, económica, política y cultural, independientemente de su estatus migratorio;alcanzar buenos niveles de arraigo nacional dependerá del éxito de promover su participación en los procesos de desarrollo nacional y territorial.

El retorno también es parte del ciclo migratorio, por lo que es muy importante un modelo integral de atención y promoción de oportunidades para los retornados. En definitiva, caminar por el mundo se ha convertido en una vocación ancestral de la que con seguridad nuestra nacionalidad compite por las preseas, por lo que debemos consolidar esta política nacional para la protección de la persona migrante, tanto fuera del territorio nacional como para asegurar su eventual reingreso. Esta es una obligación que por décadas no fue cumplida, pero que este gobierno impulsa para garantizar a nuestros connacionales las mayores y mejores condiciones en sus entornos.




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